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Alberto Rojas aspira de nuevo a la Corte Constitucional

El abogado Alberto Rojas Ríos, cuya elección como magistrado de la Corte Constitucional fue declarada nula por el Consejo de Estado en junio pasado, aspira nuevamente a ocupar ese cargo.

Así lo revela la lista de candidatos que se presentó ante la Sala de Gobierno del propio Consejo, para elegir a su sustituto. Entre los 41 nombres, también se destacan el de la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda y el de la secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, Martha Lucía Zamora.

Antes de la decisión definitiva, la Sala de Gobierno hará una preselección, con base en el estudio de requisitos de elegibilidad.

Cabe recordar que la elección de Rojas como magistrado fue anulada, porque se violó el artículo 45 del Reglamento Interno del Consejo de Estado (Acuerdo 58 de 1999), que exige una votación secreta.

De acuerdo con el fallo, cuando se produjo la elección, los magistrados que apoyaban la designación de Zamora y Alejandro Linares Cantillo (los otros dos integrantes de la terna) expresaron su respaldo a estas aspiraciones, poniéndose de pie.

La siguiente es la lista completa de los candidatos a la magistratura:

AMOROCHO MARTINEZ FABIO CESAR

AMPUDIA ASPRILLA LENIS GUSTAVO

AVILA ROLDAN MYRIAM

BOCANEGRA VARON ALFREDO

CANOSA SUAREZ PAULINA

CASTAÑEDA CURVELO MARTHA ISABEL

CEPEDA AMARIS JOSE ANTONIO

CERRA JIMENEZ LUIS EDUARDO

CLAVIJO GONZALEZ ALFONSO

JULIO ESTRADA ALEXEI EGOR

LANCHEROS GAMEZ JUAN CARLOS

LINARES CANTILLO ALEJANDRO

LIZARAZO OCAMPO ANTONIO JOSE

LOPEZ ROCA LUIS FERNANDO

MARQUEZ ESCOBAR CARLOS PABLO

MARTINEZ QUINTERO RICARDO

MARTINEZ SANCHEZ MAURICIO

MENDIVIL GUZMAN PEDRO GABRIEL

MERCHAN SOLANO MILTON

MONTES GIRALDO MARIO

MORALES ALZATE JHON JAIRO

ORTEGA CHAPARRO JOSE DEL CARMEN

PADILLA LINARES CERVELEÓN

PARRA DUSSAN CARLOS ALBERTO

PEÑA HUERTAS ROCIO DEL PILAR

PEREZ GARCIA MIGUEL ALBERTO

PINILLA COGOLLO RUBEN DARIO

QUINCHE RAMIREZ MANUEL FERNANDO

RAMIREZ CLEVES GONZALO ANDRES

RAMIREZ GOMEZ JUAN CARLOS

RODRIGUEZ PEÑARANDA MARIA LUISA

ROJAS RIOS ALBERTO

ROJAS ROMERO ROSA ISABEL

SANCHEZ ANGEL RICARDO

SANCHEZ HERRERA ESIQUIO MANUEL

SOTOMAYOR ACOSTA JUAN OBERTO

TRUJILLO HERNANDEZ MARIO

URREGO MORENO DEYANIRA CAROLINE

VARGAS DEL CAMPO JOSE RODRIGO

ZAMORA AVILA MARTHA LUCIA

ZAPATA PEREZ ANA MARIA

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti140909-04alberto_rojas_aspira_de_nuevo_a_la_corte_constitucional/noti140909-04alberto_rojas_aspira_de_nuevo_a_la_corte_constitucional.asp

Exigen incluir equidad de género en reforma política

En el Congreso de la República, en desarrollo de las primeras deliberaciones de la reforma política (equilibrio de poderes), las mujeres congresistas empezaron a hacer sus propias exigencias.

Dentro de las solicitudes hechas por las legisladoras está que se permita que el número de mujeres en las listas para los cargos de elección popular sea el mismo de los hombres.
La senadora Claudia López Hernández dijo que "está claro que si equidad de género no se exige por norma, siempre que puedan se la vuelan".

A juicio de la congresista verde, en el proyecto de equilibrio de poderes se deben exigir listas cerradas intercaladas entre hombres y mujeres para asegurar la equidad de género.

"Las Altas Cortes son las más discriminantes en equidad de género, en sus salas y postulados. Igual situación se presenta entre el Gobierno y las Farc en la comisión histórica", explicó.

La senadora señaló que en su ponencia del proyecto de la reforma política se incorporará el sistema 50-50 en las listas cerradas para los cargos de elección popular.

Este proyecto ha despertado gran interés en los círculos de opinión por algunos polémicos artículos; uno de éstos el que hace referencia al cambio en el mecanismo de elección del procurador para dejar la conformación de la terna sólo en manos del Presidente quedando prácticamente esa designación en manos de la Casa de Nariño.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/exigen-incluir-equidad-de-genero-reforma-politica-articulo-515505

Gobierno presenta proyecto de equilibrio de poderes a las altas cortes

Los presidentes de las altas cortes se reunieron hoy con representantes del Gobierno, para discutir acerca del proyecto de ley que busca garantizar el equilibrio de poderes.

El articulado de la reforma incluye elementos relacionados con el funcionamiento de la administración de justicia, como las facultades nominadoras de las altas cortes, el mecanismo de elección de los magistrados y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Además, establece el voto obligatorio; pide eliminar la reelección y, en su lugar, ampliar el periodo del Presidente de la República a seis años; propone ampliar el periodo de los congresistas por el mismo tiempo, y crea la circunscripción territorial para la elección de senadores.

Los magistrados de las altas cortes, cuyo periodo se ampliaría a 12 años, no podrían aspirar a otra alta corporación, ni a cargos de elección popular dentro de los seis años siguientes a su salida de la magistratura. Así mismo, se crearía el Consejo Superior Judicial, que administraría la rama, a través de un gerente.

La propuesta señala que los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar o postular a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Cabe recordar que, el mes pasado, el entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, entregó para revisión del Presidente de la República el borrador de reforma a la justicia que, por encargo del Ejecutivo, elaboró una comisión asesora de alto nivel.

Entre los principales objetivos de la propuesta está fortalecer el acceso a la justicia como derecho fundamental, así como el trámite de la acción de tutela, con la creación de jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a resolver estos asuntos. Ante la vulneración de cualquier derecho fundamental en sus fallos, se aplicaría la nulidad de la sentencia, añade la iniciativa.

El saliente funcionario afirmó que el proyecto garantiza recursos para que, en los próximos seis años, con la inversión de dos billones de pesos, se implementen los planes de descongestión necesarios y se realicen adelantos en tecnología e infraestructura.

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140901-09gobierno_presenta_proyecto_de_equilibrio_d/noti-140901-09gobierno_presenta_proyecto_de_equilibrio_d.asp?Miga=1

Elección de magistrados debe respetar principios de la función pública

En sentencia de unificación del pasado 15 de julio, la Sala Plena del Consejo de Estado declaró la nulidad de los actos de elección y confirmación de Francisco Javier Ricaurte Gómez como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, proferidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 13 y el 19 de noviembre del 2012, respectivamente.

Según el alto tribunal, las restricciones a la competencia para elegir previstas en el artículo 126 de la Constitución no se limitan a los vínculos de consanguinidad, maritales o de unión permanente entre elector y aspirante, sino que es necesario trascender la literalidad de la norma.

Una simple interpretación técnica, además de ser contraria al compendio axiológico del texto constitucional, traería consecuencias negativas en relación con la materialización del principio democrático y el equilibrio institucional, y desconocería la obligación de desconcentrar el poder y el ejercicio arbitrario, indicó la corporación.

En concordancia, el artículo 255 de la Carta Política prevé que los miembros del Consejo Superior de la Judicatura no pueden ser elegidos entre los integrantes de las mismas corporaciones postulantes, por lo que es necesario vigilar que la designación de los magistrados no recaiga entre quienes integran el órgano elector, pues se prestaría para un posible "yo te elijo, tú me eliges", advirtió la Sala.

Así mismo, se trata de preservar la autonomía de la Rama Judicial y de garantizar la libertad en el momento de elegir a los representantes de las distintas jurisdicciones en los órganos de dirección y administración de esta, asegurando la debida representación de la administración de justicia.

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