Según la fiscal, para que la Fiscalía asuma esas investigaciones, requiere un aumento de personal, especialmente en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
“Comparto el pasar la competencia de investigar a los congresistas a la Fiscalía, pero no tenemos la capacidad para afrontar los procesos que se den contra los legisladores. En la actualidad, según la Corte Suprema, hay cerca de 355 investigaciones. (…) Sería imperativo aumentar la planta de la fiscalía delegada ante la Corte”, aseguró Morales en la audiencia pública sobre la reforma a la justicia que se adelanta en la Comisión Primera del Senado.
Según Morales, la Fiscalía tiene un déficit de personal para cumplir con sus funciones de investigación y acusación. Mencionó que para todos los procesos represados en ese organismo, se requieren al menos 1.000 fiscales más y 3.000 investigadores.
La fiscal General alertó sobre este déficit un día después de que las altas cortes coincidieron en que los problemas de eficacia de la justicia colombiana pasa por la falta de presupuesto. Los magistrados pidieron que, por vía constitucional, se les asigne anualmente el 5 por ciento del presupuesto general de la Nación, cerca de 8,8 billones de pesos.
Reparos a fórmula de doble instancia
Morales compartió la propuesta de establecer la doble instancia para la investigación de congresistas, pero mostró diferencias con la propuesta presentada por el Gobierno.
Según el Gobierno, la doble instancia quedaría garantizada al dividir en dos secciones la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Para la fiscal General, uno de los principios de la doble instancia es que se aplique ante un superior jerárquico, y al dividir la Sala Penal de la Corte no se respetaría este compromiso.
Viviane Morales también se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que las víctimas tengan competencia para asumir las investigaciones, porque, según dijo, “pone a combatir a la Fiscalía con ellas por el manejo de los procesos para esclarecer los hechos y, además, se podría contaminar mucha evidencia”.
El Gobierno propone que las víctimas tengan más incidencia en los procesos, e incluso que no tengan que depender de las investigaciones de la Fiscalía.
