“Esta es una posición personal, no de la Sala”, aclaró Henríquez para quien el hecho de que casi todas las corporaciones hayan aceptado la procedencia de la tutela, esta sería la mejor salida. “Si por ejemplo hay una tutela contra una jurisdicción máxima (alta corte), podría pensarse en una manera de sesionar entre las dos corporaciones de manera que entre las dos se presentara una solución a las discrepancia”.
Otro de los temas de los que habló Henríquez estuvo relacionado con los problemas que atraviesa la justicia nacional, todo por cuenta del poco presupuesto que se tiene.
“Es hora de que el país tenga la justica como una prioridad”, consideró el magistrado, para quien es preocupante el problema de rezago en la administración justicia y de congestión.
La queja se presenta a pesar de que en este último presupuesto general de la Nación, se asignó uno de los mejores montos presupuestales, frente a los años anteriores, el mismo que fue aplazado en casi la mitad por cuenta de otros problemas que afectan al Estado.
“Por esto la Rama Judicial ha tenido que restringir proyectos como la descongestión de la justicia, a pesar de ser un tema central. Todo por cuenta de que los presupuestos para tal fin se han visto aplazados”, consideró.
“Nosotros tenemos un presupuesto de 1,8 billones de pesos, pero éste es destinado a cuestiones de funcionamiento, y no para inversión”, dijo Henríquez, al afirmar que esa suma está destinada a pagos de nómina, y de mantenimiento de los inmuebles y despachos, pero se ha descuidado la inversión que ahora reclama a gritos el sistema penal acusatorio, como las salas de audiencia del nuevo sistema penal acusatorio.
A los cuestionamientos hechos por Henríquez, se sumó el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres Corredor, quien recordó la importancia de que los esfuerzos presupuestales, relacionados con la administración de justicia, sean sostenidos para así poder cumplir los cometidos de este derecho.
