El dirigente destacó el papel de la Judicatura frente al proyecto que impulsa el Ejecutivo en torno a la transformación del aparato jurídico del país.
“El Consejo Superior de la Judicatura ha dicho algo que es pertinente: hay que respetar la autonomía de la administración de justicia y, por lo tanto, cualquier reforma que se pretenda hacer debe contar, al menos, con el conocimiento previo de quienes administran justicia”.
En diálogo con ElEspectador.com, Gaviria Díaz repudió que excesos como esos se hayan extendido a otro tipo de procesos, como el referendo reeleccionista y dijo que “en un Estado Constitucional de derecho, la voluntad popular tiene que expresarse de manera legítima y de manera legítima significa que sea de acuerdo a las normas”.
En ese sentido, criticó la postura que ha tenido la Procuraduría General de la Nación que, pese a que ha reconocido varias de las irregularidades que se han producido a lo largo de todo el proceso de aprobación, las ha minimizado, considerando que es la voluntad popular la que debe primar, incluso, por en cima de las normas.
“Hay demasiadas irregularidades y la mayor es que el procurador diga que no hay irregularidades o que estas no valen la pena. Me parece además que es una incongruencia que el jefe del Ministerio Público diga que no hay Ley de Garantías vigente, porque aquella era para la primera reelección, pero que el presidente debe acogerse generosamente y benévolamente a ella”, puntualizó.
