Pizarro, junto con el alto comisionado para la Paz de Colombia, Frank Pearl, comenzaron en Madrid una gira que les llevará al Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia), y a Noruega, para explicar la evolución de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y presentar el I Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que se celebrará en mayo en Cartagena de Indias.
En un desayuno informativo con un grupo de periodistas en Madrid, Pizarro adelantó que “a finales de mayo o comienzos de junio vamos a comenzar la reparación de 12.000 víctimas” como una primera etapa de un proceso largo que calculan que incluirá a 200.000 personas.
Se han seleccionado esas 12.000 primeras entre personas que han sufrido diverso tipo de violencia, como “minas antipersonales, niños que entraron en la guerrilla siendo niños y la han dejado niños, mujeres víctimas de delitos sexuales o secuestrados”, detalló.
Es un proceso que entraña gran complejidad desde el momento mismo de definir qué significa la reparación para una víctima y de la imposibilidad de cuantificar “cuánto vale una vida humana, cuánto vale la vida de un hijo para una madre”.
Por ello, el concepto de reparación que se utilizará no es el de un mero cheque con una cifra. “La reparación económica es importante, sobre todo cuando se trata de personas tan pobres, pero nosotros hablamos de reparación en el sentido amplio de ayudar a las víctimas a rehacer su vida”, señaló Pizarro.
Aludió a la importancia que ello tiene en el caso concreto de las las mujeres objeto de abusos sexuales, que en algunos países de América Latina son apartadas de su comunidad por ese motivo.
Pizarro se refirió también a los 3 millones de desplazados (600.000 familias) que tiene Colombia, para los que se acometerá un proyecto de restitución de bienes de manera que puedan regresar y recuperarlos, “tarea muy compleja porque muchas de esas tierras están ocupadas por grupos armados o por otros campesinos pobres”.
Según el presidente de la CNRR, los desplazados dejaron atrás 4 millones de hectáreas de tierras, “la mitad del territorio de Suiza”, que en muchos casos resultará muy difícil, sino imposible, recuperar, ya que a la dificultad de las ocupaciones se suma que solo un tercio tienen los títulos de propiedad.
Además, muchas de esas tierras están plagadas de minas antipersonales que es preciso retirar antes.
Pizarro dijo que hubo hasta “siete vías distintas de despojo” de las tierras, entre ellas las presiones “con una pistola en la cabeza” para que en algunos casos “transfirieran los títulos de propiedad” o la vendieran.
Y anunció que este año se van a crear dos grandes oficinas de restitución de bienes, una de ellas en Medellín.
Para los casos en los que se produzca un litigio judicial se va a crear “un Tribunal de Tierras” y se van a utilizar, como se hizo en Bosnia y Kosovo, “encuestas locales” para dilucidar quién es realmente el propietario.
A estas dos vías se sumará un “bloque de búsqueda de la policía nacional con la Fiscalía” para la identificación de testaferros.
“Si no restituimos las tierras tendremos un postconflicto violento”, afirmó Pizarro, que puso como ejemplo lo ocurrido en casos similares en algunos países africanos.
Para hacer frente al coste de las restituciones, se cuenta con dos fondos, uno por “vía judicial”, formado con los bienes de los jefes paramilitares, que suman 13 millones de dólares procedentes de bienes entregados voluntariamente, y alrededor de 100 millones de bienes expropiados.
Hay otro Fondo procedente del Presupuesto Nacional para las reparaciones por vía administrativa, siguiendo un modelo similar al utilizado en España para la reparación de víctimas del terrorismo, que dispone de 100 millones de dólares.
Estos cien millones servirán para las reparaciones de las 12.000 víctimas con las que este año se abrirá el proceso, agregó Pizarro, que aludió a la aspiración de que “el monto esencial se haga con los bienes que proceden de los victimarios”.
Según el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el “90 por ciento de las víctimas en Colombia son de los estratos económicos más bajos” y “van a ser la piedra en el zapato” de la sociedad ya que se está consiguiendo darles visibilidad para que reclamen sus derechos.
CM& / 21 de abril de 2009
