Observó que como en toda democracia, puede haber discrepancias entre los poderes, pero jamás utilizando vías de hecho o interponiendo alguna forma de desconocer las decisiones de los jueces.
En el marco del periodo de sesiones número 134 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Manrique Zuloaga participó en la audiencia que sobre independencia judicial se había solicitado por parte de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Grupo Interdisciplinario para los Derechos Humanos (Gidh) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
De otro lado, las organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron revisar las extradiciones de paramilitares de Colombia a Estados Unidos y pidieron la disolución de algunos partidos de la coalición de gobierno por vínculos con los paramilitares.
En una de las vistas dedicadas a Colombia, Reiniciar, CCJ y Gidh pidieron a la Cidh medidas “decididas” y “urgentes” para frenar las extradiciones de paramilitares, ya que son una “afrenta” al derecho a la justicia de las víctimas, además de que son un paso a la impunidad.
“Es inexplicable” el hecho de que desde el 2008 se hayan extraditado a 18 paramilitares solicitados por Estados Unidos por narcotráfico, cuando tenían causas pendientes en Colombia, dijo Gustavo Gallón, del CCJ.
El embajador ante la OEA, Camilo Ospina, defendió la libertad de expresión en Colombia, tras rechazar versiones en el sentido de que está amenazada.
A su turno, el director de Justicia y Paz, Luis González, aseguró que las diligencias de la justicia colombiana “continúan” mediante audiencias de los paramilitares desde EE.UU.
En otra vista, la Corporación Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch (Hrw) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) denunciaron que el 35% de los miembros del Congreso colombiano es investigado por presuntos nexos con organizaciones paramilitares, lo que se conoce como el escándalo de la “parapolÍtica”.
Por ello, pidieron que se disuelvan cinco partidos de la coalición gobernante.
El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos de Colombia, Carlos Franco, señaló que el Gobierno no quiere “desconocer” el problema y reconoció que en su país “hay un problema de corrupción” en los partidos políticos.
Pese a ello, subrayó, “se está enfrentando este problema como en ningún otro país, con eficacia y celeridad”.
El País / 24 de marzo de 2009
