Los congresistas responsables dicen que el deber constitucional es “darle trámite” a la polémica iniciativa.
Pese al ambiente político a la contra, y la negativa del gobierno a acompañar esa iniciativa, los congresistas que dirigirán los debates anuncian plenas garantías a quienes impulsan la Constituyente.
Karime Mota (la U) fue elegida presidenta de la Comisión Primera del Senado. En las primeras declaraciones que le concedió a Semana.com se refirió al complejo tema de la convocatoria a una Asamblea Constituyente, propuesta que están impulsando dos congresistas de su mismo partido, el senador Juan Carlos Vélez y el representante Miguel Gómez.
Mota dijo que de radicarse ambos proyectos, su deber constitucional es “darle trámite” a la iniciativa. Por eso se comprometió a ofrecer “plenas garantías” a los autores de la iniciativa, y dejó en manos de las mayorías del parlamento la decisión de convocar o no a una Asamblea Constituyente, como Vélez y Gómez lo proponen.
Gustavo Puentes (Partido Conservador), recién elegido presidente de la Comisión Primera de la Cámara, también se comprometió a ofrecer todas las garantías para la discusión.
En ese sentido, los proyectos de convocatoria a una Constituyente, que no cuentan con el respaldo del gobierno, ocuparán buena parte de la atención de la agenda de la tercera legislatura.
Otra cosa es si ambas iniciativas, una ya fue radicada en la Cámara de Representantes, tengan o no ambiente político favorable.
De momento arrancan con el pie izquierdo. Porque aunque los partidos políticos no han definido de forma oficial sus posturas, si se puede advertir dos bloques diferenciados.
Partidos políticos como el Liberal, Cambio Radical, el Partido Verde, el PIN, y el Polo Democrático se opondrán al proyecto. Mientras que en La U y el Partido Conservador la división de opiniones es evidente.
Porque en La U la iniciativa de Vélez Uribe es vista con buenos ojos por algunos de sus copartidarios. Por ejemplo, el senador Manuel Enríquez Rosero comparte la postura de que la reforma a la Justicia es urgente y está demostrado, desde el gobierno del presidente Julio César Turbay, que el Congreso no es el camino para adelantar esa reforma. “Las condiciones por las que el presidente Santos calificaba de urgente la reforma a la Justicia no han cambiado. Y esa reforma es imposible hacerla por la vía del Congreso”.
Karime Mota controvierte e insinúa que detrás de los proyectos de Constituyente está la polarización entre Uribe y Santos. “No se si ese sea el verdadero objetivo de la Constituyente”. La nueva presidenta de la Comisión Primera del Senado considera que el Congreso sí es el camino para hacer las reformas, pero con debates más profundos y con mayor tiempo. Mota también reflexiona sobre los costos que le supondría al Estado colombiano una Asamblea Constituyente de 50 miembros, como lo propone el senador Vélez, e integrada por personas con calidades de magistrados, le va suponer un costo administrativo elevado.
En el Partido Conservador tampoco se ha definido una postura, pero hay voces internas que respaldan la iniciativa, y otras que por lo meno no la descartan.
Por ejemplo, el representante a la Cámara Heriberto Sanabria califica la Constituyente como una buena idea, sólo si se concentra en reformar la justicia.
El senador Hernán Andrade, vocero del Conservatismo en el Senado, dice que en política “nada se descarta”. Asegura que el Congreso no ha sido el camino para reformar la Justicia, por lo que se compromete a analizar el Camino.
Andrade ve difícil el debate, porque considera inconveniente hablar de Constituyente cuando está tan cercano el debate electoral del 2014. Pero advierte que los escenarios donde haya participación ciudadana, como es la Constituyente, “siempre son bienvenidos”.
Guillermo García Realpe, vicepresidente del Senado, y miembro del Partido Liberal ya anunció su voto negativo a esas iniciativas, pues considera que detrás está la intención de un tercer periodo presidencial de Álvaro Uribe. “Si el Congreso cumple su función reformadora y legislativa no hay necesidad de una Constituyente”.
Carlos Fernando Motoa, vocero del partido Cambio Radical en el Senado, dice que una Constituyente “es inoportuna e innecesaria”, y que la situación política actual, tras la crisis de la reforma a la Justicia, no permite esa convocatoria.
Alfonso Prada vocero del Partido Verde en la Cámara de Representantes prefiere pronunciarse “solo hasta que la bancada lea juiciosamente el proyecto”, pero advierte que la crisis institucional no pasa por la solución de la Constituyente.
Su homologo en el Senado, el parlamentario Jhon Sudarsky, dice que la raíz de la crisis institucional es el actual sistema electoral donde los ciudadanos no tienen cómo exigirles a los parlamentarios que eligen.
Una Constituyente, para Sudarsky, tiene otras intenciones, y es “abrirle la puerta a un nuevo periodo presidencial de Álvaro Uribe y yo, personalmente, estoy en contra de esa posibilidad, porque consideró que Álvaro Uribe es la madres de muchos de los problemas institucionales del país”.
Para el presidente del PIN, senador Edgar Espíndola, una Constituyente desestabiliza al Estado, por lo que califica este proyecto de inconveniente para el país.
Las dos tendencias del Polo Democrático también se oponen a la Constituyente. El senador disidente Jorge Guevara considera que la salida a la crisis está en manos de los ciudadanos, “quienes tienen que aprender a votar u elegir un Congreso digno”. El representante Germán Navas, del oficialismo del Polo, prefiere utilizar las mismas palabras que Santos le dijo al Congreso, “una Constituyente se sabe cómo empieza, pero no cómo termina”, y advierte que el único ciudadanos que está reclamando esa Asamblea es el expresidente Álvaro Uribe. “Por algo será”, afirma.
