En 2006, la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCCV) presentó el primer informe sobre la percepción de los ciudadanos sobre aspectos de la calidad de vida de su ciudad. En un inicio, la encuesta se realizo solo en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín; en 2011 ya se había hecho en 5 ciudades más. Entre los aspectos que evalúa, resulta de gran importancia el porcentaje de ciudadanos que fueron victimas directa de un delito y decidieron denunciarlo ante las autoridades competentes. Esto nos permite acercarnos a conocer la “cifra negra” de la criminalidad, es decir, la diferencia entre los delitos cometidos y los registrados. Los resultados reportados por la RCCCV muestran que la tasa denuncia es desigual por ciudades y baja a nivel nacional.
En el año 2010, Medellín se ubicó en el primer lugar con una tasa de denuncia del 41%, seguido por Bogotá y por Cali con un 39%. En el último lugar, apareció Cartagena con un 23%. En el 2011, Bucaramanga área metropolitana (incluye Floridablanca, Girón y Piedecuesta) incrementó sorpresivamente un 36% su tasa de denuncia, ubicándose en el primer lugar con un 63%, seguido por Bogotá (45%) y Cartagena (33%). La tasa de Valledupar e Ibagué descendió 7%, mientras que para Barranquilla se produjo una alarmante caída del 12%. A pesar de este comportamiento diferencial entre ciudades, el promedio simple a nivel nacional se mantuvo constante y bajo en 35% para el 2010 y 2011.
El estudio muestra que las principales 2 razones del por qué la gente no denuncia son: falta de confianza en las autoridades y falta de pruebas. La ausencia de resultados en la investigación de crímenes, en especial de los delitos contra el patrimonio, hace que la gente desconfíe del sistema y que no vea ningún incentivo en hacer las denuncias. Sin embargo, en estos casos la víctima no debe hacer un juicio de conveniencia particular sino colectiva. Es probable que el ladrón del celular no aparezca, ni que el ladrón vaya a la cárcel, pero los datos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se pueden recolectar a partir de las denuncias, pueden ayudar a adelantar estrategias de prevención en las ciudades.
Además, constituye un insumo importante para el trabajo que adelantan las Unidades de Estructura y Apoyo de la Fiscalía que son las dependencias encargadas de investigar a las organizaciones criminales que pueden encontrarse detrás de este tipo de delincuencia. También colaboran con la labor realizadas por distintos observatorios del delito con los que cuentan varias ciudades. Asimismo, es de esperarse que una ampliación de la cultura de la denuncia venga acompañada por una reducción de ideas vengativas (algunas personas manifestaron en que ellos arreglaban por si mismos los problemas) y una reducción de la impunidad.
Por último, cabe aclarar que los bajos índices de denuncia no son exclusivos de Colombia. Según un reporte reciente de la ONU, en México, Bolivia y Ecuador el 92%, 85% y 80% de sus habitantes victimas de un delito prefirieron callar y no reportarlo ante las autoridades. Sin embargo, esto no justifica que solo el 35% de los colombianos acudan ante las autoridades competentes a denunciar los delitos. La política anti criminal pierde efectividad y potencial por no contar con la información proveniente de la “cifra negra” de la criminalidad.
