· Luis Castillo, Juez de Ayapel, defiende el criterio con que adoptó sus fallos
· Luz Estela Gutiérrez dice estar segura de la legalidad de las tutelas
Sin embargo, en criterio del Gobierno, no cumplían los requisitos de Ley, pero no se hizo nada.
La semana pasada el Gobierno lanzó una alerta sobre el supuesto desfalco, pero parece que llegó tarde.
EL TIEMPO señaló hace 5 años a Juan Guillermo Herrera -especialista en derecho laboral- como uno de los cerebros de los cobros de pensiones quien ya había logrado que seis magistrados del Tribunal de Medellín lo respaldaran en su tesis. Para entonces, se habían pagado 13 mil millones y había procesos por 47 mil millones más.
Eso significa que la cifra del desfalco (48 mil millones pagados y 43 mil embolatados en embargos) se quedó corta. Con lo que se ha desembolsado desde el 2004, el hueco va en 120 mil millones. Es más, una proyección realizada hace 5 años por el entonces liquidador de Telecom, Javier Lastra, dice que el boquete podría costarle al erario 2 billones de pesos si no se detiene.
Cadena de abogados
Paradójicamente, Lastra estuvo cuatro veces preso por no acatar esas tutelas que hoy se están pagando sin problema. Y está siendo investigado por fraude a resolución.
¿Por qué no se hizo nada en ese momento? ¿Por qué no se han instaurado denuncias contra los supuestos responsables?
El lío es que ahora no es uno sino 15 los abogados que se dedican a hacer este tipo de cobros. Una de ellas es Stefanie Córdoba, quien incluso logró que el juez 5 civil municipal de Montería ordenara que el pago saliera a nombre de ella: 4 mil 621 millones.
Es más, varios de los abogados expertos en este tema se conocen entre sí y hasta se sustituyen poderes. Por ejemplo, el pionero de estas tutelas viajó a Montería para que su colega Luz Stella Gutiérrez le ayudara con unos procesos.
Y, a su vez, Gutiérrez trabaja con otros tres abogados dedicados a lo mismo: Saín Mendoza, Maira Galarcio y Dennis González. Este grupo ha logrado que se le apruebe tres tutelas, que benefician a 84 ex empleados y que le han costado al erario 30 mil millones.
Otros abogados son el ex candidato a la alcaldía de Montería en el 2007, Luis Florez Pertuz, y el ex gerente de Telecom en esa ciudad, Juan Carlos Díaz Gómez. Todos, sin excepción, aseguran estar ciñiéndose a la ley y que sus reclamaciones están sustentadas en el acta 1782 -firmada en febrero del 2003 por la Junta Directiva de Telecom-, en la que se les ofreció a los empleados acogerse al plan de pensión anticipada: “El acta la firman todos los miembros de junta, encabezados por Ramiro Dávila Dangond”.
El juez de los $ 23 mil millones
Dicen estar tan seguros de la legalidad de las tutelas que el grupo de la abogada Gutiérrez llegó hace un par de días hasta el despacho de la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, para radicar una carta en la que califican como un atentado a su buen nombre el hecho de que se tilde el caso como un desfalco de un cartel de abogados.
“No se puede generalizar, si hay problemas, que los denuncien con nombres propios -dice-. No somos un cartel. Y nos parece un irrespeto que esté calificando a funcionarios de ilegales. Es una intromisión en la Justicia”.
En igual sentido se pronunció Luis Castillo, juez promiscuo de Ayapel (Córdoba), quien ha ordenado pagos por 23 mil millones de pesos: “Los procesos que salen son con criterios jurídicos y pruebas. Lo que hice fue ordenar que se les ofreciera a los ex trabajadores el plan de pensiones, como pasó con otros, en el 2003”.
Lo cierto es que si las tutelas no paran, los desembolsos pueden alcanzar fácilmente los 2 billones proyectados.
¿Qué está haciendo el Gobierno para frenar tutelas?
La ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, explicó ayer que entre las acciones que se han iniciado para contrarrestar las tutelas adversas a Telecom está la de solicitarle a la Corte Constitucional la revisión de esas sentencias y reveló que actualmente se encuentran 14 decisiones ante ese tribunal, con solicitud de revisión de segunda instancia.
“La Corte ha aceptado revisar cuatro acciones de tutela, hay seis con solicitud de selección y se ha interpuesto dos insistencias ante ese alto tribunal para que revisen igual número de tutelas. De las recientes acciones que han llegado estamos pendientes de solicitar la revisión”, aseguró.
Según la Ministra, ya se obtuvieron tres fallos favorables al Estado en temas como el fuero sindical, plan de pensión anticipada y retén social modalidad pre pensionado.
Y agregó que, además, le han solicitado a la Procuraduría General acompañamiento en 23 casos.
¿Por qué tardaron tanto? ¿Dónde están las denuncias?
La Ministra aseguró a este respecto que no le corresponde a la cartera a su cargo instaurar denuncias penales por las tutelas irregulares, toda vez que es la Corte Constitucional, a través de sus sentencias, la que compulsa copias a la Fiscalía o a la Judicatura para que investigue las posibles irregularidades.
‘Que señalen con nombre propio a los abogados’
“Rechazamos el atentado contra nuestra integridad profesional, nuestro buen nombre y el de los señores jueces de la República”.
Este es el remate de un comunicado que cuatro abogados de ex empleados de Telecom darán a conocer hoy a la opinión pública, en respuesta a la alerta que lanzó la semana pasada el Gobierno sobre un supuesto cartel que viene esquilmando a la vieja Telecom.
Según Luz Stella Gutiérrez y sus asociados, los señalamientos deben tener nombre propio pues ellos, dice, están actuando en derecho.
“Hay una mala información. Si hay tutelas ilegales, están relacionadas con el fueron de algunos sindicalistas y ya la Corte Constitucional envió copias a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para que se investigue”.
Y aclaró que si ella y sus socios están acudiendo al mecanismo de la tutela se debe a que, por orden del Gobierno, el próximo 31 de diciembre el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR) dejará de existir y no habrá ante quien reclamar el derecho a la igualdad que, según ella, tienen los ex trabajadores de acogerse al plan de pensiones anticipadas.
La abogada también descartó la tesis según la cual las acciones contra Telecom no proceden porque la entidad ya no existe: “Tiene el mismo NIT y han firmado convenios y contratos”.
EL TIEMPO también llamó a los jueces Ángel Castro, y Blanca Rosa Ramos Correa, de Lorica; Albert Ramos y Elmer Cortés, de Sahagún; y Margarita Urquijo, de Ayapel, para que explicaran sus fallos en contra de Telecom. Pero muchos no estaban en sus despachos, tenían citas médicas o se excusaron.
Hijos del Presidente dicen que no guardan rencor a joven que los amenazó por Facebook
En un comunicado, Tomás y Jerónimo Uribe, manifestaron que repudian cualquier acto de terrorismo, “independiente de su motivación y de quien lo lleve a cabo”.
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“De nuestra parte no existe ningún sentimiento de rencor hacia el señor Castro”, manifestaron en su declaración difundida por la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana.
Además, agregaron que “sin perjuicio de la acción de las instituciones de justicia”, esperan que el joven pueda “resolver sus asuntos ante la Fiscalía, de tal manera que pueda continuar con sus estudios y retomar su vida familiar”.
La Policía detuvo a principios de esta semana cerca de Bogotá a Castro, un joven universitario acusado de amenazar de muerte a través de Facebook a Jerónimo Uribe.
El estudiante es acusado entre otras cosas, de los delitos de incitación para delinquir y su captura se logró tras un trabajo conjunto de las autoridades colombianas con el apoyo del FBI.
Nicolás Castro, de 23 años, fue detenido este lunes en Chía por la Policía, como supuesto creador de un grupo en Facebook cuyo nombre era “me comprometo a asesinar a Jerónimo Uribe”.
Se expone a una pena de entre 8 y 15 años de prisión.
