Además, el magistrado Ostau de Lafont ha hecho una larga carrera en la Rama Judicial.
Con ancestros franceses e italianos, como lo reflejan sus apellidos, Ostau De Lafont Pianetta, el jurista no ha perdido el acento típico que da el Mar Caribe a los hijos de Cartagena.
La Sala Plena del Consejo de Estado eligió por 22 votos de 25 a Rafael Ostau de Lafont, quien se desempeñaba como vicepresidente del alto tribunal. Los otros dos candidatos, declinaron su postulación.
“Considero que debe darse un diálogo permanente con el Ejecutivo, pues el que pierde es el país. Eso no significa que no se pueda disentir”. Rafael Ostau de Lafont, presidente del Consejo de Estado.
Qué significa llegar a tan alto cargo?
Una gran responsabilidad, que se me ha dado como producto del trabajo y del esfuerzo. Eso, además de enaltecer la profesión y dignificar a la persona, obliga a tener una alta dosis de responsabilidad.
El Consejo de Estado es una de las corporaciones de justicia que está más congestionada de procesos, ¿qué ha pasado con ese tema?
Eso es cierto y es un problema, pero más que el número de procesos, las que deben tenerse en cuenta son las razones que obligan a los ciudadanos a recurrir tanto a la justicia, generando la congestión.
¿Se refiere a conductas que en algunas oportunidades adoptan algunos funcionarios del Estado?
En algunos casos sí. Con esa claridad es bueno tener en cuenta que si el Estado adopta una decisión que afecta a alguna organización empresarial, se genera un conflicto que, de no resolverse en el interior del Estado, se convierte en un proceso que llega a manos de los jueces.
¿Se puede hablar de yerros por parte del Estado?
También, en algunos casos. Es bueno que al hablar de descongestión se tenga en cuenta la situación del país, porque los conflictos judiciales son el reflejo de lo que pasa en el país.
En muchas oportunidades la gente acude a los jueces porque considera que las autoridades competentes para resolverle la situación no lo hacen.
¿Esa podría ser una de las razones de la llamada ‘tutelitis’?
Sí, pero además de la tutela, los ciudadanos también recurren a acciones judiciales como las populares o de grupo. En esos casos los jueces tienen unos poderes extraordinarios, o por lo menos distintos a los que tienen normalmente.
La Sala Plena del Consejo de Estado eligió por 22 votos de 25 a Rafael Ostau de Lafont, quien se desempeñaba como vicepresidente del alto tribunal. Los otros dos candidatos, declinaron su postulación.
“Considero que debe darse un diálogo permanente con el Ejecutivo, pues el que pierde es el país. Eso no significa que no se pueda disentir”. Rafael Ostau de Lafont, presidente del Consejo de Estado.
¿Qué piensa sobre una conciliación para buscar el fin de la congestión?
No me cabe la menor duda de que es una buena salida. He sido un defensor, como jurista y como académico, de los mecanismos alternativos de la solución de conflictos.
¿Haría usted un llamado a las entidades estatales para que hagan parte de este tipo de salidas?
El Estado tiene que analizar detalladamente los conflictos que se le plantean, para que determine si vale o no la pena seguir con uno de ellos, o si es mejor una solución pronta que satisfaga las necesidades de las partes en conflicto.
Eso también ayudaría mucho a las finanzas del Estado, porque no son pocas las demandas en su contra…
El Estado ha sido condenado en cifras muy importantes por factores de responsabilidad o por actos irregulares. Por eso debería reorientarse la política estatal encargada de determinar cuáles son las causas de esos largos y cuantiosos procesos.
En su criterio, ¿los jueces y la Rama Judicial tienen credibilidad entre los ciudadanos del común?
Sí. Entre otras cosas porque en un Estado de Derecho la Rama Judicial es el punto de equilibrio entre el ejercicio del poder por parte de las autoridades y el ejercicio de las libertades por parte de los administrados.
¿Cuál es la postura del Consejo de Estado frente a los llamados ‘choques de trenes’, motivados por las tutelas contra sentencias?
El Consejo de Estado siempre ha tramitado las tutelas y además las remite a la Corte Constitucional para su revisión. En todo caso, las conversaciones con el Consejo de Estado son prolíficas.
¿La negativa del Consejo de Estado para que las sentencias sean revisadas por la Corte es inamovible?
Lo que le podría decir es que la no procedencia de la tutela contra providencias judiciales es un criterio mayoritario en el Consejo de Estado, más no unánime.
La Sala Disciplinaria de la Judicatura ha sido cuestionada por un supuesto origen político de sus integrantes. ¿Qué opina?
No puedo valorar a los magistrados en ninguna corporación. No obstante, es claro que un cargo de magistrado, más aún si es de una alta corte, debe ser desempeñado por quien demuestre que cumple con el perfil para ello.
El ex consejero de estado y hoy procurador General, Alejandro Ordóñez, ha dicho que los procesos que se adelantan en el Ministerio Público contra congresistas deberían estar en manos del Consejo de Estado. ¿Qué piensa de eso?
Eso haría que llegaran al Consejo de Estado muchos procesos. Lo que podría pensarse es en repensar la manera como se elige a Procurador. No sabría cómo, pero de pronto sería menos complicado. Así se mantendría la autonomía de la Procuraduría.
El 2008 estuvo marcado por los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, ¿cómo ve esa situación?
En ese tema es claro que debe darse un respeto absoluto entre los poderes públicos, que cada uno se mantenga dentro de sus órbitas. Eso no significa que no se pueda disentir, pero sí que debe darse un diálogo permanente, pues el que pierde es el país.
¿En qué va la acción que busca afectar la marca Juan Valdez?
Ese asunto ha surtido un trámite largo e importante. Un proyecto fue derrotado y ahora está en manos de otro consejero. Esperamos que la decisión final se dé a conocer pronto.
Rafael Ostau de Lafont
Nació en Cartagena. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Tiene especializacions en derecho administrativo y comercial. También en derecho público.
Se desempeña como profesor universitario.
Es autor de varios proyectos de ley, entre ellos el del Código Nacional de Tránsito que rige hoy.
El País / 20 de febrero de 2009
