El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, estaba de pie, leyendo un discurso ante la sala plena y de repente se desplomó. Eran apenas las 11 de la mañana del jueves. De inmediato otro magistrado lo auxilió y lo llevaron a la clínica. Su estado de salud aún es delicado.
Este lamentable episodio personal parece ser una metáfora de la situación en la que se encuentra la justicia. No es una exageración decir que nunca antes en Colombia el aparato judicial ha tenido un momento tan crítico como el que está viviendo ahora. Pero el país no parece haberse dado por enterado por cuenta de la reelección y la emergencia social.
Lo que la gente capta, a primera vista, es que la justicia ha sido protagonista de casos que tocan las fibras más íntimas del Estado de Derecho: como el escándalo de la para-política, la ley de Justicia y Paz y el choque sin antecedentes entre la Corte Suprema y el Presidente. Pero la realidad es más compleja. Detrás de bambalinas de estos casos taquilleros que se roban la atención de los medios, se pueden ver preocupantes grietas en el aparato judicial.
Los problemas son muy graves. Empezando por la Fiscalía. No hay Fiscal General en propiedad desde hace siete meses. El encargado, Guillermo Mendoza Diago, lo advirtió desde el mismo día que recibió las llaves del búnker: “Cuando hay provisionalidad las instituciones se debilitan”. Y añadió: “Es mucha carga para tan poca autoridad”. Una cosa es apagar los incendios de todos los días, que es lo que Mendoza Diago ha venido haciendo en su calidad de encargado, y otra muy distinta es lo que puede hacer un fiscal nombrado en propiedad, que tiene la certeza de que cuenta con cuatro años para poner a funcionar la política criminal que necesita el país.
Como si esto fuera poco, la semana pasada se conoció otra noticia que puede hacer volar en pedazos la, por estos días, frágil estructura de la Fiscalía. La Corte Suprema le dio un ultimátum al fiscal Mendoza Diago para que, en dos meses, retire a 2.100 fiscales que no pasaron un examen hace dos años y los reemplace por quienes sí lo aprobaron. Eso es un revolcón que puede tener un impacto aún no calculado. Son cerca de la mitad de los fiscales los que tienen que salir. Es decir, que la mitad de las investigaciones que se siguen hoy en el país pasarán a otras manos.
El ultimátum ya se está aplicando. En los últimos días dejaron sus puestos más de la mitad de los 290 fiscales especializados, es decir, los que están al frente de los casos criminales más complicados. Y en lavado de activos, una de las unidades claves contra el narcotráfico, de 41 fiscales sólo quedaron 15.
La Corte, sin duda, se propone que estén los mejores en los cargos. Pero, más allá de la polémica que ha provocado, de lo que no cabe duda es que la Fiscalía funcionará en operación tortuga, por física falta de personal, en los próximos meses. ¿A cuántos procesos judiciales se les vencerán los términos antes de que los nuevos funcionarios se posesionen y se empapen de los voluminosos expedientes?
Pero el epicentro de la crisis no está sólo en el búnker de la Fiscalía. Ha sacudido también el Palacio de Justicia, donde se alojan las cuatro altas cortes.
En el Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido tratado como la oveja negra de la familia, la tensión entre sus miembros llegó a tal extremo que la semana pasada se utilizó una frase de grueso calibre -‘golpe de Estado’- para explicar la salida de la presidenta de la Corporación. Y también en los últimos días quedó en evidencia que uno de los cargos estratégicos de la justicia, el de gerente de la rama, lleva siete meses vacante al parecer por intereses de algunos magistrados.
El supuesto ‘golpe de Estado’ tiene tanto de ancho como de largo. La magistrada María Mercedes López se vio obligada a dejar el cargo de presidenta, tras una votación de sus compañeros en sala plena. Sin duda no deja de ser curioso que decidan cambiar las reglas de juego casi el mismo día en que se firmaba un convenio por 62 millones de dólares para la justicia. Hay quienes pueden pensar que el presidente de la Judicatura tiene incidencia en la contratación de estos recursos y por ende se volvía un cargo apetecido en este momento. Sin embargo, un magistrado consultado por SEMANA, explicó: “Cualquier duda se cae de su peso. No elegimos a ningún magistrado polémico, sino a Francisco Escobar, ex presidente de la Corte Suprema”.
El otro lío del Consejo de la Judicatura es que no ha nombrado al gerente de la rama. Puede que no haga tanta bulla como la elección de Fiscal pero maneja una buena tajada burocrática: cerca de 30 magistrados regionales con sueldos de 14 millones de pesos, y es el encargado de ejecutar los 8 billones de pesos de presupuesto de la rama judicial.
Lo más insólito es que hace siete meses, como ordena la norma, la sala disciplinaria envió la terna a la sala administrativa del Consejo de la Judicatura para elegir al gerente. Pero hace apenas 10 días, esta última mandó un mensaje de 140 folios para decir que no es viable la terna. Casi kafkiano. “El meollo del problema es que el gerente de la rama solía ser cuota de un magistrado de la Sala Administrativa y ahora en la terna no hay ningún nombre de la cuerda de ese magistrado y por eso está vetada”, contó otro miembro de la Judicatura.
A los problemas de la Fiscalía y de la Judicatura se suman los de las otras cortes. En el Consejo de Estado, el trancón de expedientes en la comisión tercera es de tal magnitud que cualquier caso que llega allí cae en una especie de hoyo negro y sólo se sabe de él 10 años después. Por esa razón se aprobó el aumento de 27 a 31 magistrados, sin embargo, hoy hay seis vacantes y serán ocho próximamente.
En la Corte Suprema las cosas no están mejores. La puja de poder interna es tan grande que en siete meses no han podido elegir al reemplazo de una de los 23 magistrados. Esta división es una de las razones para que no hayan podido elegir al nuevo Fiscal y al nuevo presidente de la propia Corte. Y como toda regla tiene su excepción, hay que decir que la Corte Constitucional, que está en acuartelamiento de primer grado por el referendo, es la única de los cinco pilares de la justicia que se salva, por ahora, de la crisis.
¿Qué está pasando? ¿Cuál es la explicación de toda esta crisis?
En primer lugar, hay un grave problema de liderazgo. ¿Quién es el cerebro que está pensando hacia dónde debe ir la política criminal y de justicia en este país? ¿Es el Fiscal? Tal vez. Pero no hay Fiscal en propiedad. ¿Es el Comité Interinstitucional de Justicia en donde tienen asiento los presidentes de las cortes, el Fiscal General y el gerente de la rama? Tal vez. Pero este comité es liderado por el presidente del Consejo de la Judicatura, y como se ha dicho, es una de las piezas más frágiles del sistema. Ese comité hasta ahora no ha propuesto ninguna reforma de fondo. ¿O el responsable será el Ministro de Justicia? Tal vez. Pero a Fabio Valencia Cossio se le ha visto más interesado en mirar con lupa la mecánica política en tiempos de reelección que en pensar soluciones de Estado para la justicia.
De ahí surge la segunda razón de la crisis. El divorcio que se ha dado entre la Casa de Nariño y las Cortes durante los ocho años del gobierno del presidente Álvaro Uribe ha tenido visos de hecatombe. En Uribe I, la pelea fue con la Corte Constitucional, y los primeros intentos de reforma a la justicia tenían que ver con recortar la tutela. Y en Uribe II la pelea fue con la Corte Suprema por el proceso de la para-política, que llevó a más de 40 congresistas uribistas a la cárcel.
El ministro Valencia Cossio, según las quejas de los magistrados, les ha dado un tratamiento de segunda. Los temas de Estado de la justicia los deja en manos de un viceministro muy bien intencionado pero que no es considerado como interlocutor por los magistrados. El gobierno ha presentado en siete años por lo menos seis reformas a la justicia pero ninguna ha prosperado. Hace un mes nombraron una nueva comisión de reforma que prácticamente nació muerta.
¿A quién le conviene una justicia débil? ¿Acaso el fundamento de la seguridad democrática no es la justicia? Tal vez no se han dado cuenta de que si el pedestal de la justicia tiene grietas, el que se derrumba es el Estado.
