1) No la dejaron arrancar
Desde que la Fiscalía comenzó con el nuevo sistema (2005), el Congreso decidió ponerle nuevas cargas. Una enorme, de la cual nunca se calculó su impacto, fue la de la Ley de Infancia y Adolescencia (2006) que le puso penas a los delitos cometidos por los adolescentes de 14 a 18 años. Eso se tradujo, en la práctica, en una catarata de nuevos casos por investigar: en 2011 entraron 45.000 a la Fiscalía solo por esa ley. Esa decisión iba en contravía de una Fiscalía que por su nuevo diseño estaba reduciendo el número de fiscales. Hay regiones del país donde solo hay un fiscal para investigar cientos de procesos, lo que ha hecho que se acumulen hasta 34.000 casos por año.
También se aprobó la Ley de Justicia y Paz (2005) en la que si bien se tienen que investigar menos personas, 4.500, el universo se hace infinito con las decenas de miles de delitos que cometieron y que la Corte Suprema obliga a la Fiscalía a investigarlo antes de dar su veredicto. Por esa razón, hoy, ocho años después, solo hay 14 condenados. ¡14 de 4.500!
2) El fatídico examen
En 2010, vino otra tormenta. La Corte Suprema ordenó cambiar a la mitad de los fiscales de todo el país. En teoría, parecía un fallo razonable: lo que pedía la Corte era incorporar a la Fiscalía a 6.227 personas nuevas (entre ellas 2.000 fiscales) que habían ganado un concurso de méritos en 2007. Pero había dos problemas: el primero, que como no había vacantes para todos, tocaba sacar a fiscales que habían recibido un entrenamiento especial del gobierno de Estados Unidos para el nuevo sistema oral. Y el segundo, que el examen que se les había aplicado a los fiscales en 2007 estaba diseñado más para profesores de derecho que para medir si el fiscal era un hábil investigador y si tenía la sangre fría que se necesita para enfrentar a peligrosos criminales.
3) La interinidad crónica
En el momento en que la Fiscalía necesitaba ajustar clavijas para que no se desbaratara la estructura le cayó otro lío: una larga interinidad. A Guillermo Mendoza, que era el vicefiscal, le tocó asumir el mando del búnker como fiscal general encargado durante casi dos años. Mendoza mantuvo el barco a flote y tomó decisiones valientes, como la de meterle el diente a la papa caliente de las chuzadas del DAS, pero la urgente tarea de hacer un diseño estratégico de la Fiscalía se le escapaba de sus manos pues nunca tuvo la certeza de si su encargo iba a durar una semana o un año. Y para rematar, luego llegó Viviane Morales que sí le metió la mano a mejorar la estructura, pero no la dejaron durar ni un año al mando. A propósito ¿Qué dirá el Consejo de Estado, que se tiene que pronunciar en los próximos meses, sobre el periodo del fiscal Eduardo Montealegre? ¿Dirá que va hasta julio y otra vez habrá un fiscal general de un año, o lo dejará los cuatro años?
4) Se estropea una gran idea
En medio de esas decisiones del Congreso y de los fallos adversos de las cortes que no dejaban levantar cabeza a la Fiscalía, en 2007 se aprobó una ley que sí servía para aliviar cargas en el búnker: la Ley de Pequeñas Causas. El Congreso decidió que delitos menores no iban a ser más competencia de la Fiscalía. Por ejemplo, la víctima de lesiones personales que le dieran incapacidad de menos de 30 días ya no tendría que denunciar a la Fiscalía, sino que iría directo al juez a acusar a su agresor. Pero la dicha no duró mucho. A los ocho meses la Corte Constitucional tumbó la ley porque iba en contra de la Carta Política que puso en manos de la Fiscalía todo el manejo de los casos penales. Eso significó que 160.913 procesos que ya estaban en manos de los jueces se los entregaron a la Fiscalía. Ahora, entonces, el Congreso decidió hacer las cosas al derecho, aprobó en noviembre de 2011 una reforma constitucional que autoriza a que la acción penal sea ejercida por las víctimas sin que tenga que intervenir la Fiscalía. Todavía, sin embargo, no se ha aprobado de nuevo la ley para reglamentar esas pequeñas causas o lo que se conoce como la figura del “acusador privado” que podría descongestionar hasta en un 25 por ciento a la Fiscalía.
5) Mercado de testigos
Con todo lo dicho no es raro entonces que se haya abonado el terreno para un fenómeno perverso como es el cartel de testigos falsos. Hay que aclarar que, contrario a lo que se ha dicho, los testigos mentirosos no son producto del nuevo sistema oral: la historia de Colombia está plagada de montajes de testigos falsos. Lo grave ahora es que no son casos esporádicos sino casi una epidemia. Entre otras cosas porque entre 32.000 paramilitares desmovilizados hay varios (por no decir muchos) que se inventan lo que sea para salvar el pellejo o para ganarse unos millones de pesos pagados por abogados o fiscales inescrupulosos. Para la Fiscalía se convierte en un complejo desafío –¡una carga más!– tapar los goles que los exparas les tratan de meter todos los días.
6) Feria de regalos
El más reciente capítulo de la catástrofe tiene que ver con la manera equivocada como se venían aplicando los beneficios (rebaja de penas o casa por cárcel) a los delincuentes que colaboran con la Justicia.
El caso de los extraditados colombianos a Estados Unidos es una muestra de cómo debe funcionar la estrategia: un extraditado que dé información jugosa y la pueda probar para judicializar a otros capos es premiado. Pocas veces basta con su solo testimonio. Mientras que otros, así cuenten muchas cosas, si no aportan nada que sirva para dar un golpe certero, o si otro ya se les adelantó con sus revelaciones, se quedan con su condena. Pero en Colombia ocurre lo contrario. En el caso de los Nule, por ejemplo, un fiscal decidió pedir rebaja de pena para los cuatro (los tres primos Nule más el socio de ellos) cuando solo uno la merecía: el que primero había revelado las pruebas. O el caso del contratista Julio Gómez, también del escándalo de Bogotá, a quien por reconocer su culpa en un delito (que ya la Fiscalía había probado) le aplicaron una pena mínima sin tener que aportar nada nuevo a la Justicia. Como le dijo un fiscal de Estados Unidos a esta revista hace unos meses: “Aquí en Colombia las cosas son como al revés. Al delincuente le descuentan 50 por ciento de la pena solo por aceptar los cargos y una sexta parte por colaborar con la Justicia. Y en Estados Unidos es todo lo contrario”. Cabe anotar que la Fiscalía de Eduardo Montealegre ya corrigió esos dos errores.
En síntesis, una herramienta que ha demostrado ser eficaz para combatir el crimen fue mal aplicada y termina desfigurada. ¿Efecto de que el búnker perdió a los fiscales entrenados para el sistema oral? o ¿Por la falta de tener una cabeza en propiedad durante varios años?
Epílogo
En medio de este caos también hay dos buenas noticias. La primera es que, según un estudio de la Corporación Excelencia de la Justicia, el sistema penal acusatorio estrenado en 2005 sí ha servido para descongestionar despachos judiciales, para reducir significativamente el tiempo de respuesta de la Justicia a los ciudadanos y para bajar la impunidad. Y la segunda buena noticia es que el fiscal Montealegre ya tiene claro en dónde están las grietas del búnker y ha diseñado una estrategia para hacer un cambio estructural en la Fiscalía. ¿Podrá lograrlo? ¿Le alcanzará el tiempo?…
2013: el año del cambio extremo
El fiscal general Eduardo Montealegre comenzará este año a poner en práctica lo que él llama “un gran rediseño de la Fiscalía para resolver el caos en que se encuentra”. Incluye entre otras: 1) Que el presidente Santos pida a más tardar en junio facultades extraordinarias para hacer las reformas administrativas que se necesitan. 2) El diseño de un modelo gerencial, tal vez la necesidad más sentida desde su creación, para administrar del sistema acusatorio. 3) La presentación, en marzo, de dos proyectos al Congreso: uno de reforma al sistema penal acusatorio y otro con el nuevo código de extinción de dominio.
