Acción que garantiza el trabajo de la Cumbre y de todos los poderes públicos para mejorar el acceso a la justicia, estableciendo un modelo integrador y fórmulas adecuadas de tutela que incluyan a toda la sociedad iberoamericana y en especial a los sectores menos favorecidos, con el fin de proteger sus derechos ante los poderes judiciales.
En este marco se mantiene la importancia de que el acceso a la justicia no sólo significa un acceso a los tribunales, sino también al goce pacífico y pleno de los derechos fundamentales y a las diversas alternativas de resolución de conflictos.
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