SIN QUE de momento haya pleno consenso sobre su contenido al interior de la coalición de Gobierno y sin enviarle un nuevo borrador del proyecto a las Altas Cortes, el Ejecutivo radicará el próximo martes en plenaria de Senado el proyecto de reforma a la justicia.
Así quedó evidenciado ayer al término de una reunión que con miembros su bancada sostuvo el Presidente de la República en la Casa de Nariño. En el encuentro, al que asistieron los congresistas de partidos uribistas que pertenecen a las comisiones primeras de Senado y Cámara, se habló además sobre la reforma política que sería radicada mañana ante la Cámara de Representantes.
La cooptación, la extensión de los periodos de los magistrados, la manera en que se implementará la doble instancia para el juzgamiento de congresistas y las medidas para lograr una descongestión efectiva de los procesos judiciales son algunos de los puntos sobre los que persisten los desacuerdos.
Hay texto, no acuerdo
Durante el encuentro, el Presidente y su Ministro del Interior y Justicia y Viceministro de Justicia, les explicaron a los congresistas en qué consiste cada una de las propuestas contenidas en el articulado.
Sin embargo, y pese a las intensas discusiones, las diferencias en torno a aspectos clave, quedaron evidenciadas. “No va a poder acuerdo, hay un texto; en eso quedó comprometido el Gobierno para entregarlo lo más pronto posible”, manifestó al término de la reunión Germán Varón Cotrino, presidente de la Cámara de Representantes.
“Vamos a trabajar este fin de semana en lo posible para consensuar unos temas que todavía no están lo suficientemente claros, el que tiene que ver con el conocimiento de la doble instancia, cuál sería la autoridad competente. En eso hay diferencias”, explicó a su turno el senador conservador Eduardo Enríquez Maya.
Agregó el parlamentario que las evidenciadas son diferencias relacionadas con “la competencia de la autoridad judicial. Se insinúa que la primera instancia debe estar en la Sala de Casación Penal y la segunda instancia de la misma Corporación”.
Señaló que hay especial preocupación en el seno del Gobierno y del Congreso respecto a la congestión judicial y la estructura procesal dentro de la justicia colombiana.
Lograr “consenso, no es fácil; unanimidad, es imposible. Hay acercamientos que son importantes y creo que el escenario de la discusión es el Congreso de la República, Congreso que hará uso de la soberanía legislativa”, puntualizó el legislador.
“El tiempo apremia”
Por su parte, William Vélez, ex presidente de la Cámara subrayó que “el tiempo apremia; no debemos olvidar que ya la semana entrante estaremos a tres meses largos de que termine este periodo y lo importante es que se empiece a debatir en el Congreso para que en la medida en que ellos avancen se vayan llegando a puntos de acercamiento”.
Indagado sobre los impedimentos que podrían sobrevenir para algunos parlamentarios al momento de votar el proyecto, Vélez explicó que se solicitará un concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado. La legislatura pasada, este tribunal había señalado que para reformas constitucionales no hay impedimentos y que la decisión sobre los mismos quedaría en manos de la respectiva comisión o plenaria.
Gilberto Orozco, viceministro del Interior, señaló por otro lado que se trabaja en la redacción del proyecto y aunque indicó que hay puntos sobre los que se espera lograr acuerdos finales, aseguró que sí hay consenso frente a la redacción final de la reforma.
Respecto a la reforma política parece no haber mayores disensos, dado que para la redacción del proyecto, el Gobierno tomó como base el informe que sobre el tema entregó la comisión de académicos uribistas tres semanas atrás.
El Nuevo Siglo / 21 de agosto de 2008
