Lo que pasaba tradicionalmente era que se respetaba un pacto de caballeros según el cual el vicepresidente ocupaba al año siguiente la Presidencia del Tribunal.
Pero este año no pasó y ya van más de 100 rondas sin que ninguno de los aspirantes logre la mayoría absoluta de 16 votos, de 23 posibles en esa Corte. La puja interna se agudizó en un año clave: el año en el que la Corte en pleno debe elegir al nuevo Fiscal General de la Nación, de terna enviada por el Presidente de la República.
En este momento, quien ocupa el cargo como encargado es el primer magistrado de la lista, Jaime Arrubla, de la Sala Civil, porque el presidente encargado, Javier Zapata, está de viaje y no tenía reemplazo formal.
Por todo eso, algunos magistrados presentaron dos propuestas que hoy serán discutidas en la Sala Plena: acortar el periodo del Presidente a seis meses o elegir al más antiguo de la sala a la que le toque ese año la Presidencia si después de tres votaciones no se llega a ningún consenso.
El reglamento contempla actualmente que la Presidencia y la Vicepresidencia se turnan cada año entre una de las tres salas (Civil, Penal y Laboral) y que los aspirantes deben alcanzar la mayoría absoluta, 16 votos, para ser nombrados.
Este año, el cargo le corresponde a la Sala Penal y la vicepresidencia a la Sala Civil. Se creía que el actual vicepresidente de la corporación, magistrado Javier Zapata, recibiría la designación de sus compañeros casi de manera protocolaria.
Pero en este momento su nombre compite con el de seis de sus colegas y tiene divididas las opiniones de los 23 integrantes de la Corte. Alfredo Gómez Quintero y Zapata son quienes han alcanzado las mayores votaciones.
La puja ha estado tan fuerte que, incluso, se han caído acuerdos que se suponían firmes. Por ejemplo, que los que menos votos tuvieran se irían retirando de la puja. Aunque la mayoría de los magistrados asegura que esta demora no ha afectado para nada las labores del alto tribunal, en privado admiten que la situación es complicada por la lectura que se le está dando hacia afuera.
Hace varias semanas, doce ex presidentes de la Corte Suprema expresaron esa preocupación. En una carta dirigida a los actuales magistrados aseguran que la demora en la elección está causando un daño al prestigio de la corporación.
De hecho, haya algunas demoras en tareas que le tocan a la Corte: aún no definen la terna a Auditor General de la Nación, que tendría que ser elegido antes de mayo próximo por el Consejo de Estado. La Convocatoria se abrió en febrero.
El hecho es que el período del Presidente de la Corte en el 2009 ya no será de 12 meses, como los de sus antecesores. Hasta que llegue de Austria los magistrados Socha y Zapata, quienes asisten a un foro sobre criminalidad en la ciudad de Viena, no podrá haber votación para la elección de directivas. Ellos regresan a comienzos de mayo.
El Tiempo / 21 de abril de 2009
