La semana pasada la periodista María Isabel Rueda lanzó en la radio una severa crítica en contra de los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Condenó tajantemente el hecho que estos jueces hubieran viajado a presenciar el juicio que adelanta una sala penal especial al interior de la Corte Suprema del Perú en contra del ex presidente Alberto Fujimori.
La crítica se fundaba en dos argumentos: por un lado, en el hecho que los magistrados se ausentaran de sus despachos teniendo en cuenta la alta carga de trabajo que enfrenta la sala – encargada de juzgar a paramilitares desmovilizados y a congresistas investigados por la parapolítica -. Y por el otro, en la falta de relevancia y pertinencia que puede tener para un magistrado colombiano conocer el trabajo de su homólogo en otro país.
No obstante, la crítica de Rueda al “turismo judicial” es cuestionable, pues da a entender que la conducta de los magistrados colombianos debería ser reprochada por la opinión pública, aún cuando en realidad no hay nada que recriminar. La crítica desconoce completamente que el intercambio judicial constituye una práctica frecuente y valiosa para las altas cortes de la región. Y también, pone en evidencia su defensa de una concepción miope y poco realista de la práctica judicial.
El viaje de los magistrados de la Corte Suprema colombiana al Perú no constituye un episodio aislado, por el contrario, forma parte de una estrategia regional que apunta al fortalecimiento de las relaciones entre altas cortes nacionales en América Latina. Dicha estrategia – la cual ha sido financiada conjuntamente por gobiernos nacionales y agencias de cooperación internacional – se ha desarrollado en dos frentes.
Uno, a través de encuentros periódicos entre magistrados de la región, como el que cada tres años organiza la Corte Constitucional colombiana, y en el cual participan magistrados de distintos tribunales constitucionales de América y Europa, quienes asisten para exponer su perspectiva frente a las contribuciones que ha hecho la Corte al desarrollo del derecho constitucional en la región. Y dos, mediante visitas oficiales de comitivas de la rama judicial a otro país, como por ejemplo la que realizó a Colombia en días pasados días una comisión de la rama judicial del Perú – encabezada por el presidente del poder judicial Javier Villa Stein – .
La diversificación y la multiplicación de las formas de cooperación judicial ha traído consigo la reflexión sobre el valor de este tipo de intercambios tanto en la academia como en la judicatura. Y esto se debe, entre otras razones, a la existencia de nuevos consensos en torno a la forma como los jueces imparten justicia. Cada vez es más aceptado – y Colombia no es la excepción – que los jueces no deciden aislados en sus despachos aplicando silogísticamente códigos y leyes, dado que los problemas jurídicos en cualquier campo sobrepasan ampliamente el contenido mismo de las leyes. Las decisiones de otros jueces – tanto del mismo país como de otro – pueden ser vitales al momento de enfrentarse al reto de fallar un caso concreto .
Si bien cada vez es más frecuente la citación de fallos extranjeros en las sentencias de los jueces nacionales en América Latina – por ejemplo, la jurisprudencia constitucional colombiana es citada en Argentina, Bolivia y Perú -el impacto del diálogo judicial no solamente se mide a través de la evidencia escrita. El diálogo judicial también se traduce en la identificación y adopción de buenas prácticas entre las altas cortes nacionales, así como en la construcción de conocimiento colectivo para superar problemas jurídicos que son producto de los puntos de coincidencia en las historias de cada país – por ejemplo, el proceso de justicia transicional en el Perú. Se trata de un diálogo que, por un lado, moldea y transforma la forma como los jueces trabajan, y por el otro, crea vínculos de confianza y solidaridad entre tribunales.
Ahí radica el potencial legitimado del intercambio judicial. El respaldo de cortes y jueces en otras latitudes se torna cada vez más relevante para enfrentar los embates contra la independencia judicial en América Latina. Por ello, no sería extraño que los magistrados colombianos hubieran viajado al Perú para demostrar su apoyo a los jueces que juzgan a Fujimori, siendo este el proceso penal más importante de la historia reciente del Perú. En últimas, el diálogo judicial también apunta a que los jueces se empoderen y sean capaces de tomar decisiones que, aunque carezcan de popularidad, logren mantener en pie el Estado de derecho y los compromisos constitucionales. Por ello, en vez de satanizar sin razón el mal llamado “turismo judicial”, los periodistas deberían trabajar para que la opinión pública comprenda el valor que dicho intercambio ha tenido y tendrá en los días por venir para la democracia colombiana.
Semana / 03 de marzo de 2009
