La posición del Gobierno se ha radicalizado. Quienes conocen al presidente Uribe afirman que nunca lo habían visto tan furioso como el pasado sábado durante el consejo comunitario celebrado en Ibagué, cuando arremetió contra la Corte. Ya el jueves le había dedicado una alocución televisada al asunto. “¡Yo no sigo manejando el tema de la escogencia del nuevo fiscal en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados!”, afirmó el Presidente ante el estupor de los asistentes. Y fue más allá: “Es función constitucional exclusiva del Presidente de la República conformar la terna para elegir al fiscal general de la Nación y en el ejercicio de la misma no puede intervenir otra rama del Poder Público”.
El lunes feriado, el ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia, leyó desde las escalinatas de la Casa de Nariño un comunicado en el mismo tono: “Cuando el Presidente de la República presenta la terna para elegir fiscal general no hay margen de discrecionalidad para la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión está condicionada únicamente por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución”. Y remató su declaración en forma categórica y retadora: “Decir que la terna es inviable es quebrantar el orden institucional”. Por su parte, el presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, había declarado que “la Corte no responde ningún planteamiento que sea agresivo o contra la institucionalidad”.
El choque de trenes cada vez es más peligroso. La interinidad del fiscal se prolonga, y lo peor es que las actitudes se polarizan sin que exista alguna entidad que pueda cumplir un papel de mediación o de arbitraje. Al fin y al cabo, se trata de un enfrentamiento entre las máximas instancias de los poderes Ejecutivo y Judicial: el jefe del Estado y la Corte Suprema.
La sinsalida se debe, al menos en parte, al clima político crispado que genera la intención del Presidente de buscar una nueva reelección, y a la distorsión que le crea a las instituciones diseñadas por la Constituyente de 1991 la prolongación de una misma persona en el poder. Todos los presidentes han enfrentado problemas derivados del ejercicio de sus funciones, en forma personal o en cabeza de miembros del Gobierno. César Gaviria vio procesados a varios ministros por cuenta de la fuga de Pablo Escobar con un fiscal elegido de una terna propuesta por él pero que no estaba entre sus favoritos. Igual situación enfrentó Ernesto Samper, que le tocó el proceso 8.000 bajo la administración de Alfonso Valdivieso; y Andrés Pastrana debió enfrentar el escándalo de Chambacú y el proceso de paz del Caguán durante la gestión de Alfonso Gómez Méndez como fiscal general.
Pulso de poderes
Uribe no es la excepción. Ha tenido que enfrentar el encarcelamiento de más de la mitad de su bancada por vínculos con grupos paramilitares, el juzgamiento del hermano de su Ministro del Interior y los escándalos de Fiduagraria, Agro Ingreso Seguro, Inco, Incoder, la Superintendencia de Notariado, la ‘Yidispolítica’, las ‘chuzadas’ del DAS y los ‘falsos positivos’, entre otros. La posibilidad de una nueva reelección y de que en el tercer cuatrienio el fiscal no tenga autonomía frente al Ejecutivo genera entonces una dificultad adicional. En el pasado, desde cuando fue creada esta figura, los mandatarios se entendían con fiscales elegidos bajo la influencia de sus antecesores, lo cual establecía un sano equilibrio institucional. Pero tal como están las cosas, si Uribe es reelegido tendrá un fiscal amigo.
El último acto del dramático choque de trenes tiene una complicación más. El impasse pudo haberse solucionado con la renuncia de Juan Ángel Palacio, el más cuestionado de los tres candidatos, y su reemplazo por el también consejero de Estado Marco Antonio Velilla. El Presidente consideró que ese cambio despejaba el camino para que la Sala Plena votara y fuera superado el problema. Así lo consideraron también el presidente de la Corte Augusto Ibáñez y el magistrado Jaime Arrubla, que sostuvieron un encuentro cordial con Uribe.
Sin embargo, la Corte en pleno asumió otra posición: la mayoría de sus miembros opinó que la renovación de un nombre de la terna no arreglaba el asunto e insistió en el argumento de su inviabilidad. Así, al ser descartada por la Corte la que habría podido ser una tabla de salvación, se convirtió más bien en un agravante de la situación, pues desató la ira del Primer Mandatario y a la vez les dio argumentos a quienes sostienen que el máximo tribunal está actuando en forma irracional y con motivaciones políticas. Esa oportunidad se cerró rápidamente y la Corte pagó un precio en imagen.
Así las cosas, el conflicto crece en intensidad y paralelamente se agotan las salidas. En estricto sentido, el Presidente y la Corte tienen argumentos legales fuertes. Uribe dice que ha cumplido con la obligación constitucional de enviar una terna integrada por personas que cumplen los requisitos mínimos constitucionales. La Corte responde que es corresponsable de la elección y no quiere asumir el precio de elegir un fiscal sin suficientes credenciales. “El Presidente tiene razón en cuanto a que la Constitución solo exige unos requisitos que los postulados cumplen, pero la Corte también tiene razón en cuanto a que el Presidente, al margen de los requisitos, debería tener en cuenta otros que son necesarios, como la independencia y la trayectoria”, asegura el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez. Con las dos posiciones, poco o nada matizadas, solo quedan dos alternativas para salir de la encrucijada: que el Presidente cambie la terna o que la Corte modifique su política y escoja entre Camilo Ospina, Virginia Uribe y Marco Antonio Velilla.
Ninguna de las alternativas parece viable. La primera fue sugerida por el periodista Mauricio Vargas en su columna de El Tiempo. Y la segunda es una tesis que defienden algunos miembros de la Corte. Sin embargo, en el primer caso, el Gobierno considera que ya se movió e hizo un gesto conciliatorio con el reemplazo de Palacio por Velilla. Y en el segundo, las mayorías están firmes en la teoría de que no pueden votar. En la última Sala Plena 12 magistrados estuvieron a favor de la inviabilidad, y ocho consideraron que deberían votar. Faltaron dos miembros: Jaime Arrubla, quien ha estado más cerca del grupo mayoritario, y Francisco Ricaurte, partidario de votar. El cuadro no se ha modificado después de varias reuniones de Sala Plena durante cuatro meses.
La otra solución posible, la renuncia de los tres candidatos para facilitarle al Presidente la elaboración de una nueva terna, tampoco parece posible. En primer lugar, porque mantener los nombres de la terna se ha vuelto un punto de honor tanto para los tres candidatos como para el Presidente. Y en segundo lugar, porque esta alternativa se debilitó después de la renuncia de Palacio y su reemplazo por Velilla, a quien la Corte también considera ‘inviable’.
El proceso no augura buenos vientos. En la última semana fueron publicadas versiones parciales de una reunión sostenida por algunos magistrados de la Corte y el director de El Tiempo, Roberto Pombo. Según La W, los magistrados se quejaron por las críticas de cinco columnistas contra la Corte Suprema. Más allá de lo que haya ocurrido -ni la Corte ni el periódico revelaron los detalles de la conversación, que fue privada y tenía fines exclusivamente informativos-, la controversia que generó da una medida de las sensibilidades y prevenciones que se han acumulado y de la polarización a la que han llegado las dos partes.
¿Cuál es la salida?
A las dos partes, en síntesis, les cabe algo de razón en lo jurídico y también mucha responsabilidad en el agravamiento de la crisis. Un escenario poco alentador en el que ni siquiera las voces que hacen llamados a la cordura y al trabajo independiente pero armonioso de las partes, como plantea El Tiempo en el editorial de este miércoles, parecen ser escuchadas. La pregunta, entonces, es sobre cuál puede ser la salida para esta encrucijada.
La gravedad de la situación es tal, que empiezan a contemplarse escenarios impensables en Colombia, un país que se ha distinguido entre sus vecinos por su fortaleza institucional y el respeto a la normatividad. Según el ex fiscal Gómez Méndez podrían presentarse situaciones extremas que desembocarían en una crisis institucional. Una de ellas es que el Ejecutivo denuncie a la Corte Suprema ante el Congreso por la demora en la escogencia del nuevo fiscal y que, luego de surtir su trámite, el Senado decida suspender a los magistrados.
La Corporación Excelencia en la Justicia también se ha pronunciado sobre el delicado asunto y no solo ha cuestionado las calidades de algunos aspirantes “que no cumplen con los criterios básicos que planteó quien los nominó”, sino que exigió que la Corte Suprema dé a conocer el test de elegibilidad que ha aplicado para analizar la terna y cuyo resultado fue la no viabilidad. “Es preciso que voten la terna para demostrar objetivamente su inviabilidad y evitar así que se descalifique a la Corte por no cumplir con su obligación constitucional”, dice Gloria María Borrero, presidenta de la Corporación y vocera de Elección Visible (ver columna).
Para Danilo Rojas, catedrático de la Universidad Nacional, la Corte debe proceder a nombrar de la terna enviada por el Presidente. “Los postulados cumplen con los requisitos -dice Rojas- Estamos asistiendo a un enfrentamiento entre el Estado de Opinión, que reclama el Gobierno, y la inviabilidad jurídica que proclama la Corte -dice Rojas-, y mientras tanto el Estado de Derecho se quedó por fuera”. En realidad, la figura de la inviabilidad no existe en las normas ni ha sido bien explicada por la Corte. Sin duda hace referencia a que los nombres no tienen las condiciones profesionales para desempeñar el que es considerado el segundo cargo más importante del país, después del Presidente de la República. El concepto del “buen crédito” como expresión de personas que han ejercido durante un tiempo y con excelencia una profesión, existe pero no en el caso de los requisitos del fiscal general. La inviabilidad es abstracta y, por consiguiente, puede ser insalvable, más aún cuando en el fondo del choque de trenes hay una larga historia de antecedentes conflictivos entre el Ejecutivo y la Corte, que no se limitan a la elección del fiscal.
Por esta razón ha cogido fuerza la idea de que la Corte debe entrar a votar. Ya en otras ocasiones -en la selección de Gustavo De Greiff en 1991 y en la de Camilo Osorio en 2002- hubo votaciones en las que el voto en blanco fue mayoritario y la decisión final se dio después de varios intentos. Voces autorizadas como las del constitucionalista y ex ministro Humberto De la Calle y el ex procurador Jaime Bernal, abogan por esta forma de poner fin al rifirrafe de manera institucional.
Los otros argumentos sobre la inviabilidad también tienen debilidades. El que tiene que ver con la preferencia porque los miembros de la terna sean expertos en derecho penal puede ser fuerte desde el punto de vista de opinión, pero no está establecido en las normas ni ha sido la práctica desde que la Constituyente de 1991 escogió el sistema único y sui géneris de la fórmula para elegir al fiscal: que el Ejecutivo presente una terna y la Corte elija, como una forma de compartir la responsabilidad de la selección.
Finalmente, hay otras figuras importantes del Estado que se escogen de ternas de diverso origen: el contralor, el procurador y la Corte Constitucional. En los tres casos la Corte Suprema juega un papel, y nunca ha esgrimido la tesis de la inviabilidad. El pulso de ahora puede sentar un precedente inconveniente para el futuro.
Aunque estas reflexiones fortalecen la hipótesis de que la Corte debería entrar a votar, es poco probable que el clima político lo permita y por eso han surgido otras alternativas. El Gobierno podría hacer una consulta al Consejo de Estado, por ejemplo, pero esta fórmula no goza de simpatía en la Casa de Nariño. Y algunos han sugerido acudir a una acción de cumplimiento para obligar a la Corte a elegir, pero no es claro que la receta pueda aplicarse en este caso.
Héctor Garzón Mafla, profesor de Derecho Procesal de la Universidad del Valle, sostiene que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia prevé que el cargo de fiscal general de la Nación no puede ejercerse en interinidad más de tres meses, y que como el actual fiscal encargado se posesionó el 1˚de agosto, debería ya dejar el cargo. “En estas circunstancias, el Gobierno podría designarlo por decreto”, explica el catedrático.
Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry considera que la mejor opción sigue siendo que las partes se reúnan nuevamente y busquen un entendimiento. “Podría darse a partir de dos premisas -afirma-. La primera, que la Corte elija de los candidatos postulados, que someta a votación los nombres de la terna, y la segunda, que la Corte Suprema de Justicia le explique al Presidente de la República con absoluta claridad por qué le parecen inviables todos los postulados”.
Está por verse si antes del 12 de noviembre, cuando vuelve a reunirse la Sala Plena del alto tribunal, ha cedido la polarización y se abre paso un proceso de reflexión constructiva, algo que por lo pronto no parece posible. Todo indica que la tensión sigue subiendo, los riesgos institucionales se multiplican y el choque de trenes se vuelve más peligroso.
