Néstor Humberto Martínez
Un reciente artículo suyo en Ámbito Jurídico me inspiró para invitarlo a esta entrevista. En él plantea que un abogado debe tener límites para asesorar a un cliente sospechoso…
Este debate lo estoy planteando, no para macartizar ni dividir a los abogados entre buenos y malos. En esta materia que tire la piedra el primero. Pero en un país con tanto crimen organizado, con terrorismo, con mafia, este tema debe estar en el orden del día y ser objeto de una política pública. Como lo está siendo en E.U. y en la U. Europea, donde incluso la tercera directiva ordena que sus países miembros pongan a sus abogados a denunciar las operaciones ilícitas para combatir el lavado de activos y terrorismo. Incluyen en la actividad a los notarios y contadores. En Inglaterra se inventaron un mecanismo muy interesante: crearon una comisión de lucha contra el crimen organizado. Cuando el abogado tiene dudas sobre la licitud de una actividad, tienen que consultarle a la comisión. Hoy en menos de un día los abogados ingleses reciben respuesta a la inquietud de si están ante una operación que tiene que ver con algún delito, y les contestan de manera previa a su asesoría profesional. Si el abogado no consulta, puede incurrir en un ilícito.
Cuenta en su artículo que cuando fue Ministro de Justicia, expidió un decreto que establecía esos límites, y que lo tumbó la Corte Constitucional, gracias a la tesis del entonces Magistrado Carlos Gaviria de la anormalidad normal. ¿Me explica cómo fue eso?
Quienes participamos en los años 90 en la lucha contra el narcotráfico, logramos detectar que el lavado de activos y la protección del delito de las mafias se hacía con el servicio de muchos profesionales. Las caletas las hacían los arquitectos que consideraban eso una actividad liberal, apenas normal. Los abogados decían que constituir una sociedad no es un delito, pero no distinguían para qué. Entonces expedimos un decreto para tipificar aquellas actividades profesionales que se ponían al servicio del delito. El decreto fue expedido bajo el estado de conmoción interior, pues estábamos alarmados de que la criminalidad estaba generando más de 35 mil homicidios al año. Entonces el Magistrado Carlos Gaviria dijo que esa cifra era producto de una anormalidad normal en Colombia y que no daba lugar a la declaratoria de una conmoción interior, porque ella solo se justificaba cuando la anormalidad fuera anormal, por ejemplo, si la cifra subía a cien mil homicidios. Entonces se cayó el decreto.
¡Quién sabe cuanto habríamos avanzado en la lucha contra el crimen! ¿Pero cuál es ese límite? A mí me enseñaron que hasta el más culpable de los mortales tiene derecho a tener un abogado que lo defienda.
Y así es. El límite está en el modo de actuar y en el tiempo en el que se actúa. Un abogado entra en el escenario del crimen después de que este se comete, cuando su cliente le confiesa el hecho para tener un derecho sagrado a la defensa. Lo que no es correcto es que el abogado entre en el proceso de planeación, concepción, facilitación del crimen o en la receptación u ocultamiento de los activos habidos en un delito, porque se convierte en copartícipe.
¿Y qué hay de los honorarios de los abogados? ¿Su origen también debe ser motivo de regulación?
A los abogados de los narcos en los E.U. les inician investigaciones criminales. Hay que establecer siempre cuál es el origen de los recursos con los que se les pagan sus honorarios. Si los pacta sobre lo que logre salvar del delito, está participando de la acción criminal y enriqueciéndose del hecho delictivo. Y eso es totalmente censurable.
¿Propone que a los abogados se los obligue a denunciar las actividades sospechosas de sus clientes, lo mismo que se les exige a los banqueros?
Sí. Hoy los banqueros denuncian las actividades sospechosas de sus clientes en el mundo entero. Y le cuento: 400 mil informaciones de actividades sospechosas hizo la banca colombiana al Ministerio de Hacienda el año pasado. Pero eso hace muy ineficiente el control para el Estado porque, ¿cómo hace para investigar toda esa cantidad de informes? Entonces los estados han dicho: necesitamos información mucho más selectiva. Y han encontrado unas profesiones que permiten hacer ese seguimiento, y son las de abogados, contadores, registradores y notarios. A ellos se les está exigiendo una especial calificación para que indaguen sobre las operaciones de sus clientes y para que los denuncien si están adelantando una actividad sospechosa.
¿Pero si un abogado informa sobre las acciones sospechosas de su cliente, no está violando el secreto profesional?
El principio de reserva profesional se establece dentro de un marco de licitud y de legitimidad. Si el delincuente llega y le dice a su abogado que es delincuente y quiere que le organice los temas jurídicos para perseverar en el delito, el abogado debe tomar la decisión de si pone su profesión al servicio de la delincuencia. Pero si el cliente lo ha engañado diciéndole que es un empresario que necesita constituir unas empresas y hacer unos contratos, y él los hace, no rompe la reserva profesional cuando descubre, en el curso de su asesoría, que su cliente es un delincuente que lo engañó y cumple con el deber de denunciarlo.
¿Se ponen muy bravos cuando les plantean estos temas?
Sí. En los años 90 cuando expedí ese decreto diciendo que las profesiones liberales que se pusieran al servicio de los delincuentes incurrían en delito, el enojo fue absoluto y los señalamientos y tachas enormes. Pero yo les he dicho: la tarjeta profesional es una licencia para ejerce la profesión y no para ponerla al servicio de actividades non sanctas. Tenemos que hacer al interior de la profesión ese debate seriamente, decidir si en Colombia los abogados tenemos que contribuir en la lucha contra el crimen, que no es un problema del Estado sino de la sociedad toda.
¿Podemos concluir que el abogado Nestor Humberto Martinez no está disponible para asesorar a clientes sospechosos?
No quiero aparecer mesiánico. Pero lo que sí quiero proponer en este debate es que desde la profesión digamos si vamos contribuir o no en la lucha contra el crimen.
Abelardo de la Espriella
El ex ministro Néstor Humberto Martínez está proponiendo que se obligue a los abogados en Colombia a denunciar a los clientes con actividades sospechosas. ¿Usted denunciaría a un cliente?
Si la ley lo estima así, pues no quedará otra alternativa. Pero creo que si se establece la obligación de denunciarlo, eso desnaturaliza la profesión del abogado.
¿O sea que para usted no existe cliente sospechoso, si tiene con qué pagarle sus honorarios?
Pues imagínese: si yo soy un hombre formado en el derecho, ¿cómo puedo prejuzgar a una persona si no lo ha hecho una autoridad judicial?
Usted no es propiamente un abogado que se avergüence de sus clientes. ¿Pero por qué da la impresión de que estuviera defendiendo a casi todos los culpables?
Incluso las universidades nos llaman mucho para dictar clases, pero nos parece una irresponsabilidad con tanto preso. Pero también hemos defendido a gente inocente. Gente que ha estado encarcelada injustamente por más de seis meses, dos años. En el marco de un Estado social como este, es absolutamente necesario que se respeten el debido proceso y las garantías procesales de un indiciado. La humanidad derramó mucha sangre para llegar a esos postulados, que hoy son la garantía de nuestro sistema judicial.
La relación del abogado con su cliente no puede carecer de murallas éticas. ¿Usted las tiene?
Por supuesto que las tengo. Convencer al cliente de decir la verdad cuando está mintiendo, y sacarlo del problema cuando no está mintiendo. Los límites del ejercicio de la profesión no son ni la moral ni la ética, sino la misma ley. Todos sabemos que el profesional que transgrede esa delgada línea entre el bien y el mal, debe ser procesado penalmente por esa actuación en particular. Pero no por el ejercicio de su profesión per se, eso sería muy grave.
¿Pero si el cliente le cuenta que hizo algo malo usted se lo tapa?
De ninguna manera, y por eso en nuestra firma tenemos una serie de controles. Pero yo no tengo un departamento de inteligencia. No se me puede exigir a mí una labor que no es propia del ejercicio de mi profesión, y que le compete al aparato estatal.
En E.U. no se permite que un abogado reciba honorarios del dinero ilegal de un cliente. ¿Usted recibe ese tipo de honorarios?
Yo he recibido honorarios siempre por el pago de mi trabajo. Pero que sirva esta entrevista para proponer un pacto de transparencia entre abogados, para que se acabe el testaferrato en las defensas judiciales. Porque la gente se esconde y pone a firmar a un tercero para no dar la cara en los procesos. ¿Qué esconde esa actitud vergonzante? Y ese pacto de transparencia tiene que ir acompañado de una ley que regule el pago de honorarios y la obligación de los profesionales del derecho de facturar los honorarios que percibimos. Y que quede claro que tenemos una obligación de responsabilidad social con nuestro trabajo. En todos los titulares sale que Abelardo de la Espriella defiende a los millonarios o a los poderosos…. El 20 por ciento de nuestros procesos son pro bono, gratuitos, como parte del servicio social de la firma para gente de escasos recursos. Hace dos meses devolví de los E.U. a un hombre que había sido extraditado injustamente.
Es buena noticia que usted también defienda inocentes…
Claro. Defiendo a las viejitas a las que no les quieren dar la pensión. Es que la oposición, por llamarlo de alguna manera, se ha encargado de crear una imagen siniestra sobre mi y no es así.
Aunque me comprometí en esta entrevista a no hablar de casos particulares, debo mencionarle a David Murcia, quien fue su cliente: el dinero de sus honorarios provino de una actividad en la que tumbó a mucha gente…
David Murcia no ha sido vencido en juicio. Lo asiste la presunción de inocencia. Cuando asumí como su apoderado no se había presentado aún ningún problema frente a la situación jurídica de la firma o de su propietario. Y cada peso que me gané fue con el sudor de la frente y de mi equipo de trabajo. Y el país me vio dando entrevistas por todas partes, poniendo la cara, resolviendo problemas de incautaciones de dinero, ese es mi trabajo. Lo que pasa es que todo el mundo se escondió y no voy a dar nombres. Lo que no admito es que se me señale por las defensas que hago. Les debe quedar claro a ustedes los medios, a los generadores de opinión y a la sociedad en general, que un abogado defiende las causas sin ser parte de ellas.
¿Pero le parece válido que el comportamiento de los abogados esté formando parte de las políticas anti criminales modernas en los países civilizados?
Le voy a poner un ejemplo. Hoy el Fiscal General de los E.U. es el señor Eric Holder, quien hacía tres meses había sido el abogado de Chiquita Brands en el acuerdo con el Departamento de Estado por la financiación de un grupo que hizo unas matanzas en el Urabá y las zonas bananeras. No hubo una sola voz que señalara al señor Holder. Ellos sí entienden cual es la labor de un abogado y en ello nos llevan una ventaja. En cambio, si mañana aspiro a ser concejal de Soacha o Montería, me señalarían por las defensas que he hecho y probablemente no podría serlo. Nadie se acordaría de los inocentes que he sacado de las cárceles. Afortunadamente no tengo aspiraciones políticas ni burocráticas.
¡Y cómo va a cerrar su oficina si le va tan bien!
Sí. Afortunadamente no pienso por ahora cerrar mi oficinita. Pero mi vocación, desde que tengo uso de razón, ha sido la de abogado defensor. Y el abogado defensor no solo defiende la inocencia, cosa que hago con el corazón y los riñones para buscar su absolución. Sino que también tiene la obligación de defender al culpable, buscando que la responsabilidad sea menor, o de ayudarlo a través de los beneficios que otorga la ley cuando se trata de una sentencia anticipada, o de un preacuerdo. En otros países, entre más cuestionado el cliente, más prestigio tiene el abogado. La gente no puede caer en el error de confundir al abogado con su defendido.
Entonces, usted definitivamente no está de acuerdo con la propuesta de que los abogados denuncien las actividades sospechosas de sus clientes.
No. Sería gravísimo. Tanto como pedirle a un periodista que revele su fuente, o aun sacerdote que revele la confesión cuando de un delito se trata.
El Tiempo / 11 de mayo de 2009
