El nuevo concepto de “seguridad ciudadana” que ha tomado fuerza en los años noventa, ha puesto sobre la mesa importantes debates, entre ellos, la urgencia de reformar los sistemas judiciales, en especial el sistema penal. Se trata de corregir serios problemas de lentitud, falta de eficacia y transparencia en las fases de investigación y acusación de los delitos. Así mismo, convertir al juicio oral con participación de la comunidad, publicidad y garantía de defensa de los derechos de las personas, en el centro del proceso penal. Ellos es imprescindible para evitar las respuestas ilegales y violentas de la justicia privada y para lograr que el sistema criminal funcione sin violar los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos.
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