Entre ellas las de la parapolítica, la ‘Yidispolítica’ y las que tienen que ver con las ‘chuzadas’ a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, asuntos que, seguramente, Iguarán no alcanzará a evacuar.
El momento para la conformación de la terna no podría ser más inoportuno. Para empezar, porque el presidente Álvaro Uribe todavía no decide si va a presentarse o no para un tercer periodo, aunque es bastante probable que su nombre haga parte de la baraja de candidatos.
Con Uribe en un tercer periodo, el cuatrienio del próximo fiscal general coincidiría con la totalidad de ese mandato e incluso lo superaría. Los periodos de los fiscales irán de 2009 a 2013 y de 2013 a 2017, de modo que un tercer periodo de Uribe lo habilita para influir en la escogencia de fiscal hasta 2017.
Algunos ven en tal posibilidad una seria amenaza contra la institucionalidad. El diseño original de la Constitución de 1991 estaba hecho para que el periodo del fiscal general coincidiera con el del presidente.
No obstante, la anticipación del periodo de Gustavo de Greiff, porque la Corte Suprema decidió que la edad de retiro forzoso le era aplicable, así como la posterior renuncia de Alfonso Valdivieso para aspirar a la Presidencia de la República, llevaron a que se rompiera esa armonía. Y ahora, ante la eventualidad de un mandato de 12 años de Uribe, volverían a coincidir plenamente.
En otro sentido, hay que tener en cuenta que en la actualidad los magistrados de la Corte Suprema de Justicia -encargados de elegir al nuevo Fiscal- se encuentran molestos por los seguimientos que algunos miembros del DAS les hacían a varios de sus colegas.
Ha habido ataques verbales del presidente Uribe, de su ex consejero José Obdulio Gaviria y del ministro de la Protección Social, Diego Palacio. Es evidente que hoy esa corporación es muy refractaria a una terna conformada por personajes estimados como alter egos del Presidente que puedan llegar a ser considerados “fiscales de bolsillo”.
De hecho, en la Corte Suprema consideran que al fiscal Iguarán le ha costado desprenderse de su pasado como subalterno del Presidente en su calidad de viceministro de Justicia, de Sabas Pretelt.
Pese a que Iguarán se ha puesto al frente de delicadas investigaciones, entre ellas las que tienen que ver con los “falsos positivos”, hay magistrados que consideran que ha sido obsecuente con el Gobierno y varios estiman que el alto tribunal no puede volver a elegir a un fiscal muy cercano al Palacio Presidencial. “No creo que al perro lo capen dos veces”, le dijo a CAMBIO un magistrado de la Sala Penal.
Los retos del nuevo fiscal
En su corta historia, la Fiscalía General se ha convertido en una posición clave en la vida nacional. A Gustavo De Greiff le tocó poner a caminar a uno de los organismos con mayor poder burocrático y mayor presupuesto del país.
Le tocó enfrentar el último coletazo del Cartel de Medellín como consecuencia de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral, cuyos lujos fueron denunciados por la Fiscalía, entidad que, sin embargo, debió hacerle frente al escándalo que se desató.
A Alfonso Valdivieso, sucesor de De Greiff, le correspondió adelantar las investigaciones del llamado Proceso 8.000, que evidenció el ingreso de dineros provenientes del Cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper. De igual manera quedaron al descubierto los vínculos de varios miembros de la clase política nacional con esa organización narcotraficante.
Luego le tocó el turno a Alfonso Gómez Méndez, quien puso en marcha la reforma de los códigos Penal y de Procedimiento Penal y le dio a la Fiscalía gran protagonismo en materia de derechos humanos, tanto así que creó una unidad especializada en la investigación de ese tipo de conductas.
Luis Camilo Osorio, por su parte, desarrolló una controvertida gestión por su presunta laxitud en la lucha contra los grupos paramilitares, pero hay que reconocerle que sacó adelante la implantación del sistema acusatorio de investigación y juzgamiento.
¿Cuál será la misión del nuevo fiscal general? El sucesor de Iguarán debe tener un delicado equilibrio entre el uribismo, que se requiere para que el Presidente lo incluya en la terna, y la independencia conceptual y jurídica que la Corte y el país esperan de quien puede decidir sobre la libertad de los colombianos.
Tareas como la de la investigación de la persecución del DAS a la Corte, o los llamados “falsos positivos”, o la “parapolítica”, o la “farcpolítica”, requieren de una persona que no le tiemble el pulso para sancionar cuando haya lugar, pero que tampoco termine forzando situaciones, de hecho o de derecho, para emitir decisiones que dejen satisfecha a la galería.
El otro reto que deberá enfrentar el próximo fiscal es el de la corrupción interna. No son pocas las quejas de los abogados litigantes y de las partes procesales sobre el crecimiento de ese virus en la Institución. El propio Fiscal General estuvo involucrado hace algún tiempo en un extraño escándalo que tuvo como protagonista a un exótico mentalista y a otros personajes cercanos a su despacho, interesados en consolidar su poder dentro de la entidad.
La carrera de los fiscales es otra tarea que deberá acometer el nuevo fiscal. Es urgente, dicen los entendidos, dotar de estabilidad y autonomía a los fiscales, para que no actúen bajo la presión del “síndrome del positivo”, que los lleva muchas veces a sacrificar una buena investigación por un buen titular de prensa.
La escasa calidad jurídica de los fiscales, visible en el número de acusaciones que se caen en los juzgados y en la propia Corte Suprema, demuestra la urgencia de la capacitación de quienes integran el máximo organismo de investigación del país.
Sea quien sea el nuevo fiscal -Camilo Ospina, Eduardo Montealegre, o Leonor Perdomo, que son los que más suenan-, deberá afrontar con delicado equilibrio el reto de perseguir el delito con respeto pleno de las garantías constitucionales y de la presunción de inocencia.
Su escogencia, en todo caso, será seguida con atención por quienes consideran que si algo debe tener el nuevo fiscal es independencia frente al Ejecutivo.
Cambio / 14 de mayo de 2009
