Debido al jalón de orejas que hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el jueves pasado a través de EL NUEVO SIGLO, en torno al alto número de proyectos que en este sentido se han radicado sin tener en cuenta el impacto en las cárceles del país, los representantes pidieron que si un proyecto no tiene la investigación adecuada, debe ser retirado.
De ser así y si los legisladores autores de estos proyectos acceden a hacer un adecuado estudio sobre el impacto de las futuras leyes, se retirarían siete proyectos que hacen curso en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara.
Los temas de estos articulados se relacionan con sanciones por la ilícita fabricación y porte de armas, de autoría del senador Camilo Sánchez; la tipificación de la denegación de salud como delito, de autoría de los representantes Guillermo Santos, Pedro Pardo y Mauricio Jaramillo; la penalización de la venta de licores y tabaco a menores, de autoría del representante Juan Córdoba; la derogación de los delitos de injuria y calumnia, de Roy Barreras; la penalización del abandono a los adultos mayores, de autoría de los congresistas Simón Gaviria, Tarquino Pacheco, Buenaventura León, entre otros; se indica el control de legalidad y audiencia preliminar para el archivo de las diligencias, de autoría del representante Santos y la regulación del poligrama como prueba en los procesos penales, del representante Heriberto Sanabria.
De consejos y ministerios
Ante esto, los representantes advirtieron que, si no se hace el debido estudio penitenciario, los articulados aprobados para su estudio ante la Corte Constitucional serían devueltos.
“Que cada uno de estos proyectos tengan un debido estudio en el Consejo de Política Criminal y que se escuche al Fiscal General y al Consejo Superior de la Judicatura para no tener que improvisar o, si no, nos devuelven lo que aprobamos”, propuso el representante liberal Carlos Arturo Piedrahita, miembro del Consejo de Política Criminal, al que criticó por sólo haber sesionado tres veces este año.
A su turno, el representante Barreras manifestó que no cree que los proyectos no tengan su debido estudio. No obstante, manifestó que “la inoperancia de ese Consejo no puede justificar que no legislemos”.
Entretanto, el congresista liberal Jorge Homero Giraldo, quien dejó como constancia ante la Comisión el artículo publicado por este Diario, manifestó que estos problemas no existirían si se reviviera el Ministerio de Justicia.
“Tenemos varios proyectos y todos son para aumentar las penas ¿se han hecho todos los estudios pertinentes? Debemos tener cuidado con eso porque la Corte nos ha llamado irresponsables. Esto no sucedería si existiera un Ministerio de Justicia que funcione”, aseveró el congresista.
Requisitos por ley
Ante esta situación, el representante de Alas Equipo-Colombia, Óscar Arboleda, anunció que presentará una propuesta para que los proyectos de aumento de penas tengan como requisito previo y mínimo un estudio sociológico y carcelario sobre el impacto de su eventual aprobación.
“Es indispensable tener una iniciativa en este sentido, porque o si no a cada rato vamos a ser criticados por la Corte Suprema de Justicia”, sentenció el legislador.
El Nuevo Siglo / 03 de diciembre de 2008
