Si se quieren pruebas sobre la crisis permanente que afecta la credibilidad de la Justicia colombiana, basta con mirar los efectos que está produciendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena ejecutar en quince días lo que fue decidido hace más de un año. Así se podrá constatar la forma en que se ha dilatado durante 19 años la aplicación del Artículo 125 de la Constitución Nacional que ordena crear la carrera para los funcionarios públicos en todas las dependencias del Estado, incluida la Fiscalía.

La aplicación de la sentencia implicará el retiro de 2.300 funcionarios del órgano de investigación, que hasta ahora han venido desempeñando sus funciones mediante encargos y en forma provisional. Visto desde la perspectiva del resultado que puede producir, la decisión amenaza con ocasionar una verdadera hecatombe en la Justicia, además de dar pie para que se consume lo que parece ser una masacre laboral.

Pero, analizado con detenimiento el proceso, salta a la vista la forma en que los fiscales generales le han dado larga a una perentoria obligación surgida desde el momento en que se creó la carrera judicial, hace 16 años. Más aún, la inexplicable renuencia en aplicar una tutela que fue fallada en idéntico sentido en marzo del 2009, la cual fijó el 31 de diciembre del mismo año para cumplir con el precepto constitucional. No puede decirse, entonces, que la Corte está ocasionando la crisis: es la inaudita resistencia de la Fiscalía para cumplir mandatos legales y para negarse a aplicar 19 sentencias de tutela expedidas por el Alto Tribunal de Justicia.

Por supuesto, hay que entender las protestas de los fiscales seccionales y locales, de los secretarios y auxiliares, que hoy ven amenazada su continuidad en la Fiscalía, pese a tener hasta quince años de vinculación. Como se debe hacer una reflexión sobre el impacto que tendrá en el servicio el cumplimiento de la decisión tomada por la Corte. Pero también hay que reclamar por la inexplicable demora en aplicar las normas, manteniendo en interinidad eterna aquellos empleos que deberían estar cubiertos por el estatuto de carrera.

En una entrevista transmitida hace dos días por el noticiero CM&, el magistrado Alfredo Gómez Quintero, ponente del fallo del 4 de febrero pasado, expresó su extrañeza porque no se le haya dado cumplimiento al concurso realizado en el 2007. Y al calificar esa demora como "conducta tardía, omisiva o reticente", advirtió que ese concurso vence en noviembre próximo. Por eso hay que preguntarle al ex fiscal Mario Iguarán y a su sucesor desde agosto pasado por qué no cumplieron la sentencia de marzo del 2009. O mejor, por qué no lo hicieron en los cuatro años que duró su mandato.

Sean cuales fueren las razones, lo cierto es que con esa conducta se les causa un grave daño a Colombia, a los ciudadanos que deben acudir a la Fiscalía, a los empleados que pueden perder sus puestos de trabajo, a quienes concursaron y ganaron un derecho a entrar a la carrera, y a la ayuda internacional para la Justicia. Por eso hoy, los colombianos deben estar preguntando alarmados por qué pasan esas cosas en su país, supuestamente regido por un Estado Social de Derecho.

El País / 18 de febrero de 2010