El ministro Germán Vargas Lleras asegura que a Colombia le urgen medidas de descongestión judicial y un nuevo Código Electoral.
De cada experiencia surgen requerimientos nuevos y guardamos la esperanza de que el Congreso le dé trámite al nuevo Código Electoral”. Germán Vargas, ministro del Interior
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, no ha tenido tregua. En los días que lleva el 2012, el titular de la cartera política ha tenido que enfrentar los escándalos por las posesiones de dos alcaldes presos, así como las amenazas de miembros de bandas criminales en algunas regiones del país.
Aunque el tema Bacrim no es de su resorte directo, Vargas Lleras reconoce que lo registrado la semana anterior y las amenazas de hoy por parte de los ‘Urabeños’ no es más que un “coletazo” a los golpes que el Gobierno le ha propinado a estos grupos ilegales.
En diálogo con El País, el ministro Vargas habló de la reforma a la Justicia y las falencias que existen en el sistema electoral, y que se quieren solucionar a través de la modificación al Código Electoral, que hasta el momento no ha tenido el primer debate en el Congreso.
¿Los últimos hechos relacionados con las amenazas de ‘Los Urabeños’ reforzarían las tesis de los opositores que advierten que el Gobierno descuidó la seguridad democrática?
No. El Presidente, desde que tomó posesión de su cargo, ha presidido consejos de seguridad orientados a desplegar una estrategia en contra de este tipo de organizaciones que denominamos Bacrim. En desarrollo de esta estrategia se han tenido resultados. Lo que ocurrió no es más que el reflejo de la contundencia de las acciones del Estado y de la Fuerza Pública frente a esas organizaciones. Cada día se fortalecerán las acciones hasta lograr la desarticulación de las mismas, no sólo persiguiendo, judicializando o colocando grandes sumas de dinero como recompensas, sino minándoles las fuentes de financiamiento.
Pero, ¿sí hay contundencia, qué es lo que está pasando?
Los resultados son apreciables. Lo que hay es un coletazo muy claro por la ofensiva que permitió dar de baja a alias Giovanni. Me temo, además, que no les falta razón a quienes creen que estas expresiones de dichas organizaciones coinciden en un momento crucial donde se iniciará la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Si hay organizaciones que se van a ver afectadas por este proceso de restitución de tierras son precisamente éstas. No es gratis la coincidencia entre el inicio de la aplicación de esta Ley con lo que hemos evidenciado esta semana.
Sobra decir que para nada se va a amedrentar a quienes tienen que darle cumplimiento a esa Ley; desde el Gobierno estamos previendo toda una estrategia para la seguridad de los líderes y de quienes se han inscrito al registro para la restitución. A partir del 15 de enero el Consejo Superior de la Judicatura se ha comprometido a designar los jueces titulares para estos procesos.
¿En qué quedó la labor de concertación de la reforma a la Justicia con las Altas Cortes?
A lo largo de un año y medio hemos venido interactuando con las Cortes, en algunos momentos de manera constructiva, otros no tanto. Pero como bien lo advirtió el Presidente, el Congreso es el que tiene la última palabra. El Gobierno ha defendido sus puntos de vista y los defenderá en el trámite de la segunda vuelta de esta reforma. Qué bueno que las Cortes regresen al Congreso, es un derecho constitucional que les asiste para expresar sus opiniones al respecto, pero nosotros continuaremos insistiendo en la conveniencia de la misma.
Lo que se conoce como la reforma a la Justicia no es sólo el acto legislativo sino que hay normas que también apuntan en el camino correcto a buscar la descongestión, la celeridad en los procesos y el mayor acceso a la Justicia. Resalto el Estatuto Arbitral, un instrumento para la resolución de conflictos y que en Colombia poco se usa: tan sólo 600 arbitramentos hubo el año pasado. El Código General del Proceso pretende que procesos civiles sean ágiles con procesos orales con inmediatez de la prueba. Todo esto, al igual que otros proyectos, hacen parte de un todo con la reforma constitucional.
¿Qué es lo que ustedes van a defender?
Esta reforma va a contribuir mucho a la descongestión. Hoy existen más de 1,3 millones de procesos represados; se evacúan los mismos procesos que a ella entran, pero necesitamos superar este fardo que es lo que tiene colapsado el sistema judicial y hemos creído que debemos acudir a instrumentos de choque no ortodoxos, así sea de manera temporal, como la asignación de funciones jurisdiccionales a abogados en ejercicio, a jueces; fortalecer la capacidad de los centros de conciliación, de arbitraje y de otros operadores que podrían contribuir a este fin.
Queremos en la reforma actuar propiamente en el tema de la administración de Justicia no para vulnerar su independencia ni su autonomía, sino para hacerla más eficiente.
Los lectores podrán apreciar cómo, en las últimas semanas, el Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa ha venido siendo muy cuestionado, lo hizo la Contraloría a través de un informe contundente y el Gobierno comparte ese criterio.
La Justicia no ha estado bien administrada y avanzar en estos propósitos no sólo impone tomar medidas en descongestión y acceso, sino de optimizar la administración de la justicia.
¿Será que hay una actitud caprichosa de las Cortes porque no les aprueban lo que quieren?
En el debate en el Congreso todos participamos para enriquecer el proyecto. Las Cortes han insistido mucho en los temas de financiamiento y el Gobierno involucró en el proyecto unas normas que representan un esfuerzo adicional que mucho va a beneficiar el funcionamiento de la misma. Cursa en el Congreso un proyecto de arancel judicial que puede significar alrededor de 300.000 millones de pesos, adicionales al billón de pesos que el Gobierno se comprometió a incorporar, más el incremento anual del 2012, por encima de la inflación decretada.
Han venido insistiendo en el tema de que se les preserve la autonomía y el Gobierno cree que el nuevo modelo de administración que fue aprobado, en nada vulnera la autonomía por el hecho de que el Ministro de Justicia tenga voz mas no voto en el nuevo órgano.
¿Cuáles son los puntos de desacuerdo?
Son varios. Las Cortes no creen que haya que acudir a mecanismos de choque para la descongestión y creen que con medidas tradicionales, como fueron los jueces de descongestión, ellos están en capacidad de poner al día la justicia. No creemos que medidas que ya se han ensayado, sean suficientes para poner al día la Justicia.
Hay otros puntos que resultan polémicos. Por ejemplo, en el tema de juzgamiento de aforados, la Cámara tomó la decisión de suprimir la Comisión de Acusaciones, cosa que el Gobierno comparte, en la medida en que esa Comisión tiene más de 1.200 procesos represados sin que nunca hayan logrado instruir uno, y en este país no pueden ni deben haber servidores públicos que no tengan un juez que los juzgue.
El Gobierno ha señalado que va a promover unos ajustes al texto inicialmente aprobado y esperamos llevar en marzo el alcance de esos ajustes que tienen que hacer parte de una política integral, en donde no sólo se legisla sobre la norma constitucional, sino sobre todas las disposiciones relacionadas con el Código Penal Militar, con la Jurisdicción Penal Militar y con la forma en que cumplen sus funciones.
¿La realidad demostró que el país sigue con normas electorales obsoletas?
Hace cuatro meses llevamos al Congreso un proyecto que fue preparado en conjunto con el Consejo de Estado, con el Consejo Nacional Electoral y el propio Registrador, un trabajo que por muchos meses estuvimos elaborando. El país está en mora de reformar su Código (Electoral): 15 intentos se han promovido en el Congreso, todos fracasados. El proyecto que presentamos tuvo ponencia favorable, pero lamentablemente no tuvo primer debate y esperamos que en marzo lo tenga y que esta ley estatutaria pueda tener su trámite antes de junio.
El nuevo Código trabaja en las situaciones en las que hay vacíos, clarifica circunstancias en materia de impedimentos, circunstancias que pueden afectar a los candidatos, pero también moderniza la organización electoral y consagra principios que hoy el país reclama para que haya mayor claridad y transparencia a los debates.
¿Y el caso de los alcaldes presos y posesionados?
Déjeme hacerle tres precisiones: la primera, no hubo tal posesión. Hemos logrado constatar que a La Picota no ingresó ningún notario del país a darles posesión a estos dos alcaldes elegidos, lo hicieron ante dos testigos, pero ese acto no tiene validez; desde el día 2 de enero entramos en contacto con el Gobernador de Córdoba y se designaron ya al Secretario de Juventudes y al asesor del despacho del Gobernador para que entraran en funciones desde ese mismo día. Es importante que se aclare que el hecho de que estas personas se hayan juramentado no tiene validez.
¿Queda en evidencia que hay vacíos jurídicos en este tipo de situaciones?
Para eso estamos en el nuevo Código elevando a norma legal la ventanilla de consulta que tan buenos resultados nos dio.
Cuando en el debate electoral anterior logramos detectar que más de diez mil candidatos estaban impedidos o inhabilitados para participar en el proceso, si bien fue un proceso que fomentamos en el Ministerio del Interior, al final eran los partidos los que determinaban si se daban o no los avales.
El nuevo Código Electoral, por ser norma legal, debe ser de forzoso acatamiento por parte de los partidos.
¿Se tapa, entonces, el hueco con la ventanilla única?
Se tapa, porque cuando los partidos hagan las consultas en la ventanilla quedan comprometidos a respetar el resultado de las consultas, ya no será discrecional en avalar o no esos candidatos sino que en aquellos casos donde cursan investigaciones por determinados delitos, las personas no podrán ser inscritas para participar.
¿Sólo por el hecho de estar investigados de manera penal, disciplinaria o fiscal quedan inhabilitados?
No, en la norma lo que hacemos es tener en cuenta determinados delitos que pueden afectar el proceso, porque constitucionalmente el principio de presunción de inocencia no lo podemos desconocer.
Pero el vacío continúa…
Éste no existe, porque todo el mundo goza de la presunción de inocencia hasta que sea condenado, pero resulta bastante cuestionable que personas que están detenidas y que desde prisión se inscriban, participen y -lo más cuestionable- es que resulten elegidas.
