Fue de esta manera que Iguarán consideró necesario que cuando se trate de corrupción en las entidades públicas, “se debe imputar, no sólo por hurto, sino por homicidio agravado”.
El funcionario reveló que actualmente hay más de 350 alcaldes y 12 gobernadores investigados por sus presuntas responsabilidades en casos de fraude al erario.
Sin embrago, Iguarán también se mostró desilusionado al encontrar brotes de corrupción, incluso, en la misma Fiscalía. “Infortunadamente, tuvimos el incidente que denotó que algunos de nosotros se aliaron con la delincuencia”, admitió.
Cuatro años de gestión
Las declaraciones del Fiscal se presentaron este martes durante su rendición de cuentas, donde no omitió hablar de otros temas como la ‘parapolítica’, sobre lo cual señaló que “no fueron los paramilitares los que buscaron a los políticos, fueron los políticos los que buscaron a los paramilitares”.
Pero también se refirió a la implementación de sistemas de investigación y procesamiento penal, como fue el Sistema Penal Acusatorio, el seguimiento y aplicación a la Ley de Justicia y Paz, el fortalecimiento de la Unidad Nacional para los Derechos Humanos, la Ley de Infancia y Adolescencia y su victoria en el Congreso con el Principio de Oportunidad.
Para Iguarán, el Sistema Penal Acusatorio “es una revolución jurídica que adelantamos gracias a la cooperación internacional”. Asimismo, se conoció que en cuanto al sistema Penal Acusatorio se registraron 345 mil capturas; 370 mil audiencias de conciliación; y que los delitos más condenados fue el tráfico y porte de estupefacientes, hurto calificado, y el porte ilegal de armas.
Sobre Derechos Humanos, el jefe del ente investigador precisó que los homicidios cometidos por agentes del Estado, y los grupos armados ilegales, fue otro “tema bandera”, así como el procesamiento por desplazamientos, violencia sexual en el conflicto armado, reclutamiento de menores, entre otros.
“Se implementaron varias medidas en materia de desaparición forzada. Hoy tenemos 1.600 casos sobre todo en Pasto, Bucaramanga y Montería”, dijo el Fiscal.
Además, el funcionario aseguró que “son investigados 1.050 uniformados por ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, de los cuales se han dictado casi 500 medidas de aseguramiento”.
En el caso de los sindicalistas las cifras no son muy alentadoras, pues de las 1.330 muertes, 150 han sido procesadas en los últimos tres años.
