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Publicado: Sábado, 02, Junio 2012 00:00
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Escrito por Elección visible - CEJ
Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
El expresidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez, uno de los más duros defensores de la independencia judicial en tiempos de Álvaro Uribe, se retiró tres años antes de cumplir su periodo de magistrado.
“Hay quienes creen que el ejercicio del poder que se les delega es de por vida. Otros sabemos que existen límites”, dice el exmagistrado Augusto Ibáñez.
Cecilia Orozco Tascón.- Es raro que a las puertas de una reforma a la justicia en la que se pretende aprobar la ampliación del periodo de los magistrados a 12 años, usted renuncie a 3 que aún le faltaban y a 4 del incremento ¿Tomó esa decisión en el momento equivocado?
Exmagistrado Augusto Ibáñez Guzmán.- No. Estoy satisfecho con mi decisión y no perdí 7 años, como usted sugiere, sino que gané 5 de experiencia: en la época que me correspondió ejercer como magistrado, logramos pulir asuntos de gran interés y actualidad desde el ángulo del Derecho Penal Internacional, y nos pusimos a su altura. Cuando presenté mi renuncia, la sala plena de la Corte había determinado que la ampliación de los periodos era un tema que la corporación no debía discutir y yo estuve plenamente de acuerdo con esa posición. De tal forma que ni siquiera consideré el punto.
C.O.T.- Pero entonces ¿Por qué se retiró?
A.I.G.- Los periodos no siempre coinciden con las finalidades. Hay quienes creen que el ejercicio del poder que se les delega es de por vida. Otros sabemos que existen límites que la Constitución y la ley ordenan y los respetamos. Existe un adagio que dice que el agua, el fuego y el poder son buenos y necesarios para vivir pero que esos elementos también pueden ‘matar’. Desde el día en que me posesioné como magistrado supe que llegaba a aprender y a realizar una labor. Hace poco sopesé lo ejecutado y entendí que los cinco años que había trabajado allí eran suficientes.
C.O.T.- ¿Por qué?
A.I.G.- Una magistratura que, compartida con los demás compañeros, se empeñó en el control social del fenómeno del paramilitarismo y su penetración en las esferas del poder; que vivió tantas incomprensiones y que más tarde contó con un vigoroso respaldo de la opinión; una magistratura a la que le correspondió contactar a los organismos internacionales para poder adelantar lo que estaba haciendo y en el ejercicio de la cual, por benevolencia de la sala plena fui presidente de la Corte en momentos tan álgidos como los que se presentaron en el país, está plenamente justificada y no debe ser mayor, en el tiempo, al que yo estuve.
C.O.T.- Esa época fue de conflicto entre las ramas ejecutiva y judicial. Ahora se viven aparentemente otros tiempos ¿Esto último, añadido a la circunstancia de que el 70% de los miembros de ese alto tribunal es distinto y parece menos autónomos, lo empujó a irse de la Corte?
A.I.G.- Es cierto que a la Corte de la que hice parte le tocó analizar y entender la realidad que se vivía en aquel momento. Pero no creo, como parece que está implícito en su inquietud, que lo que hoy se comprende como otra Corte vaya a cambiar de un brochazo la jurisprudencia que quedó sentada en nuestros diferentes pronunciamientos.
C.O.T.- Sinceramente ¿piensa que la Corte actual tiene el carácter de aquella que se le plantó al gobierno pasado?
A.I.G.- En mi discurso de despedida ante mis compañeros afirmé que aspiraba a que los valores y los principios que orientaron a la Corte anterior fueran los mismos de hoy, institucionalmente hablando. En momentos de barbarie, de dictadura, la magistratura tiene que ser de contención y en momentos de tranquilidad, un faro de referencia social.
C.O.T.- Permítame insisto en el tema: en los pasillos del Palacio de Justicia se dice que Augusto Ibáñez se retira porque se quedó solo.
A.I.G.- Un magistrado nunca se queda solo porque tiene muchos mecanismos para congregar a los otros compañeros de sala alrededor de la calificación y la conclusión de sus tesis. Si definitivamente no logra un consenso jurídico o ideológico, existe el llamado salvamento de voto. Repito que espero que la Corte siga con los derroteros de la interpretación social que hicimos en los años 2005 a 2009. Pero esa no es mi preocupación. Me inquieta, sí, que la reforma a la Justicia termine eliminando las facultades y funciones que le asignó la Constitución del 91 al tribunal supremo.
C.O.T.- Contrario a lo que usted opina, el actual presidente de la Corte ya dijo que estaba de acuerdo con esa reforma.
A.I.G.- Tal vez él se refería a que era necesaria y casi obligatoria a nivel internacional, la creación de la segunda instancia en los procesos de los congresistas. Sin embargo, está sin resolver la pregunta de si las fórmulas que se están planteando en ese y otros puntos, son las más convenientes para las instituciones. Por ejemplo, si la Sala Penal se transforma en lo que están proponiendo, se va a convertir en un escribano de las decisiones de otros o, peor, en un convidado de piedra frente al control social que hoy ejerce.
C.O.T.- ¿Por qué lo dice?
A.I.G.- En la reforma se planteó la idea de que se creara una sala de instrucción y una de juzgamiento cuyo origen fuera judicial y dentro de la propia Corte Suprema. También se dijo que la Sala Penal fuera la segunda instancia. Esa propuesta que no es exótica y existe en varios países, fue modificada después con la idea de que se le entregara la investigación a la Fiscalía y el juzgamiento a una sala por fuera de la Corte. La Constitución diseñó el equilibrio de poderes de tal manera que hubiera pesos y contrapesos y estableció que ese mecanismo podía ser rediseñado pero no cambiado en su esencia. Pero eso es lo que están haciendo.
C.O.T.- La disminución de las funciones de la Sala Penal ¿puede entenderse como un contragolpe por los juicios de la parapolítica?
A.I.G.- Nunca antes de 2007 hubo reparos a la labor de la Corte Suprema. Nadie se preocupó cuando las investigaciones se referían a injuria, calumnia, estafa o falsedad. Cuando se iniciaron las diferentes investigaciones contra los aforados, jamás hubo una queja ni mucho menos se habló de separar la etapa de investigación de la de juzgamiento. A nadie se le ocurrió tampoco proponer la segunda instancia porque los miembros del alto tribunal se veían como los mejor calificados del país y, en efecto, lo eran. El conflicto se suscita cuando la Corte encuentra los vínculos entre los paramilitares y el Congreso.
C.O.T.- Usted vivió aquella etapa ¿Qué pasó en materia de presiones a la Sala Penal?
A.I.G.- Empezaron todas las críticas: por el factor probatorio; porque se creía que los testigos estaban siendo pagados; porque supuestamente esos testigos estaban amparados por otros Estados; porque un solo juez no podía garantizar imparcialidad y porque no había quién asumiera la segunda instancia. Respecto de su pregunta anterior y para decirlo con claridad, están pretendiendo acabar con los procesos de la parapolítica.
C.O.T.- El argumento que han esgrimido los congresistas es que ellos no cuentan con las garantías procesales de los demás colombianos…
A.I.G.- Escuché decir a alguien que se están estableciendo tantas, tantas garantías y se están imponiendo tantos y tan difíciles pasos y procedimientos que el derecho se perderá. Suponga usted que se requieran unas modificaciones. Aplíquenlas para alcanzar el estándar pero hasta ahí. Si la reforma se aprueba como está hoy, se romperá una de las fortalezas de la Constitución, es decir, el control sobre los diferentes aparatos de poder.
C.O.T.- Ante esos hechos tan graves ¿no cree que los actuales magistrados deberían protestar? O ¿los silenciaron con el incremento del periodo a 12 años y la edad de jubilación a los 70?
A.I.G.- Pues esa inquietud se ha comentado públicamente. Hasta el día en que yo estuve en la Corte nunca se aprobó alguna disposición que tuviera que ver con ese tema, como ya le dije.
C.O.T.- Aunque no exista disposición escrita, la decisión de las cortes está tomada: aprobación de la reforma en silencio. No solo eso. Se sabe que magistrados de varias cortes están haciendo lobby en el Congreso para que les otorguen el ‘regalo’ de la ampliación del periodo ¿No queda mermada la dignidad de la Justicia y viciada su independencia?
A.I.G.- Me niego a aceptar que alguien haya estado haciendo lobby en el Congreso. Si fuera cierto, la Corte estaría viviendo uno de sus peores momentos. La ampliación del periodo y de la edad de retiro forzoso, que serían comprensibles para los magistrados del futuro porque entrarían con nuevas reglas de juego, se convertiría en un problema para quienes fueron elegidos para un periodo de 8 años.
C.O.T.- Lamento decirle que se sabe que varios magistrados de la Corte y del Consejo de Estado se han dedicado a ofrecerles comidas y cocteles a los congresistas para comprometerlos con esas ampliaciones ¿Esa es la rama judicial que la Constitución quiso diseñar?
A.I.G.- Repito que espero que no haya existido ninguna forma de lobby por parte de la Corte. También tengo que decir que no me consta, no lo he visto y no me gustaría saber que eso sucedió.
C.O.T.- ¿Opina, como lo piensan algunos juristas, que la modificación del periodo de los magistrados actuales sería inconstitucional?
A.I.G.- El legislador no puede cambiar el mandato constitucional de periodos establecidos por ocho años porque va en contravía del diseño que la Carta construyó. Y como no hay reelección para los magistrados, no se les puede ampliar el periodo por la puerta de atrás. En ese punto, hay que llamar a todos a la cordura.
C.O.T.- En medio de esta discusión, un magistrado del Consejo de Estado logró, mediante una tutela de dudosa legalidad que se le mantuviera su cargo a pesar de haber cumplido la edad de retiro ¿No es una vergüenza?
A.I.G.- Esa tutela es la demostración de que el debate actual sobre ampliaciones de periodo y edad de retiro lleva al caos institucional. Si se establecieron los 65 años como edad límite para permanecer en la actividad judicial y esta fue la regla al momento de la elección, debe respetarse. En mitad de la partida usted no se cambia, porque le conviene, de jugar ajedrez a apostar en tute.
“Cumplí con mis obligaciones sin cobardía”
Cecilia Orozco.- Entre otras razones, se ha dicho que su retiro anticipado de la Corte Suprema obedece a que usted sería incluido en la terna para Procurador ¿Aspira a ser postulado?
Augusto Ibáñez.- Para que una persona acepte un cargo o una postulación se requiere que primero se los ofrezcan. No he sido llamado por nadie para proponerme una candidatura a la Procuraduría y tampoco me quedaría bien hacer por mi cuenta tal solicitud.
C.O.- Usted estuvo sonando también para un cupo en una corte internacional hace un tiempo. Entonces se dijo que era imposible incluir su nombre porque eso significaría que Santos le declarara la guerra a Uribe ¿Cree que el expresidente se le atravesaría a una aspiración suya?
A.I.- No lo sé. Ejercí el cargo de presidente de la Corte Suprema en el momento en que me correspondió hacerlo, no con el fin de atacar a una persona en particular sino para cumplir con mis obligaciones con honestidad, sin cobardía y respetando el estándar de independencia judicial.
C.O.- Aunque se empeñe en contestar suavemente, no puede hacer caso omiso de las duras críticas que recibió del uribismo.
A.I.- Si por defender la autonomía judicial molesté a alguien, interpreto sus ataques solo como un detalle de fina coquetería.
“Lo que la fuerza no hizo, la simpatía lo logró”
C.O.- A tiempo con los magistrados, los congresistas van por lo suyo en la reforma a la justicia ¿Tienen alguna legitimidad las modificaciones a los mecanismos de investigación y juzgamiento para ellos mismos?
A.I.- Todavía no se sabe cómo quedará definitivamente la reforma en esos puntos pero en general se puede afirmar que el origen del nombramiento del juez no puede residir en quien puede ser su investigado. Lo que permitió que se desprestigiara el Consejo Superior de la Judicatura no fueron tanto las personas aunque ellas tuvieran muchos cuestionamientos, sino su origen político.
C.O.- ¿Cómo se puede comprender que el gobierno actual que se enfrenta en algunos aspectos al anterior, se empeñe en aprobar una reforma que le hubiera servido perfectamente a la administración pasada?
A.I.- Yo diría que lo que la fuerza no hizo, la simpatía lo logró. Sin embargo, ese no es un motivo de discrepancia mía con el actual gobierno. Debe aceptarse que las relaciones entre la rama judicial y el Ejecutivo mejoraron en un 100%. Pero esta discusión sí debe llevar a otra reflexión y es a la de examinar los cambios estructurales que se están proponiendo y a la de mirar si con ellos se protegerá o lesionará la Constitución.
Las demandas que deberá resolver el contencioso administrativo chocan en sus argumentos, pues una de ellas solicita que el período del fiscal sea de cuatro años. En otra se indica que debe ocupar el cargo hasta el 31 de julio del 2013.