La iniciativa, liderada por los presidentes de las cortes Constitucional y Suprema, ha sido también analizada con sus pares del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
La fórmula contiene cinco puntos que, de obtener la bendición de las salas plenas de cada tribunal, irán a un proyecto de ley estatutaria que se presentará el año entrante al Congreso.
Según el acuerdo, la tutela solo será válida por irregularidades que se hayan denunciado en el respectivo proceso penal y en primera instancia sería decidido por la Corte que haya tomado la decisión.
Aunque algunas de sus salas han aceptado tutelas contra sus propias sentencias, la posición generalizada en la Corte Suprema y el Consejo de Estado es que ese recurso no procede. Por eso ahora, cuando reciben alguna tutela, simplemente no la admiten por improcedente.
Los casos de simple controversia legal o de manejo de pruebas que no sean sustanciales no podrían admitirse para ser estudiados por tutela. Para estas situaciones, como lo han expresado la Corte Suprema y el Consejo de Estado, hay instancias y recursos previstas en la ley a los que pueden acudir las personas.
Además, habría una especie de tiempo límite, similar a la prescripción, para entablar una tutela contra una sentencia. Así se evitaría que los casos no tengan una fecha límite para terminar su paso por tribunales.
Los presidentes tienen ahora la tarea de convencer a sus colegas. “Se ha llegado a un principio de acuerdo, pero todavía falta lograr el consenso general”, aseguró a EL TIEMPO una alta fuente del Palacio de Justicia.
Otra fuente del Consejo de Estado aseguró que el tema será debatido en el corto plazo en la Sala Plena. La polémica, de cualquier manera, no se prevé fácil, pues hay magistrados que están convencidos de que la tutela que cuestiona las decisiones de las altas cortes genera inseguridad jurídica.
Los magistrados de la Corte Constitucional ya trabajan en estos puntos. En la Sala Plena prevista para hoy deben oficializar un asunto de trámite interno que ya se venía aplicando y que había sido reclamado por las otras cortes: que la revisión de tutelas contra sentencias no se haga en una sala parcial (de tres magistrados) sino en Sala Plena (de los nueve miembros de la corporación).
Esos pasos ya han producido distensiones.
Ya había avances
En octubre, la Sala Laboral de la Suprema admitió la revisión de una tutela contra una sentencia de la Sala Civil, y aunque la declaró improcedente la envió para su revisión a la Corte Constitucional.
Un mes después, la Sala Penal volvió a admitir una tutela. Esta vez se trataba de un fallo de la Sala Laboral que obligaba a la Embajada del Líbano a pagar las prestaciones sociales a una empleada por incumplir el régimen de trabajo colombiano.
Aunque inicialmente el hecho generó controversia en la Corte Suprema y algunos magistrados de la Sala Civil aún se muestran renuentes con las tutelas contra sentencia judiciales, hay una apertura al consenso, dijeron las fuentes consultadas.
Aunque el Gobierno está a la espera de que las cortes hagan su propuesta, el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, anticipó que la iniciativa contaría con el respaldo del Ejecutivo.
Los puntos del consenso previo
Que sean los jueces de la misma Corte del fallo inicial los que estudien las tutelas.
En que estas se admitan solo por hechos que atenten contra los derechos al debido proceso, la defensa o porque está en riesgo la integridad. Solo pueden presentar- si desde el proceso el afectado denunció las supuestas violaciones.
En que haya una instancia extraordinaria en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Los 9 magistrados decidirían y no tres, como sucede ahora.
El Tiempo / 03 de diciembre de 2008
