Los 353 jueces y funcionarios que laboran en el edificio Hernando Morales interpusieron una acción de tutela ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para pedir que los reubiquen, porque aseguran que las actuales instalaciones son muy peligrosas.
Los empleados pedían que se les protegiera su derecho a la vida, porque después del sismo que afectó gravemente al municipio de Quetame, Cundinamarca y alcanzó a sentirse en Bogotá, averió gravemente las instalaciones.
La Sala, con ponencia de la magistrada Julia Emma Garzón, amparó los derechos de los empleados, asegurando que el funcionamiento de los juzgados en esa edificación no sólo atenta contra la vida de los funcionarios judiciales, sino también de las cientos de ciudadanos del común que asisten diariamente allí.
“Todos los días se celebran en esas instalaciones un gran número de audiencias, y muchas personas acuden allí, eso sin tener en cuenta las grandes cantidades de papel que debe soportar la edificación. Los planos y estudios aportados en el escrito de tutela por los 353 demandantes, dan cuenta del peligro para la vida que es esa edificación”, indicó la magistrada Julia Emma Garzón.
Es por eso que ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que en un lapso de dos meses, reubique el centro judicial.
Esta no es la primera vez que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ordena a la Administrativa que haga algo por la infraestructura judicial del país. Ya en días pasados, con ponencia del magistrado Ovidio Claros, le ordenaron a la Administrativa que ubicara a todos los jueces que perdieron sus instalaciones después de que fuera puesta una bomba en el Palacio de Justicia.
El Espectador / 10 de febrero de 2009
