Por el contrario los partidos de la coalición uribista le aseguraron a EL NUEVO SIGLO que esa decisión no debe despertar suspicacia alguna, pues la terna designada por la Corte Suprema de Justicia para Procurador todavía no se ha elegido, y el tiempo que se ha tomado el Ejecutivo para estudiar qué nombres van a conformar esta terna y las dos para magistrados constitucionalistas ha estado dentro del tiempo establecido, antes que se termine el año legislativo.
Para la oposición, genera sospecha que los nombres que el presidente Uribe debe postular para la elección del próximo procurador general de la nación, cambien tan repentinamente, pues primero estaba el constitucionalista Rodrigo Escobar Gil como el más fuerte aspirante y ahora está la magistrada de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas Hernández quien antes no aparecía.
“Estos nombres, son un desafío directo contra la Corte Suprema de Justicia quien todavía no ha escogido esta terna, esto es una puja de poderes por quién postula un nombre de mas fuerza”, aseguraron fuentes al interior del Congreso.
Para algunos analistas políticos, el rumor de la inclusión en la terna para procurador de la magistrada Clara Inés Vargas, es para respetar la ley de cuotas, la cual establece que los nombres elegibles para cargos públicos debe incluir por lo menos a una mujer. De esta manera Uribe estaría evitando un problema similar al que ocurrió con la terna propuesta por él para Defensor del Pueblo de donde salió reelecto Vólmar Pérez y quien fue provisionalmente suspendido de su cargo por el Consejo de Estado porque en la lista de candidatos no se incluyó el nombre de una mujer.
Listos
El 30 de septiembre de este año el Consejo de Estado eligió como candidato para la terna de procurador general de la nación a Alejandro Ordóñez quien había quedado con la segunda votación más alta después del ex congresista Darío Martínez. Éste último había renunciado a su postulación por aparentes problemas personales.
Ordóñez es doctor en derecho y ciencias políticas, con especialización en derecho administrativo, ambos títulos de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga.
A finales de la década de los ochenta empezó su carrera como conjuez, magistrado y presidente de Tribunal. En el año 2001 se convirtió en presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia desde inicios del mes de septiembre ha votado infructuosamente para decidir cuál va ser el nombre definitivo que integrará la terna para procurador. Sin embargo, en casi todas las rondas, ha sido el ex comisionado de paz del gobierno Pastrana, Camilo Gómez, el que ha tenido las mayorías de los votos.
El Nuevo Siglo / 18 de noviembre de 2008
