La sugerencia del procurador Edgardo Maya responde a evidencias que entregó la Fiscalía sobre actos de corrupción en el proceso.
En un comunicado, Maya dijo que el ente acusador expresó que se encontró con “nitidez la estrategia ilícita desarrollada por algunos integrantes de las sociedades o empresas participantes en el aludido proceso contractual”.
La licitación cuestionada por el Jefe del Ministerio Público, adjudicada hace dos semanas, tenía por objeto contratar los diseños, el suministro, la instalación, la implementación, las pruebas, la puesta en servicio y el mantenimiento por dos años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez cárceles en todo el país.
El contrato fue adjudicado a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria (UTSC) por un valor de 53’537.174.702 pesos mediante la Resolución 3485 del pasado 27 de noviembre.
Tras la adjudicación, el Ministerio del Interior envió copias a la Fiscalía para que investigara posibles irregularidades en el proceso de licitación, que había sido suspendido en tres ocasiones: la primera para que la Procuraduría hiciera una revisión del proceso, en la que no halló irregularidades; la segunda, por recomendación del zar anticorrupción, que pidió al Ministerio tomarse un tiempo y a la Procuraduría volver a revisar, y la tercera, cuando la Procuraduría acogió la recomendación del zar.
En esta última, como no se encontró fraude procesal se continuó con la licitación y se procedió a la adjudicación.
El consorcio al que se le adjudicó el contrato estaba integrado por las empresas Unión Eléctrica S.A. EGC Colombia Ltda., Ingeniería y Telemática G y C Ltda., Andcom Ltda., Interamericana de Sistema y Seguridad S.A., Interseg S.A. y Meltec Comunicaciones S.A.
En el oficio enviado al Ministerio del Interior, el Procurador aseguró que “para este ente de control queda claro que la Unión Temporal Seguridad Carcelaria se valió de medios ilegales para obtener la adjudicación del referido contrato al ofrecer, a través del señor Mauricio Parada la suma de mil millones de pesos a la señora Diana Nasiff de Rima para que entorpeciera el proceso de selección a través de la descalificación de los demás participantes involucrados, inclusive el que ella misma representaba, misión que esta señora cumplió al pie de la letra, con lo cual se afectan los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política”.
El Procurador justificó su actuación en las facultades que le confiere la constitución de solicitar la suspensión de las acutaciones administrativas y las disposiciones que se deriven como defensa del orden y el patrimonio público.
El Tiempo / 11 de diciembre de 2008
