Bogotá, 3 de octubre de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El País. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Ante la fuga de la excongresista Aida Merlano, la Corporación Excelencia en la Justicia emitió una comunicación en la solicita a las autoridades judiciales iniciar los trámites para solicitar la circular roja de Interpol con el fin de dar búsqueda y captura a nivel internacional de la condenada.
La petición se la Corporación se da por la posible salida del país de Merlano, en vista de que investigados de ese mismo nivel, que han quedado libres, se han fugado como el excongresista Jesús Santrich.
En esa misma comunicación la Corporación informó que solicitó el traslado de Barranquilla a Bogotá del expediente judicial contra el empresario Julio Gerlein por delitos electorales, con el fin de que la investigación avance sin posibles presiones.
“Este suceso removió la estructura democrática del país en un fenómeno que afecta la transparencia de las elecciones y que ahora representa una burla para la justicia, toda vez que la implicada evadió su condena y logró poner en ridículo el esquema de seguridad del Inpec”, señaló el director de la entidad, Hernando Herrera Mercado.
Por los hechos que rodearon la fuga de la condenada la Procuraduría anunció que abrió una indagación preliminar disciplinaria para establecer posibles responsabilidades de funcionarios del Inpec.
En medio de esa indagación la Procuraduría decidió suspender por el término de tres meses a ocho funcionarios de la cárcel de mujeres, entre los que se encuentra su directora Diana Muñoz, quien tuvo que renunciar a su cargo.
Su salida se dio luego de que el entonces director del Inpec, William Ruiz, la declarara insubsistente del cargo como directora al comprobar que fue ella quien autorizó la cita médica a la que acudió Merlano a un centro de salud externo al penal, en el que le practicarían un procedimiento de diseño de sonrisa.
Merlano fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de cárcel por delitos relacionados con compra de votos.
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