En cuatro puntos resumió el alto tribunal la protesta por los seguimientos financieros a cuatro magistrados de la Rama Judicial.
“Elevar una enérgica protesta por la ilegal intervención del Uiaf, órgano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Nacional, que sin competencia y con violación al principio del debido proceso, ha pretendido recoger y divulgar información financiera de los magistrados de las altas cortes”, dicen.
Agrega que con ello: “Se evidencia el propósito de desacreditar a la Rama Judicial y afectar la integridad moral de las personas encargadas de cumplir las funciones judiciales necesarias para el buen funcionamiento del Estado de Derecho”.
El Consejo de Estado en pleno se mostró complacido por la respuesta entregada por el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, acerca de que en contra de los magistrados no había razón alguna para investigarlos penalmente.
El magistrado Rafael Ostau de Lafont manifestó que está estudiando la posibilidad de adelantar acciones penales en contra de los funcionarios que de alguna manera han querido enlodar su nombre.
El fiscal Iguarán dijo que el informe de la Uiaf es “viejo” y que nunca fue solicitado por el ente acusador que preside. Señaló que había sido remitido en septiembre del 2008 y publicado en julio de ese mismo año.
“Ese informe que envía la Uiaf a la Fiscalía, en septiembre del 2008, se remite mucho después de haber obtenido la información y de compartirla con otras personas”, dijo el Fiscal.
Agregó que en ese momento no ameritaba que se enviara a la Comisión de Acusaciones porque no obraba elemento, evidencia o información para suponer una conducta irregular o punible por parte de los magistrados.
