Luego de la orden de incorporar a 2.000 empleados que habían ganado su lugar por meritocracia, la Unidad de Lavado de Activos quedó prácticamente desmantelada. Quedan en riesgo varios procesos que se investigan por narcotráfico.

Una semana después de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara al fiscal general (e) Guillermo Mendoza, mediante un fallo de tutela, incorporar a 2.000 empleados que en 2007 lograron un cargo por concurso de méritos, la Fiscalía ya ha destituido a 79 funcionarios de la unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, y de Derechos Humanos.

Semana.com conoció que el pasado viernes, luego de que la Corte diera un plazo máximo de 15 días para incorporar a los nuevos empleados, fueron sacados 25 fiscales. Y este martes fueron despedidos otros 42 funcionarios, entre asistentes de fiscal e investigadores.

Además, la semana pasada fueron sacados 12 fiscales de la unidad de Derechos Humanos. Uno de ellos es el fiscal a cargo de la investigación por el asesinato del ex dirigente de la UP, Bernardo jaramillo Ossa.

Por los pasillos del búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, hay conmoción e incertidumbre, ya que la desbandada que se viene es enorme y no se sabe qué pasará con los cientos de procesos relacionados con narcotráfico, pues los términos de cada caso siguen corriendo y los nuevos fiscales se tomarán su tiempo para empaparse de los procesos y empezar la instrucción de los mismos.

Para rematar, Semana.com supo que la Corte Suprema falló otra tutela, cuyo ponente es el magistrado Alfredo Gómez Quintero, que confirma que los nombramientos tienen que darse de manera inmediata, lo que cayó como un baldado de agua fría para el fiscal Mendoza, quien en medio de un intenso lobby tenía la esperanza de que la tutela lo favoreciera con un plazo más largo para nombrar a los nuevos funcionarios.

Semana / 16 de febrero de 2010