En este balance la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) resalta la difícil situación por la que atraviesa el Sistema Penal Acusatorio (SPA) luego de sus primeros siete años de implementación y que puede sintetizarse así: casi un millón y medio de noticias criminales acumuladas en la Fiscalía en 2010, un hacinamiento carcelario del 33% y cerca de un 50% de ciudadanos que cree que la probabilidad de que un delincuente sea capturado es baja o muy baja. DESCARGUE EL INFORME COMPLETO AQUÍ
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Como causas principales de este negativo balance la CEJ destaca las siguientes:
Malas prácticas judiciales
El abuso de las suspensiones y aplazamientos de las audiencias orales y la lectura de las intervenciones en las mismas, la elaboración de programas metodológicos “a formato” que no están orientados a la resolución del caso en concreto, la falta de filtros de las denuncias por conductas que no constituyen delito y la deficiente aplicación del principio de oportunidad son algunas de las principales razones que han afectado la eficiencia del sistema. En materia de garantías, se ha observado una flexibilización de la prevalencia de la libertad como principio rector del sistema, lo que se manifiesta en la tendencia por solicitar medidas de aseguramiento.
Cambios normativos
El sistema inicial ha sido modificado de forma fragmentada a través de las leyes 1142, 1098, 1121, 1312, 1395, 1453 y 1474; normas que han estado orientadas a la reducción de garantías de los procesados, al recorte de beneficios por aceptación de cargos, a la creación de nuevos delitos y al aumento de penas. En enero del presente año, el Gobierno anunció que se presentaría una nueva reforma al sistema acusatorio, lo que resulta cuando menos extraño si se tiene en cuenta que la última modificación se realizó en junio del año anterior.
Sin embargo, lo grave no es la existencia de estos cambios normativos, sino el hecho de que estos se adopten para reemplazar medidas de gestión y presupuestales que no se han puesto en marcha y el hecho de que estas leyes se aprueben una tras otra, sin dar un compás de espera para evaluar sus resultados.
Presupuesto
La falta de personal y de medios para la realización de la actuaciones investigativas, la insuficiencia de laboratorios, las deficientes condiciones de las sedes judiciales y los bajos salarios de peritos e investigadores, son algunas de las dificultades ponen a la administración de justicia en incapacidad de cumplir con las expectativas ciudadanas respecto de la lucha contra la criminalidad.
Visión de la CEJ
Para la CEJ la adopción del sistema penal acusatorio constituye un gran avance en las instituciones penales colombianas que no debe reversarse, por ser este un esquema mucho más garantista, transparente y con mayores posibilidades de eficiencia que el sistema anterior. Sin embargo, sus resultados no han sido los mejores, no tanto por causa de su diseño inicial, sino por las falencias cometidas por el Estado en su implementación. Por ello, considera que es hora de que las autoridades se sinceren y expresen con claridad si se va a ratificar el compromiso para que la reforma salga adelante, o si se va a seguir avanzando en lo que parece un desmonte paulatino y sigiloso del sistema acusatorio.
De ratificar este compromiso, será necesario un plan de choque que comprometa a todas las entidades para corregir los obstáculos presupuestales y de gestión que han impedido que se potencialicen algunos logros obtenidos por la reforma , entre ellos, la sustancial reducción de tiempos procesales, que pasaron de un promedio general de 890 a 120 días; y la notable disminución de los costos promedio de los procesos penales, que pasaron de $1.018.805 en la ley 600, a menos de $500.000 en el sistema penal acusatorio.
Debe tenerse en cuenta que el SPA es un referente para la puesta en marcha de la oralidad a la que apuntan reformas de hondo calado que están próximas a implementarse, como el nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y el nuevo código general del proceso. Por ello, si el país no fue capaz de sostener el modelo oral del SPA, sería conveniente aplazar la puesta en marcha de estos nuevos cambios procesales.
