Monitoreo de medios

¡Crisis en la Justicia!

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Nación No hay presidente de la Corte Suprema. Ni tampoco Fiscal desde hace siete meses. Ni gerente que maneje ocho billones de pesos de la rama. En la Judicatura se habló de 'golpe de Estado' y en menos de 60 días deben echar a la mitad de los fiscales. ¿Qué está pasando?

El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, estaba de pie, leyendo un discurso ante la sala plena y de repente se desplomó. Eran apenas las 11 de la mañana del jueves. De inmediato otro magistrado lo auxilió y lo llevaron a la clínica. Su estado de salud aún es delicado.

Este lamentable episodio personal parece ser una metáfora de la situación en la que se encuentra la justicia. No es una exageración decir que nunca antes en Colombia el aparato judicial ha tenido un momento tan crítico como el que está viviendo ahora. Pero el país no parece haberse dado por enterado por cuenta de la reelección y la emergencia social.

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¿Estado Social de Derecho?

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Si se quieren pruebas sobre la crisis permanente que afecta la credibilidad de la Justicia colombiana, basta con mirar los efectos que está produciendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena ejecutar en quince días lo que fue decidido hace más de un año. Así se podrá constatar la forma en que se ha dilatado durante 19 años la aplicación del Artículo 125 de la Constitución Nacional que ordena crear la carrera para los funcionarios públicos en todas las dependencias del Estado, incluida la Fiscalía.

La aplicación de la sentencia implicará el retiro de 2.300 funcionarios del órgano de investigación, que hasta ahora han venido desempeñando sus funciones mediante encargos y en forma provisional. Visto desde la perspectiva del resultado que puede producir, la decisión amenaza con ocasionar una verdadera hecatombe en la Justicia, además de dar pie para que se consume lo que parece ser una masacre laboral.

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Ya van 79 funcionarios de la Fiscalía destituidos, tras fallo de la Corte

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Luego de la orden de incorporar a 2.000 empleados que habían ganado su lugar por meritocracia, la Unidad de Lavado de Activos quedó prácticamente desmantelada. Quedan en riesgo varios procesos que se investigan por narcotráfico.

Una semana después de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara al fiscal general (e) Guillermo Mendoza, mediante un fallo de tutela, incorporar a 2.000 empleados que en 2007 lograron un cargo por concurso de méritos, la Fiscalía ya ha destituido a 79 funcionarios de la unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, y de Derechos Humanos.

Semana.com conoció que el pasado viernes, luego de que la Corte diera un plazo máximo de 15 días para incorporar a los nuevos empleados, fueron sacados 25 fiscales. Y este martes fueron despedidos otros 42 funcionarios, entre asistentes de fiscal e investigadores.

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Anuncian caos por cambios de fiscales

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Salieron 40 funcionarios que manejaban los casos de repercusión.

El fallo de la Corte Constitucional que obliga a la Fiscalía a nombrar 2.500 funcionarios ganadores del concurso de méritos empezó a afectar a algunos de los procesos de mayor repercusión del ente acusador.

En las últimas horas salieron de la entidad 40 fiscales que manejaban investigaciones como la del atentado contra el avión de Avianca, las muertes del candidato de la UP Bernardo Jaramillo y del ex ministro Rodrigo Lara Bonilla, así como la masacre de La Gabarra.

El vocero de los fiscales salientes, Carlos José León Zárate, advirtió que debido a la salida masiva de funcionarios existirá una parálisis de procedimientos en esta institución.

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