Entre otras cosas, porque los delitos de lesa humanidad, como quieren enmarcar el del inmolado líder, fueron tipificados en Colombia mediante la Ley 599 del 2000, once años después del asesinato del dirigente liberal, y las normas no aplican de manera retroactiva.

No obstante, la familia Galán se aferra a la esperanza de que la Fiscalía, con una tesis que avaló la Procuraduría, lleve este crimen a la condición de lesa humanidad para evitar que quede impune.

El senador Juan Manuel Galán, hijo del dirigente asesinado, señaló la importancia de que la Fiscalía siga sustentando la tesis de la lesa humanidad para evitar la prescripción.

“Eso abriría la puerta para seguir investigando y que este no sea un homicidio más, sino que se enmarque en el contexto del exterminio de la cúpula del Nuevo Liberalismo, como movimiento político, que fue declarado objetivo militar de la agenda contrainsurgente de paramilitares, narcotraficantes y sus aliados políticos”, manifestó el senador.

“Es un argumento forzado”

El País consultó con altos funcionarios de la Fiscalía y ex miembros de la entidad sobre la posibilidad de que el magnicidio pueda ser considerado un crimen de lesa humanidad.

Para el ex vicefiscal Francisco José Sintura no existe un sustento legal que impida que prescriba el caso y ve poco probable que el argumento del fiscal del caso prospere.

“Veo muy poco probable que exista una argumento jurídico para evitar la prescripción porque aducir que se trató de un magnicidio, porque fue una unidad de designio criminal enderezada a exterminar al Nuevo Liberalismo por los atentados a Enrique Parejo, Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán, es un argumento demasiado forzado”, dijo Sintura.

Lo que el ex vicefiscal sí considera apropiado es que la misma Fiscalía “compulse las copias necesarias para investigar a quienes en estos 20 años permitieron la impunidad en este delito”.

Desde hoy el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cambiará su nombre por el de Luis Carlos Galán Sarmiento. Así lo determinó la plenaria de la Cámara de Representantes como homenaje al caudillo.

Un alto funcionario de la Fiscalía General, quien habló bajo la reserva de su nombre, indicó que es necesario hacer todo lo posible para evitar que el magnicidio prescriba, “pero eso es más un sentimiento que una realidad jurídica”.

“No veo cómo extender la norma. Jurídicamente hablando, los imprescriptibles figuran en la legislación internacional, no en la justicia colombiana”, dijo el funcionario.

Contrario a ellos se manifestó el también ex fiscal Alfonso Valdivieso, quien además es primo del asesinado líder. Aunque reconoce que es difícil enmarcar el caso Galán como un delito de lesa humanidad, cree que aún existe una posibilidad.

“Si bien la legislación fue posterior al magnicidio, pienso que la discusión puede basarse en que para la fecha de la muerte de Galán, Colombia había firmado varios tratados y acuerdos internacionales que consagraban como imprescriptibles los delitos de lesa humanidad”, argumentó Valdivieso.

El fiscal general (e), Guillermo Mendoza, aclaró que sólo el fiscal del caso tiene la decisión de que la muerte quede impune o siga el proceso.

Las estrategias

Pese a las dificultades que enfrenta el proceso, a menos de una semana de prescribir, como lo establece el Artículo 80 del Código Penal, los abogados y la familia Galán estudian los posibles escenarios para evitar que el caso entre a la larga lista de asesinatos impunes que hay en Colombia.

Esa esperanza se centra en que la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de casación por la liberación de Alberto Santofimio, considere la posibilidad de declarar el magnicidio como un delito de lesa humanidad. Lo mismo puede suceder en el Tribunal Superior de Cundinamarca, cuando se resuelva la apelación por la absolución del teniente Carlos Humberto Flórez. El último recurso, que considera la familia, es acudir a instancias internacionales.

Cabe anotar que de prescribir la investigación por la muerte de Galán, seguirán abiertos los procesos contra los implicados en el hecho, toda vez que los 20 años para el cese del proceso se cuentan desde la fecha en la que se dictó resolución de acusación.

Con relación a las nuevas investigaciones, y en las cuales no existe aún tal resolución, como el caso del general (r) Miguel Maza Márquez, también prescriben con el caso.

“Acudiríamos, si no hay posibilidad, voluntad o capacidad de las instituciones de justicia en Colombia de juzgar el crimen de mi padre, a todas las instancias internacionales”, indicó el senador Galán.

Sin embargo, en esa instancia sólo se investigaría al Estado por haber permitido a través de la Rama Judicial la prescripción del delito, mas no para buscar a los autores del hecho porque son cortes sin jurisdicción en el país.