Pero este no es el único debate que deberá afrontar la renovada Corporación, a la que muchos califican como una corte claramente conservadora, si se compara con las dos generaciones anteriores, que han sido calificadas de liberales.
En la agenda también están el seguimiento a las órdenes impartidas por el Alto Tribunal desde finales del año pasado y cuyos ecos han tocado directamente el erario: protección integral a los desplazados, ampliación del POS, así como el espinoso tema de la adopción de parejas homosexuales, entre otros casos.
Sobre los dos primeros aspectos pareciera que la Corte quisiera blindarse ante posibles ‘reversazos’. De eso dan cuenta los rumores que corren por los pasillos de la Corte desde la primera semana de abril, cuando de manera sorpresiva fueron nombradas dos comisiones que serán, de ahora en adelante, las encargadas de velar por el cumplimiento de dichos temas, en los cuales, según el magistrado Nilson Pinilla, presidente de la Corte, se han presentado inconvenientes con las instituciones responsables.
Lo cierto en este caso es que en ninguna de las dos salas fueron tenidos en cuenta los juristas Jorge Pretelt Chaljud y María Victoria Calle, propuestos por el presidente Uribe, quienes se integran al Alto Tribunal en la semana de pascua.
Para Alejandra Barrios Cabrera, miembro de la Misión de Observación Electoral -MOE-, organización que acompañó la elección de los seis nuevos integrantes de la Corte es claro que la preocupación no radica en los nombres de estos seis juristas, sino en la manera cómo se escogieron los candidatos del Presidente de la República.
“En las ternas presentadas por las cortes se ve un equilibrio y una buena intención en la línea ideológica”, dice Barrios al referirse a los ternados por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. “No obstante -afirma- vimos con preocupación las ternas elaboradas por el Presidente de la República, porque claramente se repitió el esquema de candidatos de relleno. Este caso es un ejemplo lamentable de cara al ejercicio que debe hacer el Primer Mandatario en la elección de magistrados”.
Para Barrios, es claro que en la elección de estos candidatos se presentaron acuerdos entre bancadas partidistas, y no una decisión del propio presidente Uribe. “Estamos ante una Corte Constitucional más conservadora y me preocupa que sea menos garantista”, consideró Barrios, quien a pesar de todo prefirió dejar pasar el tiempo, antes de emitir un concepto definitivo de los juristas.
En tal sentido manifestó que la mejor manera de conocer las tendencias de los magistrados serán sus sentencias, pues “estamos ante un cuerpo colegiado, en donde las decisiones son adoptadas por una mayoría”.
Este último criterio fue plenamente compartido por Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia y quien, como integrante de Elección Visible, integrada por trece organizaciones civiles, consideró que los magistrados no pueden ser calificados o descalificados sólo por su origen.
Borrero manifiesta que los criterios consignados en las sentencias que salgan del alto tribunal y en particular de los despachos de los nuevos magistrados podrán dar una idea de hacia a dónde va la Corte.
Una opinión similar tiene el ex presidente del Consejo de Estado Amado Gutiérrez, para quien la investidura de magistrado le impone a quien la porta comportamientos que lo desligan de cualquier tipo de influencia partidista o clientelista.
“La investidura de magistrado de cualquier corporación, da carácter”, dijo Gutiérrez, quien de paso dio fe de las calidades de los nuevos titulares de esos cargos. “Conozco a algunos y son personas que han aportado mucho a la academia y a la justicia”, dijo.
Esas son las razones que, según el ex consejero de Estado, deben darles “tranquilidad a los colombianos que ven a la Corte Constitucional como un garante de los derechos fundamentales. Quienes se quejan de la manera como hoy está conformada la Corte Constitucional simplemente son personas para quienes si se hace algo es malo y si no se hace también”.
Un par de casos que podrían desmentir las afirmaciones que se hacen a priori son los de Manuel José Cepeda y Rodrigo Escobar Gil. El primero, nominado por la Presidencia de la República, fue quien abanderó los derechos de los desplazados y la ampliación del POS, decisiones que tanto celo han generado.
El segundo, Escobar Gil, abiertamente conservador, fue quien cerca del fin de su periodo en la Corte, amplió los derechos de las parejas del mismo sexo, “creo que eso dice más que los rumores infundados”, señaló.
Al otro extremo está el constitucionalista Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales -Plural-, quien dice “tener que ubicarse en el lado pesimista”.
Para Novoa, es claro que los recientes cambios en la Corte han afectado la intención que tuvo el constituyente primario en 1991. En tal sentido considera que la prueba de fuego de esta Corporación será la reelección presidencial. En este asunto la nueva Corte deberá decidir si mantiene la jurisprudencia de sus antecesores en materia de reelección, o si cambia lo estipulado hoy, para que la reelección sea una posibilidad por una vez y que ésta debe ir acompañada de una Ley de Garantías, “de la que hoy no se habla, no existe”, señaló Novoa.
El constitucionalista agregó: “No veo a esta nueva Corte comprometida con el derecho constitucional y no por falta de preparación de sus magistrados, contra quienes no tengo nada personal, pero sí por sus orígenes”. Novoa mencionó nombres como el de Mauricio González, a quien calificó como el abogado del Presidente de la República en la Corte, y a Jorge Pretelt, de quien recordó que “es vecino de finca del presidente Uribe, en Montería”. De ambos agregó, “podrían ir a respaldar las políticas del Gobierno en la Corte”.
Una de las preguntas que se hace Novoa está relacionada con la continuidad de las políticas renovadoras de la Corte y la protección de los derechos sociales y económicos. Por ahora este analista se declara a la espera de los fallos que dicten cada uno de los nuevos magistrados para saber si se empieza a dar un “cambio en la jurisprudencia para bien, con fallos modulados o condicionados, o si por el contrario se le da una puñalada a la democracia”.
“La respuesta la darán fallos como el que se dio en el 2000 con el Upac, o los que han declarado el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento y salud”. La tranquilidad en este caso la da el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla, en cuyo criterio, a esa instancia “no llegaron ‘uribistas’ sino juristas”, con lo que, asegura, se garantiza la independencia de ese tribunal.
NUEVOS INTEGRANTES
*Jorge Pretelt nació en Montería hace 47 años y es abogado Rosarista. Tiene postgrados en derecho administrativo y de defensa y seguridad nacional. Ha sido magistrado del Consejo Electoral y conjuez del Consejo de la Judicatura. Pretelt hará parte de la Corte entre 2009 y 2017. Reemplaza al ex magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra (2001-2009).
*María Victoria Calle, antioqueña de 50 años; es egresada de la U. de Medellín. Se especializó en derecho administrativo y laboral en la U. de Salamanca (España). Fue gobernadora encargada de Risaralda en varias oportunidades. Calle hará parte de la Corte Constitucional entre 2009 y 2017. Reemplaza en su cargo a Manuel José Cepeda (2001-2009).
*Luis Ernesto Vargas, abogado nacido en Cajamarca en 1954. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre, especializado en Derecho de Familia. 31 años de experiencia como funcionario judicial y profesor en diferentes facultades por más de 28 años. Vargas Silva hará parte de la Corte entre 2009 y el 2017. Reemplaza a Jaime Córdoba Triviño (2001-2009).
*Jorge Iván Palacio, abogado de la U. Autónoma Latinoamericana de Medellín. Fue vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (1987-1999). Ha estado 26 años vinculado a la Rama Judicial. Ha sido abogado, asesor jurídico y conjuez de la sala laboral de la Corte Suprema. Palacio hará parte de la Corte entre 2009 y el 2017. Reemplaza a Clara Inés Vargas (2001-2009).
*Gabriel Eduardo Mendoza es abogado de la U. del Atlántico. Con más de 26 años al servicio de la Rama Judicial se ha desempeñado como Juez Municipal, magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, magistrado del Consejo de Estado y docente. Mendoza estará en la Corte entre 2009 y 2017. Reemplaza en su cargo a Rodrigo Escobar Gil (2001-2009).
*Juan Carlos Henao, es abogado del Externado y doctor en Derecho de la U. de Panthéon – Assas Paris 2, especialista en Derecho Administrativo de la U. de París 2 y en derecho Público interno francés. Con experiencia como abogado y consultor de entidades del sector público. Henao hará parte de la Corte entre 2009 y 2017. Reemplaza en su cargo a Jaime Araújo (2001-2009).
