Más allá de la trascendencia de los cargos, y del poder de la Corte, en esta ocasión la elección despertó todo tipo de suspicacias y preocupaciones, pues está de por medio la reelección presidencial sobre la cual tendría que pronunciarse ese tribunal en caso de que el Congreso apruebe el referendo para reformar la Constitución y hacer posible la segunda reelección de Uribe.
Antes, los jefes del Estado gobernaban con el contrapeso de cortes escogidas previamente a su ascenso al poder, pero en esta oportunidad el presidente Uribe tenía la posibilidad de influir en los nombramientos, como en efecto lo hizo, al elaborar dos ternas que los críticos calificaron como “ternas de uno”, por la evidente falta de garantías para los otros integrantes. Así las cosas, si la reelección debilita el sistema de contrapesos establecido en la Constitución de 1991, una segunda reelección consecutiva los hace aún más frágiles.
Elección politizada
De ahí la sensibilidad que despertó el tema y las críticas en el sentido de que el proceso se politizó más que nunca, de que bajó el nivel de la Corte y de que el Presidente logró armar una a su medida. “Primaron más los intereses políticos que los jurídicos a la hora de escoger a los nuevos magistrados”, escribió el editorialista de El Espectador. Pretelt y Calle se suman a Mauricio González, ex secretario jurídico de la Presidencia, los tres muy cercanos al Presidente.
Hace cuatro años, el alto tribunal falló la constitucionalidad del cambio del ‘articulito’ que permitió la primera reelección, pero dejó en claro que solo por una vez. En esta oportunidad existe la sospecha de que la renovada Corte cambiará la jurisprudencia con el argumento de que, a diferencia de 2004, la reforma de la Carta fue propuesta por el constituyente primario -el pueblo soberano- y no por el Congreso.
Así podría inferirse de la entrevista que el presidente de la corporación, Nilson Pinilla, le dio a María Isabel Rueda para El Tiempo. El magistrado reconoció que cuando se altera el período de un servidor público se rompe el sistema de contrapesos y expresó su preocupación por la posibilidad de que un mandato se triplique, pero también dio algunas pistas cuando afirmó: “El interés del pueblo debe ser atendido (…) la misma Constitución -en su artículo 5º- dice que el poder soberano radica en el pueblo. Y eso tiene todas las consecuencias que de ahí se puedan derivar”.
Las críticas no solo fueron para el Presidente y sus “ternas de uno”. A la Corte Suprema le han cuestionado que a la hora de elaborar su terna, los magistrados pensaron más en la defensa de los intereses de la corporación que en la salvaguardia de la Constitución. Por eso escogieron ex magistrados del alto tribunal, como Nilson Pinilla, Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva, en el entendido de que podrían jugar un papel clave en temas como la tutela contra sentencias, que han enfrentado a la Corte Suprema con la Constitucional.
En lo que tiene que ver con los candidatos que provienen del Consejo de Estado, todos son cercanos al ex procurador Edgardo Maya. Juan Carlos Henao, experto en contratos administrativos, fue procurador delegado de Maya; Eduardo Mendoza Martelo, ex consejero de Estado, también es cercano al ex Procurador, y Humberto Sierra Porto es amigo de Maya y fue procurador delegado de su Administración. Es el único que hizo parte de la primera Corte en el 91, como magistrado auxiliar judicial de Fabio Morón.
¿Cambiará la nueva Corte Constitucional la jusrisprudencia de las dos anteriores? ¿Se inicia una etapa en la que el criterio conservador rectificará el espíritu garantista de los últimos 17 años? ¿Será independiente del Gobierno? Es prematuro anticipar respuestas pero las especulaciones apuntan a que hay una mayoría gobiernista de 5-4 e incluso de 6-3, según el tema, y que el núcleo oficialista lo conforman Calle, Pretelt y González.
Los críticos de la nueva Corte consideran que los nuevos magistrados tienen un perfil bajo si se les compara con sus antecesores. No hay nombres con los reconocimientos académicos de Carlos Gaviria, Eduardo Cifuentes, Ciro Angarita, José Gregorio Hernández, Alejandro Martínez y Jaime Sanín (q.e.p.d.) de la primera Corte, elegida en 1991. Tampoco como los de Jaime Araújo, Clara Inés Vargas, Alfredo Beltrán, Manuel José Cepeda y Jaime Córdoba, del grupo de magistrados que acaban de ser reemplazados.
La tercera Corte, la nueva, tendrá siete años para demostrar su idoneidad, y sobre todo su independencia en caso de que el presidente Uribe repita mandato por tercera vez. Serán sus fallos y sentencias los que hablen por ella. Pero uno en especial marcará su papel en la Historia y determinará su línea jurisprudencial: el fallo sobre el referendo que ya se da por aprobado. Con él la Corte se juega su prestigio.
Cambio/ 02 de abril de 2009
