A pesar de todo el Alto Tribunal manifestó que estas versiones no pueden de por sí servir para descalificar uno de los aspirantes a suceder al fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana.
El pronunciamiento lo hizo el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata Ortiz, quien manifestó que por ahora se mantiene la fecha del 23 de julio próximo como el día en que se dará a conocer el nombre del nuevo Fiscal General de la Nación.
Frente a una posible decisión, señaló Zapata, cualquiera de los magistrados que hacen parte de la Corte pueden, según su criterio, solicitar una reunión extraordinaria para debatir el tema.
LA INFORMACIÓN
“Primero lo que se debe analizar es un estudio a la veracidad de la información y después la Corte se reunirá y tomará las decisiones más con-venientes”, dijo Zapata Ortiz.
Frente a la posibilidad de devolver la terna al presidente Uribe, el presidente encargado de la Corte desestimó que esa posibilidad se dé, por lo menos por ahora. “Por el momento no puede decirse eso, porque todos los candidatos cumplen con los requisitos legales y constitucionales. Eso sería anticipar mucho los hechos”, dijo Zapata.
“Lo importante es que la Corte está en su obligación legal de verificar si la denuncia existe y su estado, etc”, añadió.
Ante una posible inhabilidad de cualquiera de los candidatos a la Fiscalía, Zapata Ortiz precisó que lo único que puede afectar a un candidato “es una sentencia condenatoria”.
En las próximas horas la Corte podría pedirle a la Fiscalía que le envíe todos los documentos relacionados con este caso para evaluarlos y posteriormente adoptar una decisión.
INVESTIGACIÓN ARCHIVADA
El 24 de septiembre de 2008 la Fiscalía adelantó una investigación preliminar contra Palacio Hincapié por posibles actos de corrupción en el Consejo de Estado, la cual, según el fiscal General, Mario Iguarán, fue archivada provisionalmente el pasado 20 de marzo.
En un comunicado de prensa, Iguarán afirmó que la investigación contra Palacio Hincapié no avanzó porque el fiscal del caso consideró que no había, por el momento, elementos suficientes que demostraran la existencia del delito.
EL PROCESO
De acuerdo con el proceso, el 24 de septiembre de 2008, el fiscal Iguarán, por solicitud telefónica del presidente del Consejo de Estado, Enrique Gil, recibió en su despacho al consejero Mauricio Fajardo, acompañado del magistrado auxiliar Hugo Marín, quienes relataron hechos que podrían constituir actos de corrupción judicial.
El magistrado Marín denunció que los hechos ocurridos el 16 de julio de 2008, que involucraban, entre otras personas, al consejero Juan Ángel Palacio, cargo que no desempeñaba para la época de la denuncia.
De inmediato se ordenó que se recibiera la denuncia por parte de la Policía Judicial. El caso fue asignado de manera especial a un fiscal delegado ante el Tribunal Superior, luego que un concepto de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinara que la Fiscalía tenía la competencia para investigar esos hechos.
Señala la delegada ante la Corte que de acuerdo a lo narrado se trata de un ex funcionario público y que su actuar no corresponde al desarrollo propio de sus funciones y que, además, habría que establecerse si se incurrió en conducta punible de competencia de la Comisión de Acusación.
Durante este proceso se ordenaron entrevistas, interceptaciones telefónicas e inspecciones al proceso, las que llevaron a que la investigación se archivara parcialmente por falta de pruebas, pero, ante un elemento, prueba o evidencia sobreviviente, el proceso deberá reabrirse contra Palacio Hincapié.
