Según la investigación, la esposa del oficial integraba una red que captó casi 700 millones de pesos, bajo la promesa de ubicar en el exterior a las personas en condición de desplazamiento. Al parecer, ella les ofrecía asilo político y empleo en España y Canadá.
Las autoridades lograron establecer que 360 personas iban a aceptar la propuesta de la esposa del oficial y vendieron todas sus pertenencias para poder cumplir con las exigencias que ella les hacía en dinero.
Ella había sido condenada el 22 de abril de 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de estafa y concierto para delinquir agravados, y se ordenó que además de cumplir con la pena, pagara una multa de 44 salarios mínimos mensuales vigentes. Esta misma orden fue ratificada por la Sala de Casación Penal.
En la red que trabajaba Acosta Acosta, también participaron dos oficiales de la Policía, como su esposo, el mayor Sánchez y el coronel Luis Guevara, quien oficiara como Comandante de la Policía de Carreteras. Gracias a una investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, en 2007, se puso en evidencia el marco de operaciones de esta red que, según los operadores de justicia, alcanzó a efectuar estafas entre 1 y 47 millones de pesos.
La condenada se hacía pasar como diplomática canadiense, para obtener los dineros y exigir documentos a las víctimas, simulando gestionar las diligencias pertinentes para asegurar el asilo y trabajo a sus incautos clientes, la mayoría de los cuales eran familias desplazadas por la violencia.
