“La reunión fue amplia, directa y en ella se tocaron sobre todo los temas de seguridad de los magistrados, seguridad física y la seguridad jurídica”, aseguró Hernando Torres, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura.
“Cuando hablamos de la seguridad de los magistrados y de la seguridad personal e institucional, fue justamente para que esos eventos no se vuelvan a repetir, y el Gobierno no solamente nos aseguró que así iba a ser, sino que se mostró preocupado por estas situaciones consideradas como graves”, agregó Torres.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez, dijo que “se convino que las conversaciones sostenidas en la reunión sean conocidas por las salas plenas de las diferentes corporaciones, y seguimos en el estudio y en el análisis de cada uno de los hechos y una vez allí el Presidente será invitado a hablar a cada una de estas salas”.
Ibañez afirmó que a partir de ahora habrá ‘fluída visita y diálogo’ de Uribe con cada una de las corte. También dejó claro que todos los asistentes al encuentro coincidieron en que el tema de los seguimientos es “muy grave”.
Al encuentro en Palacio asistieron también los presidentes de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, el Consejo de Estado, Rafael Ostau y el fiscal general, Mario Iguarán.
Paralelo al encuentro con los magistrados, también hicieron presencia en Palacio los senadores uribistas de la Comisión I, donde este martes se debatirán, a partir de las diez de la mañana, los seguimientos y las interceptaciones ilegales.
Los legisladores se reunieron con el ministro del Interior, Fabio Valencia, para coordinar el debate que se llevará a cabo en esa célula legislativa.
Entre los congresistas asistentes están Elsa Gladys Cifuentes (Cambio Radical), Armando Bendedetti y Jorge Visbal (‘la U’) y los conservadores Carlina Rodríguez y Hernán Andrade.
Una larga tensión por culpa de los seguimientos
La idea del encuentro entre Uribe y los magistrados es lograr un acercamiento entre los altos tribunales y el presidente Uribe. El martes pasado los presidentes de las cortes firmaron un documento en el cual insistieron en que era necesario un “pronunciamiento directo” sobre los “irrespetos, ataques y vejámenes” contra los juristas.
Por eso, el viernes pasado, Uribe decidió convocar a la reunión, con el propósito buscar el acercamiento entre las partes.
El tema se convirtió en foco de tensión desde mayo de 2008 cuando la Corte Suprema de Justicia denuncio que algunos de sus miembros eran objeto de seguimientos, pero adquirió ribetes de escándalo en febrero de este año, tras las revelaciones hechas en la revista Semana.
La publicación destapó interceptaciones ilegales contra los magistrados de la Rama judicial, miembros de la oposición, líderes políticos y periodistas, orquestados desde la cúpula del DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República.
El martes pasado la Corte Suprema le pidió al presidente Uribe pronunciarse sobre el escándalo y que anunciara qué medidas tomaría para evitar que los hechos se repitieran.
En esa oportunidad señalaron que las actuaciones del DAS responden a “un calculado y aleve ataque a la autonomía e independencia judicial”.
Pero en lugar de apaciguar los ánimos, una escueta declaración hecha por el presidente Uribe la mañana del día siguiente aumentó aún más el inconformismo. Aunque el jefe de Estado dijo que estaba interesado en mantener un diálogo “presencial, sincero, abierto y constructivo”, no mencionó por ningún lado el tema de las interceptaciones ilegales.
Dos semanas atrás el ex ministro Rafael Pardo, quien también habría sido objeto de las ‘chuzadas’, pidió identificar al “Montesinos colombiano”, en alusión a Vladimiro Montesinos, un asesor del ex presidente peruano Alberto Fujimori involucrado en espionaje.
Por lo menos dos ex presidentes de la Corte, los magistrados Yesid Ramírez y César Julio Valencia, y algunos magistrados auxiliares que investigan la parapolítica, entre ellos Iván Velásquez, habrían sido objeto de las ‘chuzadas’.
Al frente del escándalo, que generó la renuncia de los directores de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS, Fernando Tabares y Jorge Lagos, se puso el Fiscal General Mario Iguarán, quien dijo que llamaría a declarar a su despacho a tres ex directores del DAS.
Ex fiscal Arzayuz figura en caso DAS
En el informe que el CTI le rindió al Fiscal sobre la investigación en el DAS, figura uno de sus -hasta hace 4 días- más destacados fiscales: Carlos Alberto Arzayuz Guerrero.
Según el documento, Arzayuz hizo parte del llamado Grupo Especial de Inteligencia G-3 “que seguía a personas u organizaciones con tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de neutralizarlas”.
Además del entonces director del DAS, Jorge Noguera, solo cinco personas sabían de la existencia del G-3: entre ellas José Miguel Narváez, asesor, y Arzayuz, subdirector de Inteligencia del DAS.
“Tenemos que indagarlo”, dijo uno de sus compañeros. Al respecto, Arzayuz dijo que no ha sido notifi- cado de ninguna indagación. Y, además, que si bien el G-3 dependía funcionalmente de él, le reportaba a Noguera: “Si aparecen carpetas firmadas por mí tienen que ver con actividades de verificación a ONG que podían estar infiltradas, pero no a magistrados”.
También dijo que su salida de la Fiscalía no tuvo que ver con el caso: “Tenían que llenar una vacante con los que ganaron el concurso de méritos”. Arzayuz estuvo en el CTI y como delegado ante el Tribunal de Bogotá.
El Tiempo / 12 de mayo de 2009
