El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se refirió a los temas claves a los que hará frente su despacho.
Perfil
Juan Carlos Esguerra Portocarrero, ministro de Justicia de Colombia.
Profesión: Abogado de la Universidad Javeriana, especialista en ciencias socioeconómicas de la misma alma máter y magíster en derecho de la Universidad de Cornell (Estados Unidos).
Trayectoria: fue secretario general y viceministro de Comunicaciones entre 1974 y 1976, delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ministro de Defensa de 1995 a 1997, embajador de Colombia ante Estados Unidos entre 1997 y 1998 y fue ternado por el Gobierno para Fiscal General.
¿Por qué si hubo tanto debate sobre reforma a la justicia, Gobierno y cortes presentaron una diferente?
La aspiración del Gobierno era que hubiera una sola propuesta que recogiera las posiciones y voluntades de todos los que tuvieran algo qué decir sobre el tema. Sé que se trabajó intensamente durante un año y no se logró unificarlas, lo cual no es necesariamente malo. Sólo demuestra que hay distintas aproximaciones sobre la reforma a la justicia.
¿Son muy diferentes los dos?
Si se mira el proyecto del Gobierno y el del Consejo de Estado vemos que hay más puntos de contacto que discordancias. Pero éstas son puntuales.
¿Cuál es la principal discordancia?
Hay diferencias gruesas en el tema de la tutela; en si la Corte Constitucional debe revisar todas las tutelas contra providencias judiciales, así las decisiones las hayan tomado las altas Cortes. También sobre la eliminación del Consejo de la Judicatura y la ampliación de la oferta de justicia con el uso de notarios o algunos abogados.
De nuevo se ha escuchado el término ‘choque de trenes’…
No veo ningún choque porque eso presupone una pelea y acá no la hay. Presupone la idea de un desentendimiento frontal y acá no lo hay. Este debate se ha dado en los mejores términos, con altura y respeto. De manera que no lo llamaría ‘choque de trenes’.
Por muchos años se ha hablado del presupuesto insuficiente para la justicia, ¿cómo se va a abordar el tema?
Esa es la realidad de los países pobres. Es la historia de que los recursos siempre son insuficientes. Yo vengo oyendo hablar de insuficiencia de recursos desde que tengo uso de razón. Que no eran suficientes los jueces, la financiación y que no había ni para gastos de funcionamiento.
¿Se ha mejorado algo en ese tema?
El Estado ha venido haciendo, también desde que tengo uso de razón, enormes esfuerzos para atender las necesidades de la justicia y puedo dar fe de que el panorama es diferente. La condición de hoy es mejor a la que conocí hace varios años. Pero no es la ideal ni debemos darnos por satisfechos.
¿Con más jueces y fiscales habrá una mejor justicia en Colombia?
Sí hacen una mejor justicia en Colombia y en cualquier parte del mundo. Pero eso solo no es suficiente para resolver los problemas de la justicia. Se resuelven también con mejores jueces, fiscales y abogados. Eso debe empezar desde las facultades de Derecho.
¿Es un mensaje a los académicos?
Por supuesto, pero también para que a la hora de formar abogados hagamos énfasis en la formación ética y humanística. Lo que le enseñan a uno, que además se lo deben enseñar en todos los aspectos prácticos: ser un sacerdote de la justicia.
¿Cómo va el proceso de liquidación de la Dirección de Estupefacientes?
Se tomó la determinación de dividir en dos tipos las tareas: uno, las tareas de tipo político y de administración de la expedición de licencias, permisos y certificaciones, que las hará el Ministerio de Justicia. El manejo de los bienes lo hará la Dirección en liquidación y luego pasarán al Ministerio de Hacienda.
¿Ya hay inventario de esos bienes?
Hay un inventario preliminar que tiene la DNE y yo he estado mirando por encima, pero no tengo el detalle.
¿Qué sabe de las investigaciones judiciales que se adelantan a la DNE?
No conozco los detalles, pero sé que hay investigaciones sobre una serie de hechos, algunos muy complicados, no pocos de los cuales han implicado la comisión de delitos y el Gobierno va hasta las últimas consecuencias.
¿Cómo avanza el tema del Inpec?
Hemos encontrado no pocos problemas dentro del Instituto, no pocas irregularidades, no pocas fallas, de las cuales algunas son estructurales.
¿Qué se piensa hacer para arreglar esos problemas?
Estamos viendo lo que resulte más conveniente para resolver de raíz el problema con un Instituto que no viene funcionando como el país merece. La situación disciplinaria también obliga revisar con cuidado porque ha habido graves irregularidades que han tenido lugar en no pocos establecimientos carcelarios.
Buena parte de ellos imputables a quienes tenían a su cargo la administración y vigilancia.
Hay problemas de hacinamiento. ¿Tiene recursos para más cárceles?
Sí hay presupuesto. Estamos en trance de construir algunas. El presupuesto siempre es insuficiente frente a las necesidades que plantea la situación penal del país. Además estamos trabajando en un convenio con la CAF (Corporación Andina de Fomento) que permita dar en concesión algunas cárceles para ver cómo podemos complementar el esfuerzo que el Estado hace para construir nuevas cárceles.
¿Cómo piensa trabajar la Ley de Víctimas para que cumpla su objetivo?
Esa es otra preocupación del país y el Gobierno. La Ley de Justicia y Paz no ha funcionado como soñamos y hay que ver cómo la ponemos a andar. Tenemos que ponernos de acuerdo todos, más ahora con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Son ambas aproximaciones a la búsqueda de una verdadera justicia, la justicia que los colombianos nos debemos entre sí.
A su juicio, ¿en dónde falló la Ley de Justicia y Paz?
Han sido varias en distintos momentos e imputables a distintas circunstancias. No creo que sea posible ni sensato buscar un ‘chivo expiatorio’ de los problemas que han tenido lugar con ocasión de la Ley de Justicia y Paz. Sólo que lo que se soñó en la teoría no ha venido funcionando en la práctica.
