EL MALESTAR de los magistrados de las altas cortes por el espionaje de que fueron objeto por parte del DAS y por los indicios de que prominentes funcionarios de la Casa de Nariño están vinculados a las chuzadas, llegó ayer a su punto más álgido.
A través de sendos comunicados, los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia expresaron su inquietud por el camino que ha tomado el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes políticos.
En la Corte, sus integrantes específicamente señalaron que “los hechos recientemente denunciados modifican notoriamente los lineamientos fijados en la reciente reunión que los representantes de las altas cortes sostuvieron en la Casa de Nariño”.
Además, le solicitaron al Gobierno que fije una fecha concreta para una visita del relator para la independencia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Incredulidad
El Consejo de Estado rechazó las medidas que hasta el momento ha adoptado el Gobierno en el tema.
El alto tribunal dijo que esas disposiciones son “insuficientes” y que “repudia las conductas cometidas por el DAS contra los derechos fundamentales de muchos ciudadanos y, en particular, aquellas directamente encaminadas a investigar la vida de los magistrados de las cortes mediante las interceptaciones de las comunicaciones”.
Según el comunicado, esto “socava las bases de la democracia y del Estado Social de Derecho”.
También rechazó las prácticas que se estaban adelantando en la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda contra los magistrados, y reclamó al Gobierno medidas “eficaces” para que estos hechos no se vuelvan a presentar.
La sala plena del Consejo de Estado se reunió para “recibir el informe de la reunión del 11 de mayo de 2009 entre los presidentes de las cortes con el Presidente de la República e importantes funcionarios del Gobierno Nacional, ante la gravedad de los hechos realizados por el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, organismo que depende directamente de la Presidencia de la República”.
Según el comunicado, “el Consejo de Estado no encuentra suficientes las explicaciones que al respecto ha expresado el Gobierno Nacional y observa que el ofrecimiento de no repetir esas prácticas resultaría ineficaz si no se acompaña de medidas inequívocamente encaminadas a garantizar su efectividad”.
El Consejo de Estado asumió como premisas de su declaración que “la existencia de una rama judicial autónoma e imparcial constituye requisito indispensable para mantener vigente la estructura democrática de nuestro Estado Social de Derecho, en cuanto se encuentra instituida para asegurarle a todas las personas la aplicación de las leyes y brindarles protección efectiva frente a los abusos en que pudiere incurrir cualquier autoridad en contra de los derechos y libertades, razón por la cual la independencia de los jueces y magistrados es, a su vez, un derecho de los ciudadanos”; que “la autonomía de los jueces y magistrados de la República incluye la garantía que les asiste de disfrutar a plenitud los Derechos Fundamentales que la Constitución Política ha consagrado a favor de toda persona y que también se establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran la libertad, en todas sus formas y expresiones; el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de su correspondencia y sus comunicaciones”; que “para asegurar de manera efectiva la independencia de las altas Cortes y evitar interferencias indebidas en el cumplimiento de sus funciones, sin que se pretenda hacer de la Rama Judicial un poder intocable, la Constitución Política reservó exclusivamente al Congreso de la República la investigación y el juzgamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, por lo cual ninguna entidad diferente puede arrogarse, sin violar la Carta, la facultad de investigarlos”; y que “cuando se vulnera o incluso se amenaza la independencia de los jueces y magistrados de la República se pone en riesgo grave la existencia misma del sistema democrático, máxime si la agresión a ese valor esencial proviene de entidades oficiales que forman parte de otras Ramas del Poder Público”.
Sin garantías
Por su parte, los magistrados de la Corte Suprema le pidieron al presidente Uribe “un pronunciamiento directo y concreto sobre el alcance de este tipo de denuncias, así como de las garantías necesarias para que estos hechos no se repitan”.
El alto tribunal determinó que, ante los nuevos hechos conocidos sobre las interceptaciones telefónicas, pedirán la intervención de las Naciones Unidas.
Textualmente, el comunicado indicó que la Corte “acuerda (…) demandar del Gobierno Nacional, fijar fecha muy próxima para que el señor relator para la independencia judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haga presencia en nuestra República”.
En el pronunciamiento de la Corte, también adoptado en sala plena, se asumió que los “diferentes medios de comunicación el día de hoy han denunciado que los resultados de las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, fueron entregados por el DAS a altos funcionarios del Gobierno; que tales acontecimientos resultan graves para el equilibrio democrático de nuestro país, pues ponen en alto riesgo la independencia que la Constitución Política le otorga a la rama judicial”; y “que es indispensable que las investigaciones que adelantan las diferentes autoridades señalen a la brevedad responsabilidad de sus autores”.
El Nuevo Siglo / 15 de mayo de 2009
