Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura no fueron invitados a la cumbre de poderes donde se ventiló el nuevo escándalo.
SEMANA revela las piezas del nuevo escándalo que estremece a ese alto tribunal. Gracias a lo destapado, se llegó a un acuerdo histórico para eliminarlo y resucitar la reforma a la Justicia.
Hasta el jueves de la semana pasada todo parecía estar onsumado para la reforma a la Justicia. El gobierno, si no cambiaban las cosas, estaba dispuesto a enterrarla. Tanto es así que lanzó un ultimátum al Congreso: o en la reforma se elimina el Consejo Superior de la Judicatura o el gobierno retira su apoyo a ella.
El Consejo de la Judicatura, y sobre todo su sala disciplinaria, para ese momento lucía intocable. A pesar de que en el proyecto de reforma inicial quedó claro que se iba a eliminar, con el paso de los debates en el Congreso el lobby de algunos magistrados de esta sala fue tan arrollador que no solo lograron rescatar a la sala disciplinaria en el texto del acto legislativo, sino que le dieron más poder.
Sin embargo, el jueves todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. El presidente Juan Manuel Santos citó a una cumbre de poderes para analizar la suerte del proyecto de reforma constitucional y allí el fiscal general, Eduardo Montealegre, reveló que investiga unas explosivas actas del Consejo de la Judicatura. “Lo que se anunció es gravísimo, no se trata de unas actas con problemas. Serían las actas de defunción del Consejo Superior de la Judicatura”, concluyó un congresista a la salida de la cumbre.
Montealegre no dio mayores detalles: “En unas actas se afirma que fueron nombrados unos magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura cuando en verdad, y eso es lo que estamos investigando, esos nombramientos no fueron acordados en sala”. Sin embargo, fue suficiente para que todos entendieran la dimensión del asunto: actas falseadas por magistrados de un máximo tribunal constituirían un delito “sumamente grave y preocupante”, como dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Esa denuncia tuvo un doble efecto. En primer lugar, dio vía libre a suprimir el Consejo de la Judicatura, pues hizo cambiar de parecer a los presidentes del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y de la Corte Suprema, Javier Zapata, quienes el mismo jueves firmaron un acuerdo para que sea eliminado ese alto tribunal creado en la Constitución de 1991. El giro fue significativo si se tiene en cuenta que un día antes de la cumbre tanto Gómez como Zapata se pronunciaron a favor del Consejo de la Judicatura. En segundo lugar, el impacto alcanzó también para darle un nuevo impulso a la reforma a la Justicia, que estaba a punto de naufragar en medio de permanentes cambios en su contenido.
SEMANA tuvo acceso a las actas que son el epicentro del debate. Todo arrancó con la preocupación de un sector minoritario de magistrados de la Sala Disciplinaria que notó cómo en las reuniones discutían las renuncias de magistrados seccionales, pero no se decía nada de quiénes serían sus reemplazos. La magistrada María Mercedes López decidió recabar la documentación pertinente. Lo que encontró le pareció tan delicado que decidió trasladarlo formalmente a la Fiscalía.
Uno de los casos documentados es el de Teresa Isabel Tobar Gutiérrez, nombrada provisionalmente magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander a partir del 20 de agosto de 2008. El nombramiento está firmado por el presidente de la Judicatura, Angelino Lizcano, y en este se lee que la decisión fue tomada por todos los magistrados en la sala del 13 de agosto de ese año. Pero a la hora de revisar el acta (n.° 81) de esa sesión se registra que en ella en efecto se acepta la renuncia del magistrado Iván Casanova en Norte de Santander, pero por ningún lado aparece la más mínima referencia a Tobar como su reemplazo. Tobar, valga anotar, resultó cubriendo esa vacante con un salario de 18 millones de pesos.
El caso se empeora porque a esa acta, del año 2008, de repente hace 15 días le anexaron una certificación de la secretaria Yira Lucía Olarte, que hace un mea culpa y dice que “por omisión involuntaria” dejó de anotar en el acta 081 a la doctora Teresa Isabel Tobar como el nombre discutido y elegido para la magistratura de Norte de Santander.
De la omisión y de la sorpresiva enmendadura -cuatro años después- se desprenden muchas sospechas. Lo primero es que resulta increíble que se trate de un error involuntario, pues el acta contiene todos los asuntos discutidos en aquella sala, salvo el nombramiento de la magistrada seccional. Pero lo más complicado es que, según la denuncia, habría “omisiones” en otros cinco casos.
Se trata de los nombramientos de los magistrados seccionales Mauricio José Meyer Castañeda, en Santa Marta el 14 de enero de 2009; Marlene Espinosa Cardozo, en Tolima el 27 de octubre de 2010; Claudia García Leyva, en Caquetá el 24 de enero de 2012; Elaim Alexánder Costa Infante, en Magdalena el 10 de mayo de 2010, y Amparo Malagón Betancurt, el 28 de enero de 2009 en Norte de Santander. Este último nombramiento llama la atención pues si se establece que fue para reemplazar a Teresa Isabel Tobar Gutiérrez (curiosamente la misma del primer caso enunciado), habría que indagar por qué ese nombramiento fue de apenas cinco meses. ¿Para mejorar la pensión?
Este nuevo episodio del Consejo de la Judicatura, que puede no ser el más grave de los protagonizados por este alto tribunal, cayó como la gota que rebosó la copa de una opinión cansada de sus escándalos. SEMANA reveló hace un año cómo, en dos años y medio, magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les dieron ‘palomitas’ como magistrados auxiliares a cerca de 90 personas, y gracias a eso por lo menos la mitad de ellos se podrán jubilar con pensiones multimillonarias que le pueden costar al Estado, en total, 140.000 millones de pesos. La contralora Sandra Morelli puso después bajo la lupa a 20 magistrados de la Judicatura y ya abrió formalmente proceso de responsabilidad fiscal contra varios de ellos.
Cuando la Contraloría empezó sus pesquisas, los magistrados alegaron que esa entidad no era competente porque gozaban de fuero constitucional. Y se movió cielo y tierra para atajar a Morelli. Como por arte de magia, la inoperante Comisión de Acusación del Congreso cobró vida y le exigió a la contralora que le entregara la investigación. Morelli argumentó que sí era competente y pidió un concepto al Consejo de Estado. La Judicatura se sacó de las entrañas un concepto que le daba la razón. Sin embargo, al final el Consejo de Estado le dio la razón a la contralora.
A pesar de la resistencia y el poderoso lobby de la Judicatura, el efecto político del nuevo escándalo terminó siendo su lápida. Las revelaciones apuntan a que el carrusel de las pensiones se dio también a nivel de magistraturas seccionales, para lo cual se habrían falseado actas en Bogotá. De comprobarse, se configurarían los delitos de falsedad ideológica en documento público y detrimento patrimonial.
El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, Angelino Lizcano, sorprendió con un comunicado en el que admite que desde el pasado 25 de abril conocieron de inconsistencias y acusa a la secretaria como “total responsable” de las mismas.
La Fiscalía remitió el caso a la Comisión de Acusación para que ese órgano, que es el competente hoy, evalúe la responsabilidad de los togados. Paradójicamente, esa Comisión también va a ser eliminada, según el acuerdo que firmaron en la cumbre de poderes el gobierno, los presidentes de las cortes y congresistas. ¿A dónde irán a parar entonces las ya célebres “actas de defunción”?
Por ahora, la reforma a la Justicia va para su sexto debate. Le quedan tres. Todavía no se puede cantar victoria -al fin y al cabo ya van diez años en este intento-, pero lo cierto es que gracias a este episodio el ministro Juan Carlos Esguerra ya ve más clara que nunca la meta. Ver más
