El grupo de diputados y senadores, representantes de partidos de izquierda y nacionalistas, comparecieron este jueves ante la prensa como colofón al viaje que durante una semana, a fines del mes pasado, realizaron a Bogotá, Cali y Medellín organizados como una plataforma civil y no como una delegación oficial del Parlamento.
En Colombia, los políticos españoles se reunieron con el embajador español en Bogotá, con miembros de la Corte Suprema de ese país, con representantes del Gobierno de Uribe -aunque no con el propio presidente- y con miembros de diversas organizaciones sindicales y defensoras de los derechos humanos.
El grupo de parlamentarios redactó un documento preliminar con conclusiones y propuestas, al que dará los últimos retoques dentro de dos meses con el fin de registrarlo en el Congreso de los Diputados (Cámara Baja del Parlamento español) e introducirlo en la agenda de la Presidencia de turno española de la UE.
En el borrador, los parlamentarios indicaron que en Colombia “existe un conflicto social, político y armado interno”, que “provoca una vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de todos los agentes armados”.
Añadieron que “la población civil es la principal víctima al ser involucrada de manera forzada” en dicho conflicto.
También subrayaron la “ineficacia” de la Justicia colombiana en su lucha contra el conflicto y en la “reparación efectiva de las víctimas”.
“No se respeta la independencia del poder judicial”, sentenciaron en el documento.
El senador de Iniciativa por Cataluña-Los Verdes (ICV) Joan Joseph Nuet, participante en este viaje, adelantó que pedirá en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado español que se discuta la situación de los derechos humanos en Colombia.
El diputado de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) Francesc Canet subrayó a su vez que su partido buscará un mayor control de los mecanismos de cooperación establecidos entre España y Colombia, de forma que este engranaje “no sirva de coartada” al Ejecutivo colombiano y quede garantizado que la ayuda en verdad llega a sus destinatarios.
En el informe, los diputados y senadores también manifestaron su impresión de que en Colombia hay extendida “una sensación de impunidad”, que la actividad sindical es “peligrosa”, y que mujeres y niños son utilizados por las partes en conflicto.
Por ello, pidieron el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, una salida negociada al conflicto y respeto a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos.
