La Sala Penal de la Corte le envió una carta a la Sala Administrativa de la Judicatura criticando la propuesta que, según los magistrados, pone en riesgo la estabilidad de la institución.
Considera la Sala Penal que dicho proyecto es una forma de presionar a la Corte para aumentar el volumen de decisiones que diariamente adoptan.
“La carencia de fundamento serio en las pretensiones de eliminar los cargos de Magistrados de Justicia y Paz determinó el rechazo de la Sala a este tipo de políticas basadas en fríos análisis matemáticos que no toman en cuenta la delicada misión histórica que a la Corte le ha sido asignada”, indica la carta.
Sin embargo, para el Consejo Superior de la Judicatura las salas de Justicia y Paz ubicadas en Bogotá, Barranquilla y Medellín le cuestan al Estado más de 10 mil millones de pesos anuales, destacando que desde su creación sólo ha sido condenada una sola persona.
Así mismo, aseguran que los costos de la parapolítica están alrededor de los cuatro mil millones de pesos y que sólo han sido condenados cuatro congresistas.
LA Judicatura advierte que sólo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le cuesta 10 mil millones de pesos al Estado, más que cada una de las otras dos salas Civil y Laboral de esa Corporación.
Por ahora la Judicatura decidió prorrogar por tres meses más los contratos de los magistrados auxiliares de Justicia y Paz, pero al final de este plazo volverá a analizar el caso.
CM& / 05 de mayo de 2009
