Bogotá, 28 de abril de 2026. La Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— expresa su enérgico rechazo frente a las recientes declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro, así como de los ministros del Interior y de Trabajo, en relación con la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026.
La independencia judicial constituye una garantía esencial para la ciudadanía frente a posibles actos arbitrarios del poder. Es preciso que las decisiones emitidas por las Altas Cortes sean observadas y respetadas, no solo en su contenido, sino también mediante el reconocimiento institucional de la dignidad inherente a la Rama Judicial. Asimismo, resulta fundamental que los jueces de la República ejerzan sus funciones sin verse afectados por intimidaciones, presiones o amenazas de cualquier índole, incluidas aquellas manifestaciones que se realicen valiéndose de la estigmatización pública.
La CEJ rechaza que el jefe de Estado utilice términos como “robo” al referirse a la aplicación estricta de la ley por parte del Consejo de Estado. Sostener que una decisión judicial respalda el hurto de fondos de quienes aportan al sistema de pensiones no solo es un exceso, sino también una acusación institucional que pone en peligro la seguridad de los magistrados y debilita la confianza en el Estado de Derecho.
El control judicial ejercido por el Consejo de Estado constituye un elemento fundamental del sistema de pesos y contrapesos establecido en el ordenamiento jurídico colombiano. Deslegitimar este control por medio de llamados a movilizaciones o a una constituyente representa un riesgo significativo para la estabilidad del modelo constitucional.
La CEJ hace un llamado a la cordura institucional y al cese de los ataques verbales contra la Rama Judicial como forma de ejercicio del poder.
