El funcionario precisó que hay muchos proceso, como las interceptaciones telefónicas ilegales, para nombrar sólo uno en los que el actual Gobierno está implicado, al menos por sospecha, y de ahí que Álvaro Uribe deba declararse impedido para preseleccionar a los aspirantes a dirigir en el ente acusador encargado de adelantar esas investigaciones.
“La designación del Fiscal está afectada por un vicio de nulidad, de acuerdo con el Código Disciplinario Único, que señala que cuando un funcionario tenga una causal de impedimento así debe declararlo y debe hacerse a un lado para que se otra persona quien asuma esas funciones”, dijo a ElEspectador.com.
Insistió en el hecho de que se ignore esta previsión podría generar una costo político muy alto para Colombia, ante organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado su preocupación por la indebida presión que se está ejerciendo sobre la Justicia desde las demás Ramas de Poder.
Agregó que esa preocupación encuentra su causal en proceso como el de las denominadas “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, donde no se han visto avances significativos, pese a la existencia de material de prueba que señala la directa responsabilidad de funcionarios del Gobierno en el hecho.
Pese a ese tipo de irregularidades y presiones indebidas de los que han sido objeto algunos operadores judiciales, precisó, es de destacar la independencia que ha mostrado la Corte Suprema de Justicia, frente a la elección del sucesor en propiedad de Mario Iguarán Arana.
“La Corte ha tenido, durante todos estos meses, una actitud muy valiente y muy valiosa, que es la de señalar que no se reunían las condiciones para poder proceder a una elección de Fiscal”, puntualizó.
