Situación presupuestal de la Rama Judicial

Puede decirse, entonces, que la alerta funcionó y que la Rama Judicial logró su cometido: incrementar su presupuesto para el año 2006, que aunque pareciera suficiente aún no es el ideal.

Esta situación nos conduce a destacar:

• La importancia de la colaboración de las tres ramas del Poder Público, que pudieron actuar de manera coordinada y armónica. Es satisfactorio constatar que se está avanzando en el camino para hacer de la Justicia una cuestión de Estado.

• El presupuesto presentado para el 2006 representa el 0.4% del PIB y constituye el 1,21% del PGN, porcentajes considerados como muy bajos por los dignatarios de las Altas Cortes. Como lo mencionó el señor Ministro de Hacienda durante el debate del pasado 5 de septiembre en el Senado, el Presupuesto General de la Nación en los dos últimos años es diferente al de los años anteriores en razón de las mayores provisiones para el pago de pensiones y para las contingencias judiciales, por lo que puede afirmarse que estos porcentajes parecen menores de lo que realmente serían comparando el presupuesto de la Rama contra el gasto efectivo del Estado.

• La situación presupuestal de la Justicia en Colombia, en relación con el PIB, es similar al promedio de los países de América Latina.

• En un escenario de restricciones presupuestales les corresponde a todas las instituciones ser eficientes con el gasto y a los tres Poderes ser creativos a la hora de buscar salidas a la actual problemática, claramente expuesta en el documento de las Altas Cortes.

La Corporación Excelencia en la Justicia – como entidad independiente y observadora de esta situación – aporta al debate la siguiente visión:

1. La concepción de la justicia como un bien trascendente, desligado de la solución de los problemas concretos de las personas y que, por lo tanto, es una función o servicio que debe brindarse independientemente del costo y de los beneficios que provea, ha conducido a considerar el sistema de justicia como un asunto de principios que impide efectuar cálculos similares a los que se realizan para otras políticas públicas.

Si a ello se suma el hecho de que aún existe un gran desconocimiento sobre qué es realmente la eficiencia judicial y cómo medirla y que los datos para medirla – las estadísticas judiciales – son generalmente tardíos y poco confiables, nos damos cuenta de que nuestras posibilidades de tener una visión precisa del funcionamiento de la justicia siguen siendo bastante limitadas. Resulta difícil hacer cualquier análisis y seguimiento al sector con los problemas que presentan las actuales fuentes.

La discusión sobre el documento Visión Colombia II Centenario: 2019, que abrió al país el Presidente de la República en agosto pasado, debería ser una oportunidad para ello. En relación con la justicia es necesario completarlo y precisarlo, o analizar la conveniencia de elaborar un anexo especial para el sector justicia – justicia formal y comunitaria -. La CEJ estaría en capacidad de apoyar este esfuerzo y posteriormente como entidad de veeduría social, asumir el seguimiento ciudadano al cumplimiento de esas metas.

Vale la pena recordar que el esfuerzo presupuestal que se hizo a principios de la década de los 90 no estuvo atado a metas ni acompañado de una “rendición de cuentas”. Esta podría haber sido una de las razones por las cuales es necesario prender las alarmas presupuestales cada año.

Ello demanda, entre otros esfuerzos, que el sector construya un sistema de control de gestión confiable y se fije metas realistas y alcanzables en el corto y el mediano plazo, contando con indicadores de desempeño precisos. Dentro de esas metas de desempeño resulta prioritario el mejoramiento de los sistemas de información de la Justicia, y no solo su optimización sino la comunicación entre ellos.

2. Las investigaciones sobre administración de justicia en Colombia han privilegiado tradicionalmente la oferta de justicia, el enfoque ha sido institucionalista. Según Diego López y otros autores, “de acuerdo con este enfoque, son dichas instituciones y no las personas que las usan, las que determinan la marcha de la justicia”. Muy poca atención se ha prestado a la demanda y se hace urgente y necesario invertir el análisis en relación con el gasto en justicia, incluyendo variables de mayor contenido social e impacto para la convivencia ciudadana.

3. Es necesario seguir apostándole al Sistema Acusatorio penal, con acción, decisión y con apoyo presupuestal y no desfallecer ante cifras incompletas y preliminares.

La CEJ, en alianza con empresas privadas, universidades, ONG y con el Centro de Justicia de las Américas de la OEA – CEJA -, se encuentra implementando el esquema de observación y análisis que, desde la ciudadanía le hará seguimiento a este nuevo sistema. Con base en cifras sólidas y en un análisis de conjunto, especializado y técnico, a partir del año 2006 estaremos dando de los resultados obtenidos por el nuevo sistema, como un complemento a la evaluación realizada por las instituciones estatales.

4. El tema de congestión judicial debe abordarse con creatividad y con decisión y resolverlo de una vez por todas. En el documento de las Altas Cortes al Gobierno se percibe una luz de esperanza en la solución de este problema estructural de la justicia colombiana: Las Cortes reconocen que, con el aumento de la productividad judicial, todo lo que entra en un año alcanza a ser evacuado en ese mismo período. La congestión se reduciría al llamado “stock histórico”, por lo tanto las soluciones que se den deben ser coyunturales y extraordinarias y con una alta dosis de innovación – algunas ideas al respecto ya empiezan a oírse -, por ejemplo los procesos testigos o masas, que está estudiando el Consejo de Estado, el tratamiento integral que el Gobierno desde el año pasado le viene dando a la Defensa Judicial o mejor a la gestión jurídica. Estamos seguros de que si se continúa con ella, la conflictividad en materia contenciosa irá disminuyendo de manera sustancial.

La CEJ ofrece al Estado Colombiano, apoyarlo en una misión especial para abordar el tema de la congestión.

5. Dentro del Programa de reordenamiento jurídico que viene igualmente adelantando el Gobierno Nacional, como una de sus políticas transversales, sería además deseable complementar la metodología de costo – beneficio, las de impacto socio – jurídico y la de impacto judicial, En efecto es importante establecer o poder prever en lo posible, desde la creación de la norma las consecuencias que ella tendría en el sistema judicial y poder así agregar elementos técnicos, además de aquellos que implica la demanda de satisfacción de necesidades jurídicas ciudadanas.