La comisión de reforma a la justicia -creada por decreto, con la coordinación del ex presidente de la Corte Suprema José Alejandro Bonivento- acaba de acordar varias recomendaciones que serán sometidas a consideración de las salas plenas de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y del Gobierno Nacional. Así lo revela el presidente encargado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla.
La comisión recomienda volver a crear el Ministerio de Justicia, eliminar la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, “por haber desviado su finalidad constitucional”, y decretar una emergencia para hacer frente a la congestión judicial. También, que el Fiscal sea escogido por el Presidente, de una lista de seis candidatos que le envíe la Corte Suprema, y no al revés, como hoy ocurre.
Arrubla, quien aspira a ser elegido presidente en propiedad, se queja de “los insultos del presidente Uribe” a ese tribunal, y propone un acuerdo entre los dos poderes.
¿Cómo sigue su salud?
Muy bien. Me sometieron a una revasculación coronaria, que tradicionalmente conocemos como un bypass.
¿Ha sufrido del corazón?
Nunca.
¿La Corte ha sufrido del corazón?
Tampoco.
Pero no parece que el corazón de la Corte funcione con el presidente Uribe…
El corazón de una corte tiene que estar siempre cerca de la constitución y de la ley.
¿Acaso el Presidente se ha apartado de ese camino?
No. Tal vez no hemos estado muy sincronizados.
¿Por qué la opinión tiene la creencia de que la Corte Suprema no quiere al Presidente?
Han ocurrido episodios de distanciamiento, pero le aseguro que si el Ministerio de Justicia existiera, no habríamos llegado a lo que hemos visto en estos años, porque los ministerios cumplen la función de vehículos de comunicación.
¿El Presidente rompió la comunicación con la Corte?
No la rompió, la polarizó. Presentó una denuncia penal, puso un tono de enfrentamiento y llegó a términos innecesarios e injustos. Un Ministro de Justicia habría sido catalizador de polarizaciones.
¿Acaso no hay Ministro de Justicia?
Hay más Ministro del Interior. ¿Quién duda de que Fabio Valencia es uno de los grandes políticos de este país?
¿Hay que volver al Ministerio de Justicia?
Estoy convencido. El Ministerio del Interior es el ministerio de la política, de la componenda en un buen sentido, porque toda la política es una transacción permanente. En cambio, el Ministerio de la Justicia es el de la razón, de la argumentación; allí no hay transacciones, hay convencimientos. Falta ese puente de comunicación. Cuando existía el Ministerio, si el puente se rompía, el Presidente cambiaba al ministro, pero no salía a insultar a la Corte o a sus presidentes.
¿A insultar?
Decirle a un presidente de la Corte que es un mentiroso, eso no es pertinente. No se puede llevar el enfrentamiento a ese nivel.
¿El daño es irreversible?
No. Es reparable y los 100 días que le quedan son suficientes para llegar a acuerdos y dejar todo en paz.
¿Cómo?
No tiene por qué haber vencedores y vencidos. Prima el interés general del Estado y podría buscarse la forma de llegar a un entendimiento.
¿Sobre qué?
Hay dos cosas concretas que están en el Congreso: una denuncia contra el doctor Yesid Ramírez, promovida por el ex alto consejero para la Paz Luis Carlos Restrepo, y otra del Presidente contra el doctor César Julio Valencia. ¿A qué tienden esas cosas? Al doctor Yesid Ramírez lo calumniaron.
¿Y el entendimiento sería retirar las dos demandas?
Sí, en aras del interés general del Estado, sin que discutamos quién tenía la razón.
¿Eso podría conducir, por ejemplo, a la elección del Fiscal?
No, eso no tiene nada que ver. La elección del Fiscal ha tenido unas vicisitudes propias.
¿La no elección del Fiscal no es producto del distanciamiento?
Para nada. La Corte ha dicho que el Fiscal debe ser una persona idónea, con conocimiento de la labor administrativa que implica la Fiscalía, que maneja 1 billón 300 mil millones de pesos y 22 mil personas, y que debe tener destrezas para intervenir en un proceso penal.
¿Por qué cree que el Presidente se ha negado a incluir un penalista en la terna?
Esa es una buena pregunta para el señor Presidente.
¿Las relaciones entre la Corte y el nuevo Presidente van a ser distintas?
La Corte, independientemente de quien sea el próximo Presidente, seguirá cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales, moleste a quien moleste.
¿Aspira a seguir en la presidencia de la Corte?
Sí, aspiro.
¿La vinculación que tuvo con el presidente Pastrana afecta su aspiración?
Para nada. Soy su amigo y mantengo la misma independencia que el presidente Pastrana me dio cuando fui su secretario jurídico.
¿El reciente fallo de la Corte Constitucional contra la reelección liberó la política?
La Corte cumplió a cabalidad su función de la guarda íntegra de la Constitución. Usted vio cómo todos los procesos políticos que estaban en suspenso afloraron. Eso es conveniente en un país: que la política emerja.
Hay quienes dicen que se salvó nuestra democracia. ¿Así lo cree?
En lo personal, sin comprometer a la Corte, me gustó el fallo. Lo dije hace más de ocho años, cuando no era magistrado, en una columna: democracia es renovación. Y es bueno mantener el equilibrio de pesos y contrapesos. Yo soy partidario de que en las democracias las reelecciones sean mínimas.
¿Ha asistido a las reuniones de la comisión de la reforma a la justicia?
Sí. Ya hay un documento preliminar, que será sometido a la revisión de las salas plenas de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.
¿Qué proponen?
Varias cosas fundamentales. Le menciono: volver a crear el Ministerio de Justicia, porque su fusión con el Ministerio del Interior fue desafortunada. Los temas de la justicia han quedado relegados a un segundo plano. La ausencia de un vocero de la justicia en el lado del Gobierno viene afectando no sólo las relaciones entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, sino las del Ejecutivo con el Congreso y las que se dan entre las mismas oficinas gubernamentales.
¿Qué se propone sobre tutelas contra sentencias, es decir el ‘choque de trenes’?
No hubo acuerdo. Se presentarán, para que las cortes y el Gobierno decidan, tres propuestas. La primera: no procede la tutela contra sentencias de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. La segunda: las tutelas contra sentencias de las cortes sólo procederán por grave violación al derecho fundamental del debido proceso en que incurra la respectiva corporación. La tutela debe ser interpuesta ante la misma corporación. Tercera: la eventual selección y la revisión de la Corte Constitucional de tutelas de la Corte Suprema o del Consejo de Estado sólo se aceptan en casos excepcionales y deben adoptarse por la sala plena.
¿Entonces no se acepta a la Corte Constitucional como última instancia?
No. La Corte Constitucional es el juez supremo en materia de exequibilidad.
El choque sigue vivo…
Para que el ‘choque de trenes’ se alivie, lo ideal es evitar estos enfrentamientos; la interferencia es con lo que hacemos como juez máximo de la jurisdicción ordinaria.
¿Ustedes no aceptan que la Corte Constitucional dicte tutelas contra fallos de la Corte Suprema?
Ese tema va a ir a las plenarias. Yo como magistrado, no como presidente de Corte ni como su vocero, no estoy de acuerdo con eso.
¿Propone algo la comisión sobre la Fiscalía?
Que el Fiscal debe seguir en la rama jurisdiccional. ¿Por qué? Por la gran conflictividad que tiene el país. ¿Usted se imagina donde el Fiscal no fuera de la rama jurisdiccional, sino de la rama Ejecutiva? ¿Se imagina lo que pasaría con problemas como la parapolítica?
¿No hay un híbrido en el sentido de que el Fiscal lo propone el Ejecutivo, pero tiene funciones de la Rama Judicial?
Podría ser mejor al revés: que terne la Corte y que elija el Ejecutivo. Y podría ser no una terna, sino una lista más amplia. La propuesta de la comisión es que la elección corresponda al Presidente, de una lista de seis candidatos propuesta por la Corte Suprema. La comisión propone el fortalecimiento del sistema penal acusatorio y, para darle una identidad más clara y definida, cree necesario suprimir la intervención de la Procuraduría como sujeto procesal. La intervención de los agentes de la Procuraduría es mínima y, antes que hacerle bien al proceso, lo entorpecen.
¿Y qué propone la comisión sobre el Consejo Superior de la Judicatura?
Eliminar la Sala Disciplinaria y modificar la composición de la Administrativa.
¿En qué sentido?
Se propone que entren los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional a hacer parte de ella. Y que haya una parte técnica de consejeros o magistrados, con preparación en ciencias económicas y administrativas.
¿Por qué proponen eliminar la Sala Disciplinaria?
Por haber desviado su finalidad constitucional. Se propone que la parte disciplinaria de los abogados la hagan los colegios de abogados, y que la parte disciplinaria de los jueces vaya a los tribunales máximos de cada jurisdicción. Hoy, la Sala Disciplinaria cumple una función que no le toca: la de las tutelas. Y está tramitando tutelas contra las altas cortes, con un problema: que la Sala Disciplinaria es elegida por el Congreso. Llega una sentencia contra un congresista y la Sala Disciplinaria la revisa, cuando fue elegida por él. Eso no puede ser así. Se plantea la creación del Consejo Nacional de la Administración Judicial para reemplazar a la Judicatura, y manejaría el presupuesto, que no es suficiente. Debería ser un porcentaje fijo del presupuesto nacional. En Argentina es del 3,5 por ciento; en Costa Rica, del 6; en Nicaragua, del 4; en Paraguay, del 3; en Puerto Rico, del 4 por ciento. En Colombia, en los últimos cinco años, corresponde a una porción entre el 1,02 y el 1,24 por ciento del total del presupuesto nacional.
¿Y qué propone para enfrentar el problema de la congestión judicial?
Decretar una emergencia judicial, para la cual se involucre en su diseño y ejecución a las otras ramas del poder público y al sector privado. Habría una fase de diagnóstico, un inventario de los procesos en cada despacho, su clasificación según los temas, especialidades, cuantías y estado del trámite; luego se elaboraría un mapa de congestión y se adoptaría un plan. Para la ejecución se capacitan funcionarios, se crean despachos de descongestión y se establecen metas de evacuación.
¿Sobre estos temas hay consenso en la comisión?
Sí. Falta la revisión de las salas plenas de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, y del mismo Gobierno. Y Obviamente, la revisión final de la Corte Constitucional.
¿Cuál fue el objetivo de la visita que les hizo el director de la Policía, general Óscar Naranjo?
Vino expresamente a informarnos de la constante preocupación del Gobierno por la seguridad nuestra, y a ofrecer cosas muy concretas en los esquemas de seguridad.
¿Se sienten seguros?
Sí. Lo que pasa es que los afectados con nuestras decisiones son las grandes mafias. Es un aparato como el de los paramilitares y los narcotraficantes frente a un puñado de magistrados, cuyas armas son la Constitución, la ley y los códigos. Es una pelea de toche con guayaba madura. Pero habrá más seguridad, más escoltas, más carros de persecución, protecciones residenciales, vehículos blindados. Es decir, la Corte está blindada y se va a blindar más.
¿Y ya tienen teléfonos seguros?
¿A prueba de chuzadas, dice usted? Eso es muy difícil. Lo que estamos usted y yo hablando lo pueden estar monitoreando en el edificio del frente. La tecnología tiene ritmos que nos dejan atrás.
¿Habla con tranquilidad por teléfono?
Por supuesto. Nada hay que esconder en la conversación telefónica. Salvo algún piropo, nada más se dice: trivialidades, como algunas revelaciones sobre pasiones de gourmet.
YAMID AMAT
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
