La justicia, ¿talón de Aquiles de nuestra democracia?
Más que oralidad y descongestión
Pocos se atreven a hablar de la reforma que plantea inhabilidades, prohíbe saltar de corte en corte, exige calidades y propone impedimentos para acabar con el nepotismo en la Rama Judicial.
El banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo puso el dedo en la llaga: “La justicia en Colombia es tremendamente ineficiente e ineficaz. Aquí no hay justicia”, le dijo en una entrevista a Yamid Amat. Luego, en el transcurso de la semana, antecedida por una feroz arremetida de las altas cortes durante el primer debate en la Comisión Primera del Senado y la posición de algunos legisladores con procesos investigativos en curso ante la Corte Suprema de negarse a votarla, el presidente Álvaro Uribe tomó la decisión de retirar la reforma a la justicia presentada hace poco al Congreso.
Se frustraba así el objetivo, según había dicho el mismo Primer Mandatario, de tener una justicia “pronta, eficaz, fluida, cordial y armónica”, es decir, al menos en palabras, las soluciones al problema que sobre la mesa había puesto Sarmiento Angulo. Sin embargo, para otros fue motivo de regocijo y un revés para el Gobierno en su intento de torpedear la labor de la Corte Suprema en sus investigaciones de la parapolítica. Y mientras unos y otros polemizan, la impunidad sigue rampante, los procesos duran cinco y hasta diez años en los despachos judiciales y muchas de las leyes aplican sólo para los de ruana.
Se habla entonces de la necesidad de más jueces para descongestionar esos despachos y de implantar la oralidad en todas las jurisdicciones. El presidente Uribe dice que la meta es quedar al día en 2010. Propuestas van y vienen, unas se aplauden, otras se resisten porque, según la oposición, lo que quiere el Gobierno es meter un “gol”, amparado en la recién declarada conmoción interior. Pero la reforma de fondo, aquella sobre la que unos pocos se atreven a hablar porque toca los altos estrados, plantea inhabilidades, prohíbe saltar de corte en corte, exige calidades y propone impedimentos para acabar de una vez por todas con el nepotismo en la Rama Judicial, vuelve a quedar en el olvido.
“Aquí lo que se da son unos cruces de supuestos favores, tanto en la Rama Judicial como en la Ejecutiva y la Legislativa. Por ejemplo, el Procurador ayuda a los magistrados y éstos le nombran a un familiar”, dice el ex vicefiscal Francisco José Sintura. Por su parte, el abogado y ex funcionario judicial Jesús Albeiro Yepes se adentra en el terreno de la provisión de cargos: “El tema de fondo es la estabilidad de quien no puede ser manipulado. Cuando Estados Unidos hizo su Constitución, se preocuparon por cómo garantizar una justicia digna e independiente de los demás poderes públicos y partieron de la premisa: quien controla la subsistencia de un hombre, controla su voluntad”.
En este sentido, Yepes cree que si sobre un juez se puede ejercer poder para aplicarlo o moverlo de su cargo, ese es un juez temeroso, que no se siente seguro, ni independiente, ni garantiza la imparcialidad para un ciudadano. “Los americanos les dieron a los jueces dos garantías: la primera, que son nombrados para siempre y sólo pueden salir de sus cargos por mala conducta o por la comisión de un delito; y la segunda, un salario blindado contra toda forma de inflación o pérdida de poder adquisitivo. Un juez así no puede ser amenazada por los demás poderes públicos o privados. El tema no es quién elige, sino para qué elige y en qué condiciones”, enfatizó.
Y en materia de inhabilidades e impedimentos, hay quienes creen que se hace urgente y necesario establecer un régimen severo que les dé a los magistrados de las altas cortes mecanismos económicos y jurídicos sólidos para que cuando terminen sus períodos, se les impida salir a litigar ante los organismos que pertenecieron. El senador liberal Héctor Helí Rojas considera, por ejemplo, que precisamente uno de los problemas actuales tiene que ver con el hecho de que cuando un magistrado cumple su período, hace todo lo posible para que sus amigos o auxiliares lo reemplacen. “Por eso hay que evitar que quienes litiguen lo hagan ante jueces amigos o familiares”, explicó.
Jaime Horta, presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, considera, por su parte, que se debería impedir el trasteo de magistrados de una corte a otra. “Uno, porque se corre el riesgo de burocratizar la justicia, y dos, porque lo más conveniente es la oxigenación en esas corporaciones”. Pero además, Horta reconoce que si bien la politización de la justicia ha disminuido, increíblemente aún subsiste en algunas entidades el bipartidismo. Por cierto, en este tema de la politización del sector, Francisco José Sintura pone dos ejemplos: “Cuando el fiscal Alfonso Valdivieso se lanzó a la Presidencia y Alfonso Gómez Méndez como precandidato”.
Claro que también hay quienes consideran que no se necesita ninguna reforma, sino simples ajustes. Como Gloria Borrero, directora de la Corporación Excelencia de la Justicia, quien indicó que si bien la justicia colombiana tiene sus cosas buenas y malas, no se puede decir que elementos como la tutela no funcionan y que no existe independencia.
“Hacer una reforma profunda sería un embeleco. Lo que se necesitan son ajustes, hacer que la justicia sea una política de Estado, exigirles productividad a los jueces y darle recursos que la hagan pronta, cumplida y a la que todos puedan acceder”, manifestó. A su vez, el hoy senador y ex ministro de Justicia Parmenio Cuéllar dice que “lo que se necesita es más plata para modernizar las oficinas judiciales, los computadores, la tecnología que deben tener los despachos y mejorar los números de funcionarios. En esencia el problema de la justicia es presupuestal”.
Con el retiro de la reforma el pasado martes, el presidente Uribe perdió espacio para maniobrar y las cortes ganaron un round en el pulso por mantener lo que hoy tienen. Pero el recorrido es largo, más aún cuando se sabe que a comienzos del próximo año se vendrá el relevo de seis magistrados de la Corte Constitucional y que el primer Mandatario puede quedar allí con mayorías para meter mano y buscar ese aire reformador que mueva cimientos y que, más allá de la oralidad o la descongestión, desemboque en un tatequieto en materia de inhabilidades e impedimentos. ¿Estará el país, judicial y político, dispuesto a dar ese paso?
Una tarea inconclusa
Adelantar una reforma a la justicia ha sido una de las tareas que no ha podido cumplir el presidente Álvaro Uribe a lo largo de sus más de seis años de mandato. En varias discursos, el Primer Mandatario ha dado pincelazos de lo que le gustaría reformar. Lo más concreto lo dijo durante la instalación del Congreso el 20 de julio de 2006, cuando señaló que con proyectos de reforma constitucional, ley estatutaria y ley ordinaria, según las materias, su gobierno presentaría unas propuestas modificatorias para mejorar la justicia.
“Estarán enmarcadas en el respeto a su autonomía, la protección efectiva de los derechos fundamentales, la seguridad jurídica del ciudadano, el principio de celeridad, la solución integral y eficaz de las pequeñas causas, la defensa de la seguridad ciudadana, inseparable de la seguridad democrática”, explicó.
Ese día defendió la tutela, planteó la extensión a otras jurisdicciones de la oralidad e insistió en la penalización del consumo de la dosis personal de drogas alucinógenas.
“No se descarta otra reforma”
En diálogo con El Espectador, el viceministro de Justicia, Gilberto Orozco, reconoció la posibilidad de que el Gobierno insista en la presentación de una nueva reforma a la justicia.
¿Qué viene ahora, después de las primeros decretos de la conmoción interior?
El Presidente ha trazado una línea para que podamos ofrecer a la sociedad una justicia al día. Estamos estudiando un proyecto de decreto legislativo para regular lo que tiene que ver con el arancel judicial, donde se harían excepciones muy puntuales al principio de la gratuidad de la justicia y con ellos se arbitrarían recursos para la propia Rama. También se estudia un acto legislativo para implementar medidas concretas que apunten a la descongestión en la jurisdicción civil, laboral y contenciosa administrativa.
¿Por qué fracasó la reforma a la justicia?
Es conocido por la opinión pública que fue por los impedimentos que expresaron los senadores. No fue por deficiente, ni tampoco por la protesta de los trabajadores de la Rama Judicial.
¿Por qué es imposible sacar adelante un proyecto que proponga una reforma a la justicia?
Sólo puedo hablar de la presente e insisto en que el retiro fue por razones personales de los senadores, en la medida en que estaban investigados por la Corte Suprema.
¿En los decretos de conmoción hay algunos que apunten a combatir la politización de la justicia?
No se tocan para nada ninguna de las propuestas contenidas en el proyecto del acto legislativo.
¿El Gobierno descarta volver a presentar otra reforma?
Realmente no. Lo que estamos trabajando es por la justicia, para hacerla más eficaz, y no se descarta alguna medida que se pueda traducir en ley para lograr ese objetivo.
El Espectador / 20 de octubre de 2008
